Colombia

“Falsos positivos” de Álvaro Uribe en Colombia: un genocidio peor que el pinochetista

El número de "falsos positivos" -término dado para los civiles asesinados por el Ejército para hacerlos pasar por guerilleros- durante el gobierno de Álvaro Uribe en Colombia (2002-2010) supera por dos a las víctimas de Pinochet en Chile, según un reporte oficial.
domingo, 14 de marzo de 2021

La existencia de “falsos positivos” –el asesinato de civiles por parte de las fuerzas armadas y grupos paramilitares para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate– era conocida, lo que no se sabía era la magnitud de los mismos: más de 6 mil personas –el doble de los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile– sólo en los seis años del periodo presidencial de Álvaro Uribe. Para defensores de derechos humanos ese fenómeno “es lo más grave que ha ocurrido en este siglo” en cuanto a crímenes de guerra en Latinoamérica.

BOGOTÁ, Col. (Proceso).- Nadie en Colombia imaginaba que las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) habían alcanzado las dimensiones que acaba de revelar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional, en un reporte que remece al país y que dio la vuelta al mundo.

Ya se sabía que durante el gobierno de Uribe miles de civiles inocentes fueron ejecutados por el Ejército para ser presentados como bajas guerrilleras en combate, a cambio de incentivos económicos, descansos y promociones. 

Lo que los colombianos ignoraban era que ese caso, conocido como “falsos positivos”, implicó el asesinato de al menos 6 mil 402 personas sólo durante el periodo 2002-2008.

En esos años, mientras el entonces presidente exhibía resultados contundentes en su lucha contra las guerrillas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional, batallones de las Fuerzas Militares se encargaban de buscar jóvenes, engañarlos con falsas ofertas de empleo y matarlos simulando combates.

Durante ese periodo, cada mes fueron asesinados así 70 jóvenes en promedio –desempleados, gente sin hogar, campesinos, indígenas– que nada tenían que ver con la guerra y que sirvieron a Uribe para robustecer de estadísticas su cruzada contra las guerrillas.

Alejandro Jiménez Ospina, abogado en derechos humanos y en derecho internacional humanitario de la Universidad Nacional de Colombia, señala que la cifra de “falsos positivos” revelada por la JEP “muestra al nivel de degradación al que llegó el conflicto armado colombiano, lo sanguinario que fue y la gravedad de las violaciones humanitarias que se cometieron”.

Sólo como referente: los muertos y desaparecidos reportados en Chile por las comisiones Valech y Retting durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) fueron 3 mil 65, menos de la mitad de la cifra de “falsos positivos” durante el gobierno de Uribe.

“Aunque en derechos humanos no se deben hacer comparaciones, porque cada unidad de esas cifras son personas, familias, comunidades, es necesario cuantificar la violencia para producir verdad, justicia y reparación”, señala en entrevista Jiménez Ospina.

Para Lina Mejía, maestra en derechos humanos y derecho humanitario de la Universidad Americana en Washington, lo que pasó en Colombia con los “falsos positivos” es lo más grave que ha ocurrido en este siglo en crímenes de guerra en América Latina.

“Tenemos graves violaciones a derechos humanos, sí, por supuesto, pero un caso con ese nivel de victimización no lo hay en la región, al menos en este siglo”, asegura a este corresponsal.

La JEP estableció que los 6 mil 402 “falsos positivos” representan 78% de la victimización histórica bajo esa modalidad y que ese “fenómeno macrocriminal” fue ejecutado por militares, en alianza con paramilitares, contra “personas que fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate”.

El fenómeno, señaló el tribunal en un reporte fustigado por Uribe y sus seguidores y cuestionado por el gobierno del presidente Iván Duque, “cayó dramáticamente en 2009”, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos un año después. 

Pero el gran daño estaba hecho y fueron funcionarios como el exviceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, futuro comisionado de paz en el proceso con las FARC, y el personero (funcionario de derechos humanos) de Soacha, Luis Fernando Escobar, quienes impulsaron las primeras investigaciones del caso, que hasta ahora es abordado por la JEP.

El tribunal especial para investigar los crímenes del conflicto armado consolidó la nueva cifra tras años de investigaciones en bases de datos de, entre otros, la Fiscalía, la Comisión Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación de ONG Colombia-Estados Unidos-Europa.

De esta manera, lo que hizo la JEP fue casi triplicar en términos estadísticos las cifras previas que se conocían (2 mil 248 según un reporte de la Fiscalía) y poner a Colombia, con toda crudeza, ante un episodio de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que tuvo escasa connotación en los últimos años 

“Estos casos son de las mayores atrocidades del conflicto. Estos hechos victimizantes fueron un delito masivo definitivo. Los esfuerzos para identificar patrones característicos de los mismos y a los máximos responsables tienen que obedecer a criterios de priorización”, señala el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes.

El magistrado aseguró que la JEP tendrá en cuenta las unidades militares donde se concentra geográficamente el mayor número de esos hechos victimizantes en varias zonas del país.

El tribunal de la paz, que también ha llamado a cuentas a exjefes de las FARC por secuestros masivos, se centrará en la investigación de “seis territorios críticos” donde se produjeron las dos terceras partes de los “falsos positivos”.

Lo más importante que hizo la JEP en el nuevo reporte es “determinar el subregistro que había de ‘falsos positivos’ y el grado de impunidad reinante en Colombia”, señala el magistrado, quien dice que las primeras imputaciones –que involucran a centenares de militares– se expedirán en los próximos meses.

Uribe, defensa total

La reacción de Uribe fue del mismo tenor que acostumbra con cualquiera de las decenas de acusaciones por diferentes delitos comunes y de lesa humanidad que enfrenta en diferentes tribunales colombianos: todo lo negó y dijo que se trata de una nueva campaña en su contra.

Existen varios decretos, instrucciones y directivas girados durante el gobierno de Uribe que incentivaban a militares a producir “resultados operacionales” y establecían “cuotas mínimas”: una división debía producir 300 bajas guerrilleras; una brigada, 150; los batallones 50.

El excomandante del Ejército, general Mario Montoya, giró a sus tropas en esos años un memorando de “políticas” en el que señala que “las bajas es (sic) la mejor acción integral, por lo que potencia la moral de la tropa, desmoraliza al enemigo y aumenta la credibilidad de la población civil en su Ejército”.

“Las bajas no es (sic) lo más importante, es lo único”, señaló el militar, quien enfrenta varios procesos en tribunales y ya ha comparecido en la JEP en busca de una condena alternativa sin privación de libertad, las mismas que recibirían los exjefes de las FARC por sus crímenes de guerra.

Uribe asumió el reporte de la JEP como un agravio político. 

Aseguró que él ordenó priorizar las desmovilizaciones de guerrilleros sobre las capturas y, después, las bajas, pero esa norma fue aprobada en 2007, cuando ya se habían registrado miles de ejecuciones extrajudiciales de “falsos positivos”.

Incluso frente al hecho de que en Colombia ya hay mil 758 militares condenados por estar implicados en esas ejecuciones de población civil inocente, el exmandatario y líder del gobernante Centro Democrático acusó a la JEP de ser una corte “impuesta por FARC para protocolizar la impunidad” y “sesgada contra militares”.

De Cifuentes, aseguró que estaba “en campaña política”. Y afirmó que la misma revista inglesa The Economist considera que la JEP trata de “descreditarlo”, lo que es falso.

El semanario señaló que el éxito del tribunal de paz en las investigaciones de los crímenes de guerra “cambiaría la forma en que los colombianos ven la ofensiva de Uribe contra la guerrilla” luego de que “muchos creen que salvó al país”.

Uribe, el político más poderoso de Colombia debido a su influencia en el gobierno, el Congreso y en las fuerzas militares, dijo que nunca ha eludido a la justicia, pero “cuando se trata de mi persona, muchos la presionan o la sustituyen cuando menos sembrando suspicacias”.

Ahora mismo, el expresidente está procesado por manipulación de testigos en la Fiscalía y, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia le dictó prisión domiciliaria temporal el año pasado por ese delito, todo mundo espera que en la nueva instancia salga exonerado debido a la cercanía del fiscal general Francisco Barbosa con el gobierno de Duque.

Uribe, en su condición de expresidente, no puede ser llamado a cuentas por el tribunal de paz. La Corte Penal Internacional, en cambio, lo podría llamar a juicio por varios casos de violaciones a los derechos humanos que están en investigación preliminar en el sistema internacional del Estatuto de Roma.

Apoyo externo a la JEP

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la Unión Europea y Estados Unidos defendieron la independencia de la JEP para investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado.

Bachelet, además, expresó su preocupación por “las manifestaciones en contra del sistema de justicia transicional” provenientes del uribismo y el gobierno.

El gobernante Centro Democrático presentó en octubre pasado en el Congreso una iniciativa legislativa para abolir la JEP, lo que según la comisionada de derechos humanos, “es una seria amenaza a las víctimas, a la verdad, la justicia y la reparación”.

Mejía señala que lo que ha salido a relucir en el uribismo con este nuevo informe de la JEP es “su conducta negacionista, tanto del conflicto como de sus repercusiones y el grado de responsabilidad en la implementación de la política de seguridad de su gobierno”. 

Primero, dice, “porque su insistencia en que los reportes sobre ‘falsos positivos’ son inventos de organizaciones sociales o de órganos de justicia transicional que fueron enemigos de su gobierno.

“A nosotros, como Estado colombiano, nos condenó la justicia hemisférica en 2018 por ‘falsos positivos’, y es algo que han reportado múltiples organismos de derechos humanos a nivel internacional. Eso ocurrió”, afirma.

Y plantea que “aquí es donde uno se tiene que preguntar ¿qué tanto estos sectores uribistas le tienen miedo a la verdad y si entonces la JEP les sirve para unas cosas (procesar a exjefes guerrilleros), pero para las otras no”.

Uno de los problemas más serios para Uribe es precisamente que cientos de militares implicados en casos de “falsos positivos” están dispuestos a ir a la JEP y contar la verdad a cambio de penas alternativas, lo que abriría una caja de pandora para un sector que ni siquiera acepta que en Colombia hubo un conflicto armado interno.

Hace 12 años Carmenza Gómez supo que su hijo Víctor, quien había sido reclutado por unos desconocidos en un municipio cerca de Bogotá para un trabajo en la región caribe, había perdido la vida en el norte del país de un tiro en el rostro y el Ejército lo presentó como una baja guerrillera en combate.

Ella y un grupo de madres del municipio de Soacha han permanecido en la lucha por la justicia desde entonces, pero dice que hay “muchas presiones desde altos niveles del Estado para que esto quede ahí, para evitar la justicia”.

A Carmenza Gómez le parece importante el nuevo esfuerzo de la JEP, pero desconfía de que “vayan a caer las cabezas mayores” de estas miles de ejecuciones extrajudiciales. 

La JEP cuenta con valiosos testimonios de militares contra altos oficiales. Las declaraciones incluyen nombres, circunstancias, órdenes y pruebas de los premios recibidos por las bajas en supuestos combates.

“Nos daban instrucciones específicas: están trayendo a una o a dos personas, se las van a llevar a tal lugar y ustedes van y simulan un combate. Y luego nos daban recompensas”, dijo uno de ellos.

Iván Orozco, abogado y doctor en ciencias políticas, dice que lo que ocurre en Colombia “es una lucha a muerte por el control de las narrativas sobre lo que ha sucedido en el país durante las últimas décadas”.

Aquí, señala en entrevista, hay quienes piensan que hubo un conflicto social y armado con raíces históricas profundas, asociado a fenómenos como el de la usurpación, el robo de tierras y la exclusión política de sectores sociales y políticos.

“De otro lado, hay quienes piensan que aquí no ha habido una guerra ni siquiera un conflicto armado interno, sino apenas un ataque narcoterrorista contra una democracia funcional y legítima. En el primer caso estamos hablando de la izquierda, en el segundo de la extrema derecha”, sostiene.

El profesor de la Universidad de los Andes asegura que, en esa tensión permanente, “lo que trata la extrema derecha es transformar el modelo de repartición de responsabilidades por parte de todos los actores implicados en la guerra, y que perpetraron crímenes graves, en un modelo de simple sometimiento, exclusivo para las FARC”.

Y ese objetivo, asegura Orozco, tiene como premisa sacar de la jurisdicción de la JEP “a los civiles y a los militares”.

Este reportaje forma parte del número 2314 de la edición impresa de Proceso, publicado el 7 de marzo de 2021 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí

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