Los estados peninsulares de Campeche, Quintana Roo y Yucatán se dirigen a los comicios de junio en un ambiente enfangado de corrupción. La clase política presenta pocas opciones a los electores, ya que algunos líderes y ­aspirantes a puestos de elección por todos los partidos –incluidos dos exgobernadores priistas– han sido acusados de delitos patrimoniales y nexos con el crimen organizado, además de obedecer a grupos ajenos al interés público.

CANCÚN, Q.R. (proceso).- A punto de cumplir medio siglo como estado, el más joven del país, Quintana Roo ya es reconocido en el mundo no sólo por sus atractivos turísticos, sino por la vocación criminal de muchos de sus políticos, incluidos dos exgobernadores actualmente encarcelados por delitos de corrupción y delincuencia organizada.

Esos escándalos no paran. El pasado 4 de febrero la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas del entonces dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José de la Peña Ruiz de Chávez, por su presunta conexión con la mafia rumana. Mientras que el 24 del mismo mes el ámbito político se cimbró con el asesinato del secretario de Desarrollo Social y Turismo de Puerto Morelos, Ignacio Sánchez Cordero, quien se perfilaba como próximo alcalde.

El nombre de De la Peña Ruiz, coordinador de la bancada verde en el Congreso de Quintana Roo, apareció en el requerimiento 110/F/B/978/2021 de la UIF (folio SIARA UIF/2021/000097), en el que la dependencia solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Servicio de Administración Tributaria congelar las cuentas bancarias de un grupo de políticos, empresarios y exfuncionarios para investigar su aparente relación con la mafia rumana, que desde Quintana Roo opera una organización internacional de clonadores de tarjetas de crédito, presuntamente liderada por Florian Tudor, El Tiburón, bajo la protección de una red de corrupción judicial. 

El titular de la UIF, Santiago Nieto, declaró en Campeche que se trata de “un grupo de personas de nacionalidad rumana, pero también mexicana, que fueron denunciadas en diferentes países, particularmente en Canadá y en Estados Unidos, y en menor medida en México”. Se dedicaban a clonar tarjetas de crédito de turistas nacionales y extranjeros en los cajeros de las zonas turísticas: primero de Cancún, luego en el resto de la Riviera Maya, la Riviera Nayarita, Los Cabos y Acapulco.

Por ese motivo el FBI, la UIF, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción decidieron emprender una investigación conjunta. “Se presentó la denuncia y se hizo un congelamiento de cuentas global de las personas que se encontró que estaban relacionadas”, dice Nieto. 

“El asunto –sostiene– es lo suficientemente sólido, tiene una connotación internacional. Hay casos relacionados con esta materia llevándose en Estados Unidos y, atendiendo la presunción de inocencia, van a ser analizadas las pruebas que presenten estos grupos.”

En respuesta a la petición de audiencia de Tudor, cuyas cuentas no figuran entre las que congeló la UIF, el 26 de febrero el presidente López Obrador instruyó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para que la atendiera. La funcionaria lo hizo a principios de marzo. 

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2316 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.