Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el patrimonio del presidente del máximo tribunal electoral, José Luis Vargas, se suman a los diferendos con sus colegas magistrados. Para los especialistas en la materia consultados por este semanario, esa situación pone a la instancia judicial en una posición vulnerable a las presiones políticas, justo cuando debe mostrarse más sólida. Por ese motivo, consideran que Vargas ya es “insostenible” en el cargo.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En pleno proceso electoral, con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encima y ahora en conflicto con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por el manejo de recursos, la presidencia del magistrado José Luis Vargas Valdés es insostenible en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), advierten especialistas en la materia.

Si bien el de Vargas es sólo uno de siete votos, su presidencia afecta la credibilidad y confianza que debería tener el TEPJF en vísperas de la elección federal y de 30 locales, por lo que será determinante en ese proceso, coinciden el exconsejero electoral de la Ciudad de México Eduardo Huchim y el analista político José Antonio Crespo.

Para ambos, cabrían al menos medidas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del CJF para reencauzar la conducta del juzgador, si no es que su salida voluntaria en tanto se aclaran los procedimientos en su contra.

Desde diciembre de 2020 la UIF de la Secretaría de Hacienda investiga supuestas irregularidades en el patrimonio del magistrado, por erogaciones superiores a sus ingresos reportados, en tanto que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción también hace sus indagatorias.

De acuerdo con el magistrado, las acusaciones no tienen fundamento, pues a sus ingresos como funcionario se suman los cobrados por servicios profesionales. No obstante, los datos que circulan se refieren a que en los siete años previos al inicio de esas investigaciones Vargas gastó en inmuebles y otras adquisiciones 36.7 millones de pesos, aunque ante el Servicio de Administración Tributaria reportó percepciones por 16.7 millones.

Encima de eso, Vargas entró en conflicto con los tres integrantes de la Comisión de Administración del TEPJF –que a la vez son consejeros del CJF– por el ejercicio de recursos:

En 2020 por la pelea que dio Vargas para adquirir 10 camionetas blindadas nuevas; después, por el supuesto retraso en la devolución de las cinco que estaban bajo resguardo del tribunal, y el pasado martes 9, por definir quién tomará decisiones sobre la asignación de recursos para proyectos especiales del TEPJF.

Aunque esos proyectos especiales no se han determinado, la presidencia del TEPJF pugna para que la decisión sobre los gastos correspondientes no pase por el órgano administrativo del tribunal, es decir, por el voto de los consejeros de la Judicatura. Eso llevó a que cinco de los siete magistrados se deslindaran de esa postura: Janine M. Otálora Malassis, Indalfer Infante Gonzales, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña.

Por esos crecientes conflictos, Eduardo Huchim, exconsejero del Instituto Electoral capitalino, expone que a estas alturas del proceso federal resulta “totalmente inadecuado” que Vargas se sostenga en el cargo, al que llegó pese a que, como abogado postulante y exfuncionario, está marcado por sus vínculos con el PAN y el PRI.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2316 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 21 de marzo de 2021.