En una misiva formal enviada a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión, Reporteros Sin Fronteras, Propuesta Cívica y Proceso solicitan la realización de nuevas investigaciones para resolver el asesinato de Regina Martínez, quien fue corresponsal de Proceso en Veracruz. Ambas organizaciones y Proceso coinciden en la existencia de elementos que apuntan a que el crimen ocurrió por la labor de la periodista. En la petición se expone la promesa que el presidente López Obrador hizo el 19 de noviembre de 2020 en el sentido de reabrir el caso. 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “Regina Martínez era periodista. Ella fue asesinada por eso. Ahora tenemos la oportunidad de hacer justicia”, dice la portada del informe sobre el asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, elaborado por la coalición A Safer World For The Truth (Un mundo seguro para la verdad).

La organización tiene como fin investigar, documentar e incidir para que se haga justicia en los crímenes contra periodistas; está integrada por Free Press Unlimited (con sede en Holanda), el Comité para la Protección de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras.

Esta última organización se sumó a Propuesta Cívica y a Proceso y el viernes 16 entregaron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) una solicitud para asumir la reapertura de la investigación del caso Regina.

Con elementos surgidos en esta investigación y de la publicada en el Proyecto Cártel –a cargo de la organización Forbidden Stories, Proceso y más de una veintena de medios de todo el mundo–, el reporte de la coalición A Safer World For The Truth sustenta la petición formal y acompaña la carta firmada por las dos organizaciones y este semanario, entregada al titular de la FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.

La privación de la vida de una periodista como un delito grave, la probable participación de servidores públicos estatales como autores intelectuales del homicidio, el impacto del crimen en el ejercicio de la libertad de prensa en Veracruz y las condiciones de riesgo que prevalecen en el estado para el ejercicio periodístico acreditan lo previsto en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, para la federalización e investigación exhaustiva del caso, consideran los peticionarios.

El informe y el análisis elaborado conjuntamente por Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras y Proceso coinciden en que existen elementos que apuntan a que el asesinato de Regina fue debido a su labor periodística.

“Sin duda, la falta de debida diligencia en el caso ha causado un vacío enorme en el gremio periodístico en Veracruz, al mismo tiempo que ha contribuido al asedio y al establecimiento de zonas de silencio en el estado”, dice la carta entregada a la FEADLE.

Este es un adelanto de un reportaje del número 2321 de la edición impresa de Proceso, publicado el 25 de abril de 2021 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí