Rodrigo Cortés Domínguez Toledano, juez a cargo del juicio por “daño moral” que Ricardo Salinas Pliego y Banco Azteca entablaron contra el semanario Proceso y tres de sus trabajadores, actuó de forma arbitraria y parcial para favorecer al polémico multimillonario y a su empresa. Lo hizo a tal punto que el expediente a su cargo fue alterado para tratar de enmendar un error cometido por los abogados del magnate, uno de los cuales, por cierto, fue apoderado legal de la sociedad de papel sueca NPK Holding AB, en ese entonces accionista de Grupo Fertinal y vinculada al propio Salinas Pliego.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En el juicio por “daño moral” que el multimillonario Ricardo Salinas Pliego y Banco Azteca iniciaron en septiembre de 2019 contra Proceso y tres de sus trabajadores, en reacción a una investigación sobre el caso Fertinal, el que era juez sexagésimo segundo de lo Civil de la Ciudad de México, Rodrigo Cortés Domínguez Toledano, actuó con parcialidad a favor del tercer hombre más rico del país y de su banco.

Su sucesora, la juez Beatriz Elizabeth Silva Mata, ya tomó su primera decisión en el tema: pidió que el Ministerio Público investigue y determine quién alteró el expediente del juicio, que a la fecha ya cuenta con casi 3 mil fojas repartidas en cuatro tomos.

Aparte de la alteración del expediente –que constituye un delito–, ocurrieron otras irregularidades bajo el juez Cortés. Así, en las pruebas confesionales, este juez tuvo una actitud arbitraria y parcial a favor de Salinas Pliego y Banco Azteca: validó 92% de sus preguntas, pero rechazó 88% de las que planteó el equipo legal de este semanario; autorizó el doble de testigos al multimillonario y a su banco; pidió a las autoridades financieras mexicanas que informen sobre los recursos de los demandados y autorizó una pesquisa en la contabilidad e información fiscal de éstos, asumiendo prácticamente que perderán la demanda, antes incluso de haber reunido las evidencias.

En el arranque de este juicio, el mismo juez había decretado una medida de censura previa que pretendía impedir a este semanario informar sobre el desarrollo del proceso judicial, pero la corrigió rápidamente porque representaba una clara violación a la libertad de expresión y al derecho a la información.

No sólo eso: en la audiencia de desahogo­ de pruebas confesionales que se llevó a cabo el pasado 25 de marzo, dos abogados acudieron en representación de Salinas Pliego y Banco Azteca. Uno de ellos, Pablo Alonso Rivero Borrell Wheatley, es conocedor del tema Fertinal: el 18 de noviembre de 2015 recibió un poder de la sociedad de papel sueca NPK Holding AB, que detentaba entonces acciones en Grupo Fertinal.

Este detalle no es menor: Salinas Pliego y Banco Azteca interpusieron la demanda por “daño moral” en reacción a una investigación periodística publicada en Proceso en julio de 2019, la cual reveló el vinculo del magnate con las sociedades de papel europeas accionistas de Grupo Fertinal, entre ellas NPK Holding AB.

El reportaje mostró el doble vinculo del dueño de Grupo Salinas con Fertinal: a la par de que Banco Azteca otorgó créditos multimillonarios a la empresa, las sociedades de papel tenían acciones en la empresa, lo cual significa que Salinas Pliego era acreedor y socio de la compañía cuando fue vendida a Pemex por 635 millones de dólares.

Las sociedades europeas fueron creadas con algunas de las herramientas más sofisticadas que ofrece la industria off­shore para ocultar al dueño real de una estructura de compañías de papel. NPK Holding AB, por ejemplo, era en realidad un nombre en una etiqueta pegada en el buzón de un edificio ubicado a 9 mil 500 kilómetros de México, relacionado con una cuenta bancaria –número VRLLCHZZ– en el Bank von Roll AG de Zurich, en Suiza.

Salinas Pliego y Banco Azteca siempre han negado su vínculo con las sociedades europeas –que también ha documentado el diario The Wall Street Journal– al punto que este asunto fue el detonador de la demanda. Sin embargo, enviaron como representante ante el juzgado al mismo abogado que cuatro años y medio antes recibió un poder para realizar la “cancelación, reemplazo o pago de cualquier factura de certificado de crédito” en nombre de NPK Holding AB, a un mes de concretarse la transacción con Pemex.

Cadena de rarezas

El 25 de marzo de 2021 se llevó a cabo la audiencia de desahogo de pruebas confesionales. En esta fase de un juicio, los equipos legales de los demandantes y de los demandados presentan una serie de preguntas para la otra parte. El juez filtra las preguntas –las invalida si son “insidiosas”, “negativas” o “imprecisas”, entre otros motivos–, y las que deja pasar son planteadas a los “actores”, quienes comparecen sin sus abogados y deben contestar, bajo juramento de decir verdad, con un “sí” o un “no”.

El día de la audiencia, el desbalance del juez resultó evidente: “palomeó” 92% de las preguntas que el equipo legal de Salinas Pliego y Banco Azteca tenía para Proceso, y autorizó apenas 12% de las preguntas que el equipo legal del semanario presentó, desechando las demás con diversos pretextos.

Resulta difícil de explicar por qué el juez rechazó que se le preguntara a Salinas Pliego si el 12 de diciembre de 2020 realizó una publicación a través de su cuenta de Twitter en la cual mencionaba que jamás le daría miedo la revista Proceso –pregunta que calificó de “imprecisa”–, y a la vez dejó pasar una pregunta inentendible a uno de los demandados de Proceso, que textualmente decía:  “Que en la entrevista concedida al periodista Ciro Gómez Leyva, Usted reconoció no Usted afirmó (sic) que hasta ese momento no podía concluir que el Señor Ricardo Salinas hubiere actuado de manera irregular”.

A pesar de que el error de dedo que cometieron los abogados de Salinas Pliego y Banco Azteca hizo incomprensible la pregunta, el juez no le vio ningún problema, pues aprobó que se planteara en la audiencia.

Esto no fue todo. Rafael Rodríguez Castañeda, quien era director de Proceso cuando Salinas Pliego y Banco Azteca interpusieron la demanda, no pudo acudir físicamente al juzgado debido a que la pandemia de covid-19 potenciaba los riesgos para su salud. Se propuso al juez que su audiencia se realizara de manera virtual, pero éste lo negó.

El día de la audiencia, la defensa de Proceso presentó un certificado médico firmado por el doctor Abraham Mahluf Cruz para justificar la ausencia de Rodríguez Castañeda. Tras una búsqueda en internet, el juez señaló que el certificado no incluía el segundo nombre del médico –Abraham Salvador Mahluf Cruz–, por lo cual declaró inválido el certificado médico. Ello dejó sin justificación la ausencia del demandado y convirtió de facto al exdirector de este semanario en “confeso”.

Pero el equipo de abogados de Salinas Pliego y Banco Azteca hizo mal su trabajo, y en lugar de dirigir sus preguntas a Rafael Rodríguez Castañeda, las formuló en dos ocasiones a un tal Jorge Rodríguez Castañeda. Al equivocarse en el nombre del exdirector de Proceso, sus preguntas resultan jurídicamente inválidas.

El juez no se percató de esta torpeza y validó las preguntas, declarando confeso a una persona que no existe. Fue el mismo juez que, minutos antes, desechó un certificado médico con el pretexto de que no incluía el segundo nombre del doctor.

Más grave aún: cuando terminó la sesión de audiencia, el equipo legal de Proceso tomó fotografías de los documentos de las preguntas, entre ellos el documento en el que venía el nombre equivocado del exdirector de este semanario. El pasado 5 de abril, el primer día hábil posterior a la audiencia, los abogados fueron a revisar el expediente de la audiencia y vieron que el nombre “Jorge” –el equivocado– estaba tachado.

Esto quiere decir que alguien alteró el expediente en la oficina que corresponde al juez sexagésimo segundo, lo cual constituye un delito.

De inmediato, el equipo legal de este semanario se quejó. El 9 de abril un secretario de acuerdos del caso confirmó en un oficio que, en la foja 1111 del tomo II del expediente, “se encuentra una línea de tinta azul de bolígrafo sobrepuesta en nombre de diverso codemandado, desconociendo quién o quiénes lo hayan realizado, tomando en cuenta que al momento de engrosarse para la costura y posterior préstamo a las partes, dicha circunstancia no se advertía”.

La nueva juez, Beatriz Elizabeth Silva Mata, recibió el oficio y, acto seguido, dio vista al Ministerio Público para que investigue el caso y determine quién manipuló el expediente.

Preguntas incómodas

Por su parte, Ricardo Salinas Pliego no se tomó la molestia de acudir al juzgado ni de presentar algún justificante, lo que le convirtió de manera automática en “confeso” a las preguntas de Proceso.

Sin embargo, el multimillonario no tuvo mucho que confesar, ya que el juez autorizó solamente 11 de las 122 pregun­tas que este semanario había preparado para él; dicho de otro modo, el juzgador eliminó más de nueve de cada 10 preguntas.

Así, gracias a los criterios del juez, el multimillonario sólo reconoció –en su ausencia– que se considera a sí mismo una figura pública en los ámbitos nacional e internacional, que conoce personalmente al empresario Fabio Massimo Covarrubias Piffer –el entonces director de Fertinal–, que conoce el sentido del término offshore o que conoce a los abogados Miguel Irurita Tomasena y Gabriel Roqueñi Rello.

Al desechar las demás preguntas, el juez evitó a Salinas Pliego ser reconocido confeso en los temas de fondo de la demanda, como su relación con las sociedades europeas y su participación en la operación de Grupo Fertinal, o sobre el polémico dividendo de 50 millones de dólares que implicó la operación de compraventa a Pemex.

Algo similar ocurrió con Banco Azteca. El juez desechó 104 de las 116 preguntas que la abogada de Proceso formuló: en un primer momento, eliminó 60 de las 72 preguntas expresadas, por lo que la abogada elaboró otras 44 preguntas verbales, de las cuales el juez desechó 38.

En el juzgado, el ya mencionado abogado Pablo Alonso Rivero Borrell habló en nombre de Banco Azteca para contestar el escaso número de preguntas que el juez dejó pasar, manteniendo fuera las cuestiones de fondo sobre el caso Fertinal, caso que él conoció en primera persona, pues durante un momento recibió un poder para actuar en nombre de una sociedad de papel que detentaba acciones en la empresa de fertilizantes.

Viejos conocidos

Antes de su actuación sesgada en la audiencia de pruebas confesionales, el juez había emitido varias resoluciones que fueron impugnadas por el equipo de defensa del semanario.

En el arranque del juicio, el juzgador quiso impedir a Proceso que informara sobre el proceso judicial. Su resolución prácticamente copió textualmente la petición de los abogados de Salinas Pliego y Banco Azteca, la cual instruía a “los actores, demandados y a los que puedan llegar a tener acceso a la misma para que se abstengan de usar o divulgar la información relacionada con el presente juicio”.

Este semanario finalmente publicó una nota sobre la demanda, después de que el propio poder judicial emitió un acuerdo en el cual mencionó el juicio con los nombres de los demandantes y los demandados.

Ante la indignación que generó la medida de censura, el juez dio rápidamente marcha atrás: en un amparo que concedió a Proceso, evocó un malentendido y sostuvo que en realidad su instrucción planteaba que ningún actor podrá divulgar información protegida por el secreto fiscal o bancario obtenida durante el juicio.

Esta fue la primera de varias decisiones extrañas del juez. El pasado 12 de noviembre, a petición de Salinas Pliego y su banco, el juzgador aceptó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realizara una investigación en 122 bancos, divisiones fiduciarias y casas de bolsa para recabar toda la información financiera de los demandados, y mandó a hacer un peritaje contable para investigar a fondo sus situaciones patrimoniales.

El multimillonario y su banco argumentaron que esas investigaciones representarían pruebas para mostrar que los demandados “cuentan con recursos económicos para hacer frente a la responsabilidad derivada del daño moral que causaron”.

Los abogados de Proceso interpusieron de inmediato un amparo. Sostuvieron que la evaluación patrimonial sólo se lleva a cabo cuando la justicia determinó una sentencia, pues sirve para establecer el monto de las reparaciones, pero que en este caso el juez mandó la orden antes de recopilar pruebas y rendir su sentencia, asumiendo prácticamente que los demandados son culpables.

Llama la atención la rapidez con la que actuaba el juez ante las peticiones de Salinas Pliego y Banco Azteca. Por ejemplo, tardó sólo dos días hábiles en enviar un oficio a la CNBV para que ésta pidiera a todos los actores del sistema financiero mexicano investigar a los trabajadores de Proceso objetos de la demanda.

Otra prueba de que las decisiones del juez no fueron imparciales: en el marco del juicio, los abogados de Salinas Pliego y de Banco Azteca pidieron al juez que aceptara cinco testigos; los abogados de Proceso, por su parte, solicitaron que 38 actores directos e indirectos de la trama de Fertinal aportaran sus relatos como pruebas en el juicio, toda vez que esas personas fueron testigos de distintos hechos independientes entre sí.

Sin embargo, en un auto admisorio de pruebas emitido el pasado 12 de noviembre, el juez exigió a las partes que “reduzcan a dos el número de sus testigos propuestos”. Es decir, limitó a dos el número de testigos por cada parte, considerando de manera errónea que las decenas de testigos que Proceso solicitó hablarían sobre un mismo hecho.

De nueva cuenta, el juez torció su propia resolución en favor de Salinas Pliego y Banco Azteca: como lo había ordenado, Rodrigo Cortés Domínguez Toledano autorizó a Proceso dos testigos, pero inexplicablemente aprobó cuatro testigos al multimillonario y su banco.

El juez Rodrigo Cortés Domínguez Toledano es conocedor de Grupo Salinas. Hace precisamente 10 años, en 2011, participó en un caso de gran relevancia para TV Azteca: como titular del Juzgado 50 en Materia Civil, resolvió una disputa entre la televisora del Ajusco y Teléfonos de México (Telmex), del también multimillonario Carlos Slim Helú, respecto a la difusión de los Juegos Panamericanos.

En este pleito, TV Azteca exigía que UNO TV, de Telmex, cesara la transmisión en vivo de los Juegos Panamericanos por sus canales de streaming, bajo el argumento de que ella detentaba los derechos televisivos; Telmex, por su parte, afirmaba que el video por internet no pasaba por una señal de televisión y no encajaba en la Ley de Radio y Televisión.

En el marco de ese juicio, Cortés Domínguez Toledano otorgó a TV Azteca una medida cautelar: ordenó a Telmex que “se abstenga de transmitir, distribuir, difundir señales de televisión a través de su red de telecomunicaciones, o de cualquier otro medio de transmisión, como son bandas de espectro o páginas de internet, sea directa o indirectamente, hasta que se decida definitivamente el juicio”.

En voz de Luis Niño de Rivera –ahora presidente de la Asociación de Bancos de México–, TV Azteca utilizó esta medida cautelar para exigir a Telmex y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones que pararan la transmisión; y acusó a Telmex de “desacatar la decisión del juez”, a lo que el gigante de las telecomunicaciones reviró que “TV Azteca sobredimensiona el mandato del juez”.

Este texto forma parte del número 2322 de la edición impresa de Proceso, publicado el 2 de mayo de 2021 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí