Medio Ambiente
La invasión en ciernes en el Valle de Guadalupe
Acechados por inmobiliarias, hoteleros y políticos, los terrenos en zonas de reserva ecológica del Valle de Guadalupe, en Baja California, están en peligro, así como el agua que ahí se encuentra. Grupo Concordia y la empresa Del Valle Bienes Raíces ofrecen lotes en lugares con protección federal.
Acechados por inmobiliarias, hoteleros y políticos, los terrenos en zonas de reserva ecológica del Valle de Guadalupe, en Baja California, están en peligro, así como el agua que ahí se encuentra. Precisamente unos de los grandes depredadores son Grupo Concordia y la empresa Del Valle Bienes Raíces, que ofrecen lotes en lugares con protección federal. En este contexto, las autoridades estatales y municipales poco o nada han hecho para frenar la especulación inmobiliaria y la proliferación desmedida de restaurantes y zonas vitivinícolas.
ENSENADA, BC. (Proceso).- Enclavado en una de las siete zonas mediterráneas del mundo, el Valle de Guadalupe es devorado por inmobiliarias que especulan con terrenos en zonas de reserva ecológica, por políticos y empresarios que sustraen grandes cantidades de agua para sus empresas vinícolas y por ejidatarios que se apresuran a liberar sus tierras comunales para que puedan venderse a quien sea.
El caos, sostenido desde 1996, se inició cuando la Comisión Nacional del Agua aprobó la entrega de concesiones a personas ajenas al ejido; a la par, los propios ejidatarios acordaron desincorporar sus tierras para vender a privados que se fueron posesionando del valle vinícola más bello de México.
La zona, que produce 30% del vino que se consume en el país, ha llamado la atención de diversos personajes locales y nacionales, como hoteleros y empresarios de la talla del propietario de la acerera Villacero, Julio César Villarreal Guajardo, y del empresario Xavier Desiderio Autrey Maza, así como de los políticos Gustavo Ortega Joaquín, exalcalde de Cozumel y sobrino en segundo grado de Pedro Joaquín Coldwell; el priista César Camacho Quiroz y el panista y exdiputado federal Wenceslao Martínez Santos, entre otros.
Para los 79 vitivinicultores del valle, la zona peligra y temen que el agua se acabe en cinco años. La presencia de grandes consorcios inmobiliarios que venden predios en zonas de conservación ecológica para fraccionar, como el llamado Taray Residencial, anunciado por Grupo Concordia, o la empresa Del Valle Bienes Raíces, que promueve venta de terrenos para construir casas justo en la zona de propiedad “comunal” del ejido El Porvenir, tienen al borde de la desaparición la “vocación agrícola” de la zona, lamentan las vitivinícolas.
Pero los ejidatarios, quienes han visto cómo en la última década proliferaron las haciendas de vid con sus restaurantes, el problema es que estos negocios también les están quitando el agua, denuncian ante Proceso.
En entrevista, el comisariado ejidal, Rafel Romo, explica que en mayo de 2020 la asamblea determinó que la zona comunal se repartiera entre todos. Es decir, se “aparcelara” dándole 2.5 hectáreas a cada uno de los 100 miembros que forman el ejido.
“Ahora dicen que queremos hacer un fraccionamiento y tienen miedo los vinicultores…pero eso no es cierto. Nosotros aparcelamos, no fraccionamos. Los ejidatarios también tienen derecho a progresar”, aclara el comisariado.
Las diferencias entre los vitivinícolas y los ejidatarios de El Porvenir han subido de tono. Los primeros denunciaron ante el ayuntamiento a los miembros del ejido bajo el argumento de que “están violando el reglamento del programa sectorial de desarrollo urbano-turístico de los valles vitivinícolas de la zona norte del municipio de Ensenada”, confeccionado en 2010 y donde se establecen las diferentes zonas del Valle de Guadalupe.
Ahora, la lucha es para detener el fraccionamiento Taray y lo que los vinicultores consideran como la entrega de otra parte del ejido El Porvenir para hacer casas.
En este contexto, las autoridades estatales y municipales poco o nada han hecho para frenar la especulación inmobiliaria y proliferación desmedida de restaurantes y zonas vitivinícolas.
Después de solicitar una entrevista, el ayuntamiento de Ensenada, entidad a la que pertenece el Valle de Guadalupe, de manera coincidente comenzó los procedimientos para denunciar por “fraude equiparado” a quienes “especulan” con los terrenos.
