Justicia

Fundación Mary Street Jenkins: los enredos de una herencia

El cerco legal contra seis integrantes de la familia Jenkins, acusados de saquear más de 14 mil millones de pesos de la Fundación Mary Street Jenkins, se cierra por tres vías. 
jueves, 24 de junio de 2021

Guillermo Jenkins de Landa, quien hace años emprendió una demanda contra seis de sus familiares por el desfalco multimillonario en perjuicio de la Fundación Mary Street Jenkins, comienza a ganar varias batallas legales. Su propósito, dice, es recuperar los fondos y sancionar a quienes resulten implicados en donaciones ilegales y otras maniobras administrativas contra la fundación, convertida hoy en un simple cascarón financiero. En este entramado desfilan personajes como Rafael Moreno Valle y su esposa Érika Alonso –fallecidos en 2018–, el excanciller Luis Ernesto Derbez y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

PUEBLA, PUE. (Proceso).- El cerco legal contra seis integrantes de la familia Jenkins, acusados de saquear más de 14 mil millones de pesos de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), se cierra por tres vías. 

Por un lado, el gobierno de Puebla, a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP), se sumó desde el año pasado a la denuncia que interpuso en 2016 Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito de la familia, en contra de su madre, sus cuatro hermanos y un sobrino. 

Como parte de esta denuncia, el 16 de marzo último un juez de control de Almoloya de Juárez giró órdenes de aprehensión contra los presuntos implicados.

La segunda orden en contra de los Jenkins de Landa fue emitida el viernes 4 de junio por un juez de control de Puebla con base en una denuncia que interpuso el gobierno de Puebla, a través de la JCIAP, por el delito de fraude.

Al mismo tiempo, la Junta abrió un proceso administrativo en contra de los miembros de la familia, patronos de la FMSJ, acusados de convertir al ente filantrópico más rico del país en “un cascarón” en perjuicio de la sociedad poblana. 

En los tres procesos, los hermanos Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, así como su madre, Elodia Sofía de Landa Irizar, y su nieto Juan Guillermo Eustace Jenkins son señalados de haberse llevado casi la totalidad del patrimonio de la Fundación a paraísos fiscales para apropiarse la fortuna.

También se giraron órdenes de aprehensión en contra de los abogados Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Carlos Román Hernández, acusados de haber operado el entramado jurídico para desfondar al ente filantrópico.

El gobierno de Puebla promovió también un juicio civil para embargar cuentas y propiedades de los implicados en este caso a fin de garantizar la recuperación de los 720 millones de dólares que presuntamente desfalcaron. 

Y mientras existen versiones de que en cualquier momento podría solicitarse la extradición de los señalados –quienes al parecer se encuentran en California, Estados Unidos–, el martes 15 los Jenkins de Landa emitieron un comunicado en el que aseguran ser víctimas de una campaña de desprestigio “dolosa y falsa”.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2329 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 20 de junio de 2021.

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