TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Emboscadas, robo de paquetería electoral, secuestros de candidatos, enfrentamientos por disputas agrarias y marchas de normalistas que exigen la libertad de sus compañeros presos, tensan el ambiente electoral y ponen en riesgo la votación en algunas regiones de Chiapas, donde el próximo 6 de junio serán elegidos 123 alcaldes, 24 diputados locales y 13 diputados federales.

A pocos días de los comicios, unos 150 mil electores de cuatro municipios podrían estar en riesgo de no votar debido a la conflictividad que se desató en diversas regiones de la entidad.

Los focos rojos se encendieron en municipios como Venustiano Carranza, Aldama, Pantelhó, Tila, Oxchuc, Honduras de la Sierra y Siltepec. Añejos conflictos no resueltos, como los de Aldama y Venustiano Carranza, siguen vigentes y otros explotaron por la efervescencia electoral chiapaneca.

Hasta el martes 25, el Instituto Nacional Electoral (INE) tenía el reporte de que de no se instalarán 70 casillas en Oxchuc. Si bien es el único municipio del estado que elige a sus autoridades municipales por la vía de los usos y costumbres, el derecho a votar para diputado federal no lo ejercerán 37 mil 899 electores.

Otras ocho casillas más no se instalarán en el municipio de Honduras de la Sierra, correspondiente al distrito electoral 11 de Huehuetán, y 12 casillas (de un total de 89) no se instalarán en el municipio de Tila.

Según Arturo de León Loredo, delegado del INE en Chiapas, en Venustiano Carranza “están en riesgo 38 casillas por el conflicto social que prevalece en el municipio”.

Se trata de un viejo conflicto agrario. Comuneros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-Casa del Pueblo) mantienen una disputa con comuneros de la Alianza San Bartolomé de Los Llanos. La segunda es una escisión de la primera. Sus integrantes fueron expulsados en los ochenta. Si bien los de la OCEZ-Casa del Pueblo dejaron poco más de 11 mil hectáreas de su territorio a la Alianza San Bartolomé, los primeros acusan a los segundos de que se han extendido más allá de lo autorizado originalmente.

Una tercera organización, la OCEZ-Región Carranza, se adhirió a la OCEZ-Casa del Pueblo e hizo suya su demanda. Ambas organizaciones controlan la cabecera municipal de Venustiano Carranza y sus principales accesos. Han puesto retenes y cerrado negocios, bancos e instituciones públicas municipales y estatales. Los alimentos y la gasolina escasean.

La cabecera parece un pueblo fantasma cuando la OCEZ-Casa del Pueblo impone prácticamente un toque de queda. Eso ha impedido capacitar a los funcionarios de casilla, por lo que unos 46 mil 800 electores podrían quedarse sin votar para alcalde, diputados locales y federales.

En menos de un mes fueron asesinados a balazos dos integrantes de la OCEZ-Casa del Pueblo. Por su parte, la Alianza San Bartolomé y OCEZ-Región Carranza denunció la muerte de tres de sus integrantes. Acusa de ello al cacique político local, Jesús Alejo Orantes Ruiz, a quien vincula con la Alianza San Bartolomé los Llanos.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2326 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.