La delegada estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Martha Ávalos Salazar, en entrevista con Proceso, denuncia la aprobación del Congreso que faculta a los municipios de la entidad para decidir qué es un inmueble histórico, contraviniendo la competencia federal. La medida, tomada a espaldas del INAH, “sólo favorece a intereses oscuros de diferentes administraciones municipales” en beneficio de desarrollos inmobiliarios. La Asamblea de Participación Ciudadana del Barrio Antiguo de Monterrey apelará al gobernador para la revocación.

Monterrey, NL  (Proceso).- Una nueva ley, recientemente aprobada en el Congreso de Nuevo León, le otorga a los municipios la facultad para determinar cuáles monumentos históricos en la entidad pueden ser demolidos o preservados.

Pero la iniciativa, que se encuentra en revisión en el Gobierno del Estado, ya fue rechazada por Martha Ávalos Salazar, delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para quien los ayuntamientos carecen de personal especializado para hacer una clasificación adecuada.

Además, dice, hay un evidente interés por fomentar los desarrollos inmobiliarios, como ocurre actualmente en el Barrio Antiguo (BA) de esta ciudad, donde ya son erigidos edificios departamentales en sitios donde había reliquias arquitectónicas.

En entrevista, la directora estatal del INAH desde enero de 2019 informa que no fue consultada por los diputados locales para la creación de la llamada Ley del Catálogo del Patrimonio Histórico Cultural Municipal, presentada por la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) en febrero de 2021 y aprobada el 28 de abril posterior.

Señala que en las áreas de Desarrollo Urbano de los municipios “no tienen idea” de lo que es un monumento histórico, y, por lo que ha visto, ningún interés en su preservación, pues lo que buscan es demoler los edificios que debieran ser preservados, y proceden amparados en la ley pero sin conocimiento de la materia, lo que representa un grave peligro de daño cultural.

Lamenta:

“Es una farsa, porque una ficha de catálogo no necesariamente protege un inmueble, pues sólo lo identifica. Las leyes protegen el patrimonio y ahora se inventan una Ley de Catálogo, para que digan que este sí es y este otro no es histórico, y al que dicen que no, que se lo lleve…

“Porque yo les puedo demostrar, como INAH, que un edificio es histórico, aunque ellos digan lo contrario. Pero ellos me van a decir que la nueva ley municipal les permite a ellos catalogar, y lo que determinen que no es histórico, demolerlo.”

Luego de la aprobación de esa ley, el INAH hizo llegar a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso local un escrito con una serie de observaciones sobre las imprecisiones y ambigüedades que contiene el dictamen que recibió inicialmente, dado que no existe a nivel nacional una Ley de Catálogo.

Cuestiona el Capítulo 5, donde se señala que “cada Municipio deberá contar con una Comisión del Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio”, para auxiliar al Ayuntamiento en la elaboración del catálogo aunque, según la institución, dicho artículo “carece de perfiles y requisitos para ser integrante de la comisión”.

Y al referirse, en el 6, a las facultades de la Comisión, señala que son ambiguas, pues no se establecen los parámetros para determinar qué bienes tienen valor patrimonial.

El artículo, a su vez, indica que “los integrantes de la Comisión del Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio desempeñarán su función de forma honorífica por un plazo de tres años, pudiendo ser estos servidores públicos municipales”, lo cual, como asienta en las observaciones, al integrar a personas que carecen de perfil y conocimientos técnicos y legales, “sólo favorece a intereses oscuros de diferentes administraciones municipales”.

La directora del INAH-NL dice que éste no se opone a que los municipios ayuden a catalogar, pues actualmente hay enlistados unos mil 600 inmuebles históricos en la entidad y faltan por registrar más del doble, pero aun cuando los alcaldes se comprometen a ello, no dicen cuándo ni proceden en la tarea.

En el caso del Barrio Antiguo de Monterrey, ubicado al costado poniente de la Presidencia Municipal (centro de la ciudad), no hay una cantidad determinada aún de afectaciones, pero se puede identificar que en cada sitio donde hay planchas de estacionamiento, había una construcción que debió ser preservada, dice Ávalos. Además, apunta que los estacionamientos no debieran estar permitidos ahí, de acuerdo al reglamento de la zona.

El Barrio Antiguo está ubicado en delimitaciones de la avenida Constitución y las calles Doctor Coss y Padre Mier; a su lado está el Barrio Santa Lucía, que va de las calles Padre Mier a 5 de Mayo, y de Doctor Coss a Félix U. Gómez. Juntos conforman el Centro Histórico de la zona metropolitana.

La delegada, quien cursó maestría en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, anticipa un “pleitazo” entre el INAH y los municipios, pues el instituto ya pidió al gobernador de Nuevo León que vetara la ley promulgada, que hasta ahora no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado, lo que la haría entrar en vigor.

Para la especialista, el problema con esta ley es que contiene ambigüedades inaceptables, pues no se establece, de entrada, qué es patrimonio histórico, que en la legislación federal se refiere a construcciones levantadas entre los años 1500 a 1900.

“Esta ley propuesta no trae conceptos claros, y en esta ambigüedad entran desarrolladores, particulares, moches. Lo que quieren es dejar manos libres a los municipios y dejarnos de lado al INAH, porque somos bastantito latosos”, explica.

Muestra el caso de un desarrollo inmobiliario proyectado en la calle Padre Mier, en el Barrio Antiguo, denominado Vía Zócalo, un sitio que hasta hace pocos años era una plaza comercial con algunos antros y en el que ahora la empresa desarrolladora DM/D busca construir edificios.

La funcionaria federal cuestiona al Congreso local por haber aprobado la ley en los últimos días del periodo de sesiones, cuando sin duda había otros asuntos más importantes que, se supone, debieron haber desahogado. Cuando el INAH se enteró de esta aprobación –enfatizó Ávalos Salazar– ya no podía maniobrar para oponerse:

“A fin de cuentas, todos los partidos traen el mismo rollo urbano, que es convertir el área metropolitana, según ellos, en Nueva York, con desarrollos verticales en todos lados de una manera desordenada. No estoy en contra de estos desarrollos, pero no seamos tan rancheros como para no poder conservar un Centro Histórico.”

Para los vecinos del área, declarada zona protegida desde 1989, su esperanza es que el gobernador vete la ley, debido a su poder de jefe del Ejecutivo, asienta a su vez Gerardo Ramírez Chávez, presidente de la Asamblea de Participación Ciudadana del Barrio Antiguo, quien reside en el sector y tiene ahí una galería.

Considera inútil la función de catalogación aprobada por el Congreso estatal, pues esta labor ya está determinada en la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León, promulgada en diciembre de 1991, donde se establece, en el artículo 16, VIII, que son las Juntas de Protección y Conservación las encargadas de “elaborar catálogos e inventarios de los bienes comprendidos en las declaraciones de adscripción o de zona protegida”.

Y el artículo 23 de la misma ley refiere que “los Comités Técnicos de protección serán órganos de asesoría de las Juntas de Protección y Conservación de los Patronatos Locales de Protección y deberán emitir los dictámenes y formular los proyectos que aquellos les encomienden sobre: III.- La ejecución de obras o trabajos en los monumentos o zonas a que se refiere la fracción anterior”.

Explica:

“Lo que nosotros haremos es apelar al poder del gobernador Jaime Rodríguez para que deseche esta ley, porque contraviene a la que ya existe de Patrimonio Cultural y le da manga ancha al municipio. Así como Vía Zócalo, hay otros cinco desarrollos inmobiliarios en el Barrio Santa Lucía que violentan la Ley de Patrimonio, y ya se está construyendo ahí.”

Recuerda que la Ley de Patrimonio Histórico fue creada para prevenir depredaciones arquitectónicas, como la que ocurrió con la construcción de la Macroplaza, de Monterrey, inaugurada en 1984, y en la que fueron demolidas 40 hectáreas.

Cuando fue aprobada la actual iniciativa, la diputada de Morena Mariela Saldívar la cuestionó desde la tribuna del Congreso local señalando sus deficiencias y duplicidad con las que ya hay a niveles estatal y federal. Fue propuesta cuando ella era aún legisladora del MC, y entonces borró su nombre del documento para manifestar su desacuerdo con el contenido.

“Me preocupa porque esta ley es como un lobo disfrazado con piel de oveja. Se vendió ante diputados en el Congreso como algo bueno que iba a aumentar el grado de protección al patrimonio histórico y cultural del Estado, y hasta proponía un fondo especial para la conservación. Pero los diputados y diputadas en su mayoría decidieron ignorar los señalamientos del INAH y de expertos como El Colegio de Arquitectos”, expone.

Esos apuntes de especialistas, advierte, indicaban errores como la invasión de competencias con las leyes existentes a nivel federal, y comprometían el poco patrimonio histórico que se conserva.

Por lo pronto, se observan ya las consecuencias de su aplicación en el Barrio Santa Lucía, precisa, donde fue creada una junta de vecinos encabezada por funcionarios municipales, donde habría conflicto de intereses al dar el visto bueno a demoliciones en sitios de posible valor histórico.

Reportaje publicado en el número 2326 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 30 de mayo de 2021.