LGBT

Una comunidad mundialmente acosada

Las cifras manejadas por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexo (ILGA) en su informe anual son impactantes.
domingo, 11 de julio de 2021

 París (Proceso).– Las cifras manejadas por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexo (ILGA) en su informe anual son impactantes.

La homosexualidad es ilegal en 69 de los 193 países miembros de la ONU, 67 Estados cuentan con disposiciones legales que penalizan los actos sexuales consensuados entre personas adultas del mismo sexo y en otros dos se da una criminalización de facto. La mayoría de estos países –32– son africanos, nueve son caribeños, 22 de Asia y seis de Oceanía. En total representan la tercera parte de los Estados del planeta.

En cinco de ellos –Brunéi, Irán, Mauritania, Arabia Saudita, Yemen, más 12 provincias del norte de Nigeria dominadas por Boko Haram– la homosexualidad sigue siendo punible con pena de muerte; otros cinco Estados –Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán y Somalia– podrían aplicar teóricamente esa misma sentencia, aun si no está explícitamente prevista por su legislación.

En estos últimos cinco Estados, si bien no existe plena certeza jurídica respecto a la pena capital, la alternativa en defecto de sentencia de muerte es siempre una disposición muy severa que prevé castigos corporales como flagelaciones –en ciertos casos públicas–, prisión o multas.

“Por lo tanto, esta incertidumbre no oscila entre criminalización y no criminalización, sino que concierne a la severidad de las penas impuestas”, recalcan los cinco autores del informe de 350 páginas, considerado un trabajo de referencia a escala internacional.

Esa rigurosa radiografía de las legislaciones adoptadas por todos los países en relación con la homosexualidad abarca datos nacionales oficiales, documentos de instituciones de la ONU y de organizaciones no gubernamentales internacionales, así como información de asociaciones locales.

Llama la atención el caso de los nueve países caribeños cuya legislación impone duros castigos a los homosexuales, a diferencia de lo que pasa en todos los Estados de América Latina, que legalizaron las relaciones sexuales consensuales entre adultos del mismo sexo.

Los códigos penales de Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Guyana prevén penas de cárcel que oscilan entre cinco y 15 años por el “delito de sodomía”, calificado de “abominable” por los legisladores de Jamaica y San Cristóbal y Nieves, países donde los gays se arriesgan a 10 años de trabajos forzados. En Barbados la Ley de Delitos Sexuales de 1992 dispone que “toda persona que comete sodomía puede ser condenada a cadena perpetua”. No se señalan, sin embargo, casos recientes de homosexuales sentenciados con esa pena extrema.

“La legalidad de los actos sexuales entre personas del mismo sexo que prevalece en 124 países no se puede interpretar como garantía de un entorno de vida más seguro para quienes tienen diversas orientaciones sexuales o identidades o expresiones de género. En numerosos Estados la estigmatización social sigue siendo alarmantemente alta”, advierten los expertos de la ILGA.

El informe demuestra que existe a menudo bastante diferencia entre el derecho y las prácticas. Prueba de ello es lo que pasa en varios Estados latinoamericanos.

En Chile las autoridades usan el artículo 373 del Código Penal que tipifica como delito ofender “el pudor o las buenas costumbres” para criminalizar a las personas LGBT, denuncian asociaciones de defensa de los derechos humanos.

Lo mismo pasa en Brasil, Costa Rica, El Salvador y Perú, donde disposiciones que penalizan actos “contra la moral pública” pueden otorgar a policías y jueces bastante margen para discriminar por motivos de orientación sexual.

En la República Dominicana el artículo 210 del Código de Justicia Policial prohíbe “la sodomía entre miembros de las fuerzas de la policía” y en Venezuela “los actos sexuales contra natura” son ilegales en el seno de las fuerzas armadas.

La regresión europea

Si bien se abrogaron las leyes que criminalizaban la homosexualidad en todos los países europeos, algunos Estados de Europa Central están tomando medidas discriminatorias contra los miembros de la comunidad LGBT so pretexto de proteger a los menores de edad de la homosexualidad. Estas iniciativas son peligrosas en varios aspectos, en particular porque asocian relaciones sexuales consensuadas entre adultos y pedofilia.

La Ley de Protección de los Niños contra la Información Perjudicial para su Salud y Desarrollo, promulgada en Bielorrusia en 2017, considera delito la difusión de toda información “que desacredite la institución de la familia y el matrimonio”. Pasa igual en Lituania, donde se castiga por ley a quien “difunda información que desprecie los valores de la familia, promueva un concepto diferente del matrimonio o de la formación de la familia”. El mismo tipo de leyes fueron aprobadas por el Parlamento de Rusia en 2013.

“Estas disposiciones legales se han empleado para procesar a activistas rusos y medios de comunicación LGBT por sus publicaciones, denegar permisos para organizar manifestaciones públicas sobre temas LGBT y bloquear páginas web relacionadas con el movimiento LGBT”, denuncian los investigadores de la ILGA.

Citan el ejemplo de una directora de festival de cine multada el año pasado por publicar la descripción de la película rusa Outlaw, con temática gay, en el sitio electrónico del festival.

Por su lado Vladimir Putin reiteró en varias oportunidades la necesidad de estipular claramente en la nueva Constitución rusa, actualmente en proceso de elaboración, que el matrimonio es la “unión entre un hombre y una mujer”.

En Polonia los esfuerzos del presidente Andrzej Duda por imponer leyes “antipropaganda LGBT” han sido obstaculizados hasta la fecha por el Poder Legislativo. Esa resistencia parlamentaria no impidió que 100 presidentes municipales que comparten las convicciones conservadoras del jefe de Estado proclamaran sus municipios como “zonas libres de LGBT y de ideología de género”.

En Hungría desde 2010, año del regreso al poder de Viktor Orbán, sumamente hostil a los LGBT, se han multiplicado las medidas homofóbicas.

En 2011 Orbán se adelantó a Putin al aprovechar la creación de una nueva Constitución para incluir en ella la definición del matrimonio como “unión de un hombre y una mujer”. El año pasado logró que se prohibiera por ley la adopción de niños por parejas homosexuales e impidió la inscripción en el Registro Civil del cambio de sexo y nombre de los transexuales.

El informe de la ILGA que cubre el año 2020 sólo menciona el proyecto de Ley Sobre Protección de Menores de Edad Contra Propaganda Sexual, promovido por Orbán.

Tal proyecto fue aprobado el pasado martes 15 por el Parlamento húngaro y está desatando controversias en la Unión Europea, a la que pertenece Hungría desde 2004 y cuya Carta Magna prohíbe toda discriminación en virtud de la orientación sexual.

“Esta ley va contra todos los valores fundamentales de la Unión Europea”, denunció indignada Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, mientras un número creciente de eurodiputados se van movilizando para exigir graves sanciones contra Hungría por los crecientes retrocesos en derechos civiles que se dan en ese país.

De hecho, el tema del respeto de los derechos de los LGBT está dividiendo política y culturalmente a la Unión Europea. Por un lado dirigentes de Europa Central forman un bloque ultraconservador y, por otro, sus pares de Europa Occidental se ven cada vez más preocupados por esa brecha ideológica.

A escala global los investigadores de la ILGA contabilizan 42 Estados en los que existen restricciones jurídicas a la libertad de expresión en cuestiones relacionadas con la diversidad sexual y de género y al menos 51 países con restricciones del mismo tipo para el registro y funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de los LGBT.

Asimismo mencionan el número muy reducido de Estados –11– cuya Constitución incluye específicamente la prohibición de la discriminación sexual: se trata de Sudáfrica (1994), Bolivia (2009), Cuba (2019), Ecuador (1998), México (2011), Nepal (2015), Malta (2014), Portugal (2004), San Marino (2019) y Suecia (2011). Fiyi estableció esa prohibición en 1997; luego la abrogó y la retomó en 2013.

Estados Unidos y Canadá no figuran en esa lista. Las constituciones de seis países europeos prohíben todo tipo de discriminaciones, incluyendo las sexuales, al igual que las de seis länder (estados) alemanes.

A finales de 2020 la ILGA identificó sólo a 57 Estados, 30% de los países miembros de la ONU, dotados de legislación que protege a los LGBT contra las discriminaciones sexuales. En cambio notó que 81 Estados les aseguran una protección laboral, lo que representa a la vez una paradoja y un progreso alentador, pues eran solamente 15 hace dos décadas.

También van creciendo los matrimonios “igualitarios” y las uniones civiles para parejas del mismo sexo; los primeros son legales en 28 Estados y las segundas en 35 países ubicados en su amplia mayoría en Europa y América Latina; destacan también Canadá y Estados Unidos así como Sudáfrica. 

Reportaje publicado el 4 de julio en la edición 2331 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.

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