Corrupción
El Sistema Anticorrupción de BC incomoda al gobernador
La titular de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública de Baja California, Vicenta Espinoza Martínez, ha operado para descabezar el Sistema Estatal Anticorrupción, que ha resultado incómodo para el gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez, sostienen los consejeros ciudadanos del organismo.
A finales de 2019, antes de que Jaime Bonilla Valdez asumiera como gobernador de Baja California, los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción denunciaron que varios integrantes de su equipo de transición presuntamente pidieron “moches” a empresarios del estado. A partir de entonces comenzaron los desencuentros y en menos de dos años ese organismo está descabezado, dicen los consejeros ciudadanos que lo conformaron. Ese socavamiento, comentan, es obra de Vicenta Espinoza Martínez, titular de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La titular de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública de Baja California (SHFP), Vicenta Espinoza Martínez, ha operado para descabezar el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), un organismo que ha resultado incómodo para el gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez, sostienen los consejeros ciudadanos del organismo.
Los desencuentros comenzaron antes de la toma de posesión de Bonilla, quien asumió el cargo el 1 de noviembre de 2019. Dos meses atrás, durante el periodo de transición, Rosendo Colorado García, operador político en Mexicali, señaló a Cynthia Gissel García Soberanes, futura secretaria de Bienestar en el estado, de estar implicada en la trama de una entrega de entre 24 y 28 millones de pesos por parte de empresarios a cambio de futuros contratos gubernamentales.
Las acusaciones sobre la presunta corrupción no sólo involucraban a Cynthia Gissel, también incluían al oficial mayor, Jesús Núñez Camacho –los dos dejaron sus cargos en diciembre de 2019–, y al secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano. Faltan tres meses para que concluya la administración de Bonilla y la SHFP no ha resuelto el problema, mientras que la Fiscalía General del Estado le dio carpetazo por no encontrar pruebas en la entrega de los millonarios recursos.
El 19 de diciembre de 2019 se suspendió una reunión donde se aprobaría el exhorto para investigar los “moches”, presuntamente solicitados por el gobierno bonillista a empresarios a cambio de futuros contratos y desde entonces el SEA no ha podido sesionar.
¿Qué responde a la acusación de que el gobierno descabezó el Sistema Estatal Anticorrupción?, se le pregunta a Espinoza Martínez, quien evade la respuesta con otra interrogante: “¿En estos tres años has visto que ha funcionado?”.
Y añade: “Se suspendió la reunión porque nunca se solicitó ante el órgano que se hiciera el exhorto. Simplemente lo querían imponer… Fue de las primeras sesiones que acudí y ahí nos percatamos que (el SEA) estaba fragmentado, que había problemas”.
El SEA, único ente autónomo del gobierno que abordaría el tema junto con la Unidad de Inteligencia Financiera, se frenó. La administración de Bonilla terminó de paralizarlo al remover al secretario técnico, suspender a la directora administrativa y a seis de los ocho consejeros ciudadanos que impulsaban la indagatoria.
