Pegasus Project

Para los abogados, ataques a sus celulares y acoso con tanquetas

Quienes litigaron contra el gobierno también fueron presas del espionaje de Estado descubierto por la iniciativa internacional Pegasus Project. Entre ellos se encuentran los números de abogados de despachos particulares, del caso Ayotzinapa y hasta un defensor del Chapo Guzmán, entre otros.
lunes, 26 de julio de 2021

Quienes litigaron contra el gobierno también fueron presas del espionaje de Estado descubierto por la iniciativa internacional Pegasus Project. Entre los 15 mil números telefónicos descubiertos en las bases de datos del programa de espionaje israelí usado en el sexenio de Enrique Peña Nieto se encuentran los de abogados de despachos particulares, del caso Ayotzinapa y hasta un defensor del Chapo Guzmán, entre otros. Los abogados Eduardo Amerena y Guillermo Barradas exponen el hostigamiento que padecieron ellos, familiares y colaboradores tras los intentos de intrusión a sus teléfonos.  

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Litigar contra el Estado mexicano convirtió a por lo menos una treintena de abogados penalistas y asesores victimales en posibles blancos de espionaje durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con una revisión realizada por Pegasus Project entre los 15 mil números telefónicos que fueron ingresados en la plataforma del software espía Pegasus para su operación en México.

Los intentos de infección fueron corroborados por Proceso mediante casi una veintena de mensajes de texto que los propios afectados resguardaron y entregaron a los periodistas mexicanos de Pegasus Project, los cuales cuentan con características similares a los que se han usado contra otras víctimas ya confirmadas del programa espía.

Los posibles objetivos del espionaje intrusivo con el spyware de NSO Group, el cual fue adquirido en México por la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ocurrieron entre septiembre de 2016 y junio de 2017, de acuerdo con los registros a los que tuvo acceso esta investigación periodística.

Al menos dos de los abogados consultados anunciaron que podrían presentar una denuncia penal ahora que sus sospechas de espionaje se han confirmado, debido a que existió el propósito de vulnerar la confidencialidad que existe entre litigantes y defendidos, lo que a su vez representa una violación a los derechos humanos y contraviene la Convención de La Habana sobre las garantías que el Estado debe otorgar a los defensores de personas.

Una revisión de los datos telefónicos en poder de Pegasus Project –a los que tuvieron acceso en un primer momento Forbidden Stories y Amnistía Internacional– apunta a que la mayor parte de los intentos de infección contra los litigantes proviene de un cliente con características que corresponden al Cisen.

Los penalistas Eduardo Amerena y Guillermo Barradas explicaron a Proceso que los intentos de intrusión a sus comunicaciones privadas coincidieron con acciones de seguimiento físico en su contra realizadas por agentes del Cisen. Barradas denunció que el hostigamiento incluyó el envío de elementos de la Armada de México tanto a su despacho como a su domicilio privado.

Sin embargo, otro de los perfiles que pudo haber intentado dichas infecciones corresponde a la entonces PGR (actualmente fiscalía), cliente que los periodistas de Pegasus Project lograron identificar con mayor precisión gracias a un oficio en el que se solicita la intervención legal de un número telefónico que también aparece entre los 15 mil blancos seleccionados en México como posible objetivo de espionaje de la plataforma Pegasus.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2334 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.

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