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El contrato irregular de Prodecon y Google México

En el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gigante de internet recibió un contrato por adjudicación directa, sin estudio de mercado que lo justificara, por lo que ya fue judicializado y un funcionario quedó vinculado a proceso. 
lunes, 5 de julio de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gigante de internet Google México recibió un contrato por adjudicación directa, sin estudio de mercado que lo justificara, por lo que ya fue judicializado y un funcionario quedó vinculado a proceso. 

José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, resolvió vincular a proceso a Guillermo Ignacio González Ávila –director general de Administración de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en el sexenio pasado– en la causa penal 197/2020, al determinar que otorgó indebidamente una adjudicación directa a Google Operaciones de México, S de RL de CV.

En la audiencia, el juez señaló que no se acreditó el estudio de mercado que exige la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público previo a la firma del contrato. Es decir, no existió la justificación de excepción a la licitación pública, de acuerdo con el abogado Ulrich Richter Morales, quien promovió la denuncia.

La vinculación a proceso fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República tras integrar una carpeta de investigación (FED/FECC/UNAI-CDMX/0000347/2019) por el posible delito de uso ilícito de atribuciones y facultades de la Prodecon.

Se trata del contrato Prodecon-SCCVT/080/2014, del 7 de abril de 2014, para el servicio de Banners en páginas web, que suscribió Guillermo Ignacio González Ávila con la apoderada y directora jurídica de la compañía tecnológica, María Andrea Valles Ibáñez, por un monto de 502 mil 220 pesos, sin previo estudio de mercado.

La denuncia de Richter también incluía a la hoy senadora panista Minerva Hernández Ramos, quien firmó el contrato en su calidad de subprocuradora de Cultura Contributiva y Relaciones Institucionales de la Prodecon, pero el juez sólo pidió la vinculación a proceso de González Ávila.

Este exfuncionario es licenciado en derecho, trabajó en la Prodecon de 2011 a 2017 y antes tuvo varios cargos en la Secretaría de Hacienda y el Servicio Postal Mexicano, durante los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.

“Es el primer caso en el que se relaciona a Google y sus servicios, en una licitación ahora sujeta a un procedimiento penal por posibles actos de corrupción sancionados en el artículo 217 del Código Penal Federal, por uso ilícito de atribuciones y facultades”, dice Richter. “Este fallo podría tener repercusiones en la legislación americana por ser Google Inc una de las principales accionistas de Google Operaciones de México S de RL de CV.” 

La reportera buscó la postura de la empresa trasnacional a través de Ricardo Zamora, gerente de comunicación de Google México, pero éste indicó que no tenían comentarios al respecto.

En marzo pasado Richter ganó en primera instancia una demanda por daño moral contra Google, luego que fue “omisa” al no retirar un blog que se aloja hasta la fecha en su servidor, y que durante años ha usurpado la identidad del litigante y ha divulgado información falsa sobre su persona.

Según el referido artículo 217, comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades el servidor público que ilícitamente “otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos”, y la pena será de seis meses a 12 años de prisión y de 30 a 150 días de salario mínimo de multa.

De la investigación por el contrato a Google se desprende que la partida presupuestal número 36201, para la campaña publicitaria de la Prodecon, ascendió a un total de 70 millones de pesos para diversas empresas, lo que representó 9% del presupuesto de la dependencia en 2014, el cual fue de 803 millones de pesos.

En tanto, Prodecon le pagó a la empresa propietaria del principal motor de búsqueda a nivel mundial un monto total de 502 mil 220.61 pesos en las facturas F320556, F320555 y F320554, por las cantidades de 49 mil 232 pesos, 352 mil 69.97 pesos y 100 mil 918.64 pesos. Todo ello por servicios de inserción de mensajes en internet, correspondientes a la campaña “Prodecon, por ti estamos aquí”.

No fue el único contrato que la Prodecon, con González Ávila como director administrativo, otorgó a Google Operaciones de México S de RL de CV. De acuerdo con una revisión en el portal de contrataciones gubernamentales Compranet, ese mismo año el gigante obtuvo otro contrato para el servicio de difusión de banners en página web, también por adjudicación directa, por 1 millón 167 mil 200 pesos. Es decir, con ambos contratos Google se embolsó de manera directa 1 millón 669 mil 700 pesos.

En total, el gobierno de Peña Nieto otorgó 14 contratos a Google México, todos por adjudicación directa, y cuyo monto total es de 24 millones 517 mil 803.40 pesos, según una búsqueda en el portal Compranet.

De hecho, en su denuncia Richter refiere que Alejandra Lagunes Soto Ruiz, actual senadora por el Partido Verde, habría sido el enlace entre Google y el gobierno de Peña Nieto.

De 2005 a 2008 Lagunes fue directora de ventas de Google México, más adelante trabajó en el mismo cargo pero en Televisa Interactive Media, para después dedicarse al marketing político, dirigiendo las campañas políticas digitales de los candidatos del PRI, especialmente del expresidente Peña Nieto. Por ejemplo, en 2011 se encargó de la estrategia digital de la campaña de Eruviel Ávila como candidato a gobernador en el Estado de México, y ya en el gobierno de Peña Nieto fue la coordinadora de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, de 2012 a 2017. 

Los otros contratos que Google México obtuvo en el gobierno de Peña Nieto fueron otorgados por la Secretaría de la Función Pública, Nacional Financiera, el IMSS y el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación, también para servicios de publicidad en internet. 

Texto publicado en el número 2331 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 4 de julio de 2021.

Respuesta de Google

Google México respondió que en todos sus actos se conduce conforme a la ley, luego que este semanario publicó que un juez vinculó a proceso a Guillermo Ignacio González Ávila, quien fue director General de Administración de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, al determinar que en 2014 otorgó indebidamente una adjudicación directa a Google Operaciones de México, S. de R.L., de C.V.

“En todos nuestros actos nos conducimos en estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en la legislación aplicable. En el caso de la contratación de servicios por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) con Google Operaciones de México, S. de R.L. de C.V., cumplimos con el marco legal aplicable, así como con los requisitos y características de las campañas solicitadas por la PRODECON conforme a lo establecido en el contrato correspondiente”, señaló un vocero de Google México en un comunicado que envió a la reportera.

Este domingo, Proceso publicó en su número 2331 la nota “El contrato irregular de Prodecon y Google México” en la que se informa que José Artemio Zúñiga Mendoza, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, vinculó a proceso a González Ávila al resolver que no se acreditó el estudio de mercado que exige la ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para hacer una excepción a la licitación pública.

Lo anterior a petición de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) tras integrar una carpeta de investigación (FED/FECC/UNAI-CDMX/0000347/2019), por el posible delito de uso ilícito de atribuciones y facultades de la Prodecon.

El contrato en cuestión fue por un monto de 502 mil 220 pesos para el servicio de banners en páginas web, suscrito entre la Prodecon y la directora jurídica de la compañía tecnológica, María Andrea Valles Ibáñez.

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