El Anexo 23 del Capítulo Laboral del T-MEC abre la puerta a los sindicatos de Estados Unidos y Canadá para bombardear a México con demandas de revisiones obrero-patronales, como las que el país enfrenta en los casos de General Motors en Silao y Tridonex en Matamoros. Consultados al respecto, especialistas en estos temas exponen los puntos débiles del gobierno mexicano para hacer frente al problema, entre ellos la lenta puesta en marcha de la reforma laboral y la operación de funcionarios inexpertos.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- A un año de la actualización del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la economía más poderosa del mundo ya llevó a nuestro país ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) que está incluido en el acuerdo comercial.

Presionado ante futuras solicitudes de revisiones obrero-patronales, como es el caso de las plantas de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato, y Tridonex en Matamoros, Tamaulipas, y una lenta puesta en marcha de la reforma laboral, el gobierno mexicano participa en ese mecanismo con funcionarios improvisados, a diferencia de sus pares estadunidenses.

La carencia de experiencia de la parte mexicana no es asunto menor ante la tradición proteccionista del gobierno estadunidense en materia comercial, mucho menos frente a la promesa de su presidente, Joe Biden, de apoyar incondicionalmente a los sindicatos de su país, a los que se les atribuye “la creación de la clase media estadunidense”, según un artículo del Chicago Tribune del 13 de mayo último.

De hecho, el Anexo 23 del Capítulo Laboral del T-MEC, donde se establece el MRR, fue impulsado por el ala demócrata –partido de Biden– del Congreso estadunidense, integrándolo en el Protocolo Modificatorio negociado a finales de 2019 por el entonces subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade Kuri.

Kenneth Smith Ramos, socio de la consultoría Agon-Economía-Derecho-Estrategia, e inicial jefe de la negociación técnica del T-MEC, advierte en entrevista con Proceso:

“El gobierno de Estados Unidos fue cuidadoso de tomarse el tiempo para analizar cualquier evidencia que le presentaran los sindicatos y estar seguro de que casos como los de General Motors y Tridonex se pusieran sobre la mesa y pasaran la prueba de la risa, es decir, que no pudieran ser descartado fácilmente, porque lo que suceda en estas primeras controversias de alguna manera marcará la tónica de cómo va a ser la relación dentro del T-MEC en materia laboral.”

También maestro en economía internacional por la Universidad Johns Hopkins, School of Advanced International Studies, considera que el capítulo laboral en cuestión es el más avanzado de la relación comercial de América del Norte.

“Ya estaba cerrado en la negociación original. Sin embargo, la Cancillería, bajo la administración del presidente López Obrador, aceptó medidas adicionales por presión de los demócratas para obtener el voto favorable en el Congreso de Estados Unidos, lo cual abre la puerta para que los sindicatos estadunidenses encuentren un terreno fértil para lanzar cualquier cantidad de demandas y ver cuál pega.”

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2331 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.