Desde la instalación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2016, los magistrados electorales tuvieron divisiones, que escalaron a desencuentros y, tras las presiones políticas del reciente proceso electoral, estallaron en una crisis que botó de la presidencia de esa instancia jurisdiccional al magistrado Javier Vargas Valdez. La situación es aún más delicada porque desde el Ejecutivo, el Legislativo y la propia Suprema Corte se perfilan distintas ideas de cómo resolver el conflicto.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Promovida por sus pares, la destitución de José Luis Vargas Valdez como presidente del TEPJF refleja un largo proceso de desencuentros entre magistrados en el que convergen las acusaciones por enriquecimiento inexplicable, una historia profesional destacada en áreas y momentos oscuros, así como su desempeño en el órgano jurisdiccional caracterizado por servir siempre al grupo de poder en turno.

“Crisis constitucional”, según el propio Vargas; “crisis institucional” según el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, en sus referencias del jueves 5, luego de que los desencuentros entre los siete magistrados de la Sala Superior desembocaran en una votación para destituir, en ausencia, a su presidente.

En un contexto recargado de litigios pendientes y con la premura de resolver los relacionados con la elección de diputados federales (entrarán en funciones el 1 de septiembre), la crisis detonó en el análsis de Michoacán, donde un distrito fue anulado y la elección de la gubernatura está impugnada y se perfila la nulidad, a diferencia de otros casos en los que Vargas Valdez intentaba dar carpetazos y ejercía una torpe presión que lo confrontó con la mayoría de sus colegas.

La versión pública del conflicto se expuso el 28 de julio, en medio de una discusión sobre el proyecto de la magistrada Mónica Soto respecto de un tema de paridad de género en la integración del órganismo electoral local de Tamaulipas. Asunto menor en la agenda del tribunal que, sin embargo, dio pie al enfrentamiento verbal cuando Vargas Valdez repuso a un dicho de la magistrada Soto, su aliada, sobre un previsible voto a favor de su proyecto, que él no votaba en manada.

Fue Janine Otálora Malassis, a la postre figura central en la rebelión del miércoles 4, quien reclamó a Vargas la expresión, exigiéndole respeto a los pares: “No somos una manada ni integrantes de una manada. Nuestros votos, el mío, el de, me parece, de todos, son votos fundados, son votos independientes”.

El atisbo de disculpa de Vargas Valdez durante la sesión fue insuficiente y, en la sesión del miércoles 4, fuera del orden del día, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña pidió revisar su desempeño, propuesta que respaldaron los magistrados Janine Otálora, Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez e Indalfer Infante: una mayoría de cinco ante la oposición de Mónica Soto y el propio Vargas Valdez, quien alegó falta de fundamento legal para aceptar la propuesta y suspendió la sesión. Vargas se había quedado prácticamente solo.

Los magistrados electorales exigieron públicamente la reanudación de la sesión.

Hasta donde se sabe, Vargas Valdez no respondió la petición de sus cinco colegas, por lo que Otálora Malassis convocó la reanudación, en su calidad de decana y ante la ausencia injustificada del primero. Atendieron el llamado los cinco mencionados, una mayoría que resolvió la destitución, la designación momentánea de la propia Otálora y la elección de Reyes Rodríguez.

Tres presidentes en un mismo día, con las miradas públicas puestas sobre Vargas Valdez, magistrado polémico por su desempeño en el órgano jurisdiccional, por su trayectoria y especialmente por su riqueza inexplicable y los señalamientos de corrupción, aludidos con insistencia por los propios magistrados, como Otálora.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2336 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.