Chiapas

Pantelhó, de las autodefensas a los desaparecidos

Este pueblo es apenas una muestra de lo que ocurre en toda la región indígena chiapaneca, donde los grupos del crimen organizado y el poder político municipal se han fusionado desde hace años.
miércoles, 11 de agosto de 2021

El hartazgo ante los violentos cacicazgos de las zonas indígenas de Chiapas –situación denunciada desde hace tres años por la diócesis de San Cristóbal– hizo crisis el pasado 7 de julio, cuando la población de Pantelhó se rebeló y formó el grupo de autodefensa Los Machetes, para oponerse a la violencia del grupo de los Herrera. Ahora la situación se complica, cuando más de 20 personas de ese grupo caciquil están en calidad de desaparecidas.

PANTELHÓ, Chis. (Proceso).- Este pueblo es apenas una muestra de lo que ocurre en toda la región indígena chiapaneca, donde los grupos del crimen organizado y el poder político municipal se han fusionado desde hace años.

Desde el 25 de mayo de 2018 la diócesis de San Cristóbal de Las Casas alertó de lo que se veía venir; en una primera carta señaló que en la región indígena de los Altos, Norte, Selva y Sierra de Chiapas se habían posicionado grupos ligados a actividades ilícitas y se habían entremezclado ya con cuestiones político-electorales para el control de municipios y del territorio.

El documento –firmado por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez y el entonces vicario de justicia y paz, Gonzalo Ituarte Verduzco– confirmaba “la existencia y actuación de grupos armados ilegales al servicio de caciques y otros poderes en muchos municipios de los Altos de Chiapas”.

“La población tiene miedo o desconfianza a denunciar ante las autoridades, pues se duda que actúen en defensa de los intereses del pueblo o hasta pongan en riesgo a los denunciantes”, decían obispo y vicario.

Y eso pasaba: cualquiera que se atreviera a denunciar a los Herrera en Pantelhó era amenazado y obligado a retirar su denuncia o a abandonar su casa y sus tierras… o eran asesinados.

En cartas como esa del 25 de mayo de 2018 se insistió en la existencia de esos grupos civiles armados y de cómo los partidos políticos dividían y confrontaban a las comunidades indígenas, que antes vivían en unión y armonía.

En otra carta, ahora del 27 de mayo de 2019, el Comité Diocesano de la Pastoral Social de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, pedía al gobierno de Andrés Manuel López Obrador atender los problemas de los pueblos indígenas y “no repetir los vicios de sexenios anteriores”.

En el documento –en el que abundaron sobre los riesgos de los megaproyectos–, solicitaron la aplicación de programas y recursos para unir y fortalecer los lazos comunitarios y no para dividirlos y confrontarlos.

Expresiones como el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, formado por feligreses de 14 de los municipios de esta diócesis, se crearon para enfrentar y denunciar, entre otras cosas, la acción de grupos que amenazaban sus territorios.

El 23 de abril de 2020 de nueva cuenta el obispo Aguilar y su entonces vicario de justicia y paz, Jose Luis Bezares Selvas, denunciaron las amenazas de grupos civiles armados contra personajes como el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis, quien es identificado como un fiel acompañante de los pueblos y comunidades organizadas. 

En esa ocasión alertaron de los riesgos de grupos civiles armados y la violencia que generaban entre los pueblos y las comunidades de los municipios de la región tsotsil, como Chenalhó, Aldama, Simojovel, Chalchihuitán, Pantelhó, Chamula, Amatán, El Bosque y Huitiupán.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2336 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 8 de agosto de 2021.

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