CDMX

Multihomicidio en Narvarte: justicia a cuentagotas

Ahora la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México­ enfoca más sus indagatorias hacia la delincuencia organizada, la trata de personas y el narcotráfico que a la vinculada con la persecución política desde Veracruz contra la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.
jueves, 5 de agosto de 2021

A seis años del multihomicidio en la colonia Narvarte –que cobró la vida de la activista Nadia Vera, del fotoperiodista Rubén Espinosa y de tres mujeres más–, sus familiares y abogados lamentan que la justicia haya sido lenta. Hasta ahora, dicen, han sido sentenciados dos de los tres detenidos. Y aunque reconocen los avances en los últimos meses, piden a la fiscal Ernestina Godoy ir por otros presuntos implicados, así como por Rodolfo Ríos, quien era procurador en esa época, y sus subordinados. E insisten en que no se deje de lado la presunta participación del exgobernador Javier Duarte.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 31 de julio se cumplieron seis años del multihomicidio de cuatro mujeres y del fotoperiodista Rubén Espinosa en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez. Ahora la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX)­ enfoca más sus indagatorias hacia la delincuencia organizada, la trata de personas y el narcotráfico que a la vinculada con la persecución política desde Veracruz contra la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.

Además, aunque los abogados de los familiares de las víctimas –la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la modelo Mile Virginia Martín, la maquillista Yesenia Quiroz, la activista Nadia Vera y Rubén Espinosa– señalaron desde el principio la presunta participación de otras personas en el crimen, las autoridades apenas lo admitieron; incluso ya las identificaron, pero no las han detenido.

El 20 de mayo pasado, la juez 25 de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Hermelinda Silva Meléndez, dictó sentencia de 315 años de prisión y aplicó una multa de 57 mil 708 pesos a César Omar Martínez Zendejas. 

El inculpado es el segundo de los tres presuntos autores materiales detenidos que recibe sentencia –el primero fue Abraham Torres Tranquilino–; el único que falta está amparado bajo el argumento de que, al momento de su detención, fue torturado.

Los familiares de las víctimas piden a la titular de la FJGCDMX, Ernestina Godoy Ramos, la obtención de pruebas contundentes que descarten las otras líneas de investigación y que se castigue a los responsables de la fiscalía capitalina por las múltiples irregularidades en la investigación, en particular durante la gestión del entonces procurador Ríos.

Ello incluye a sus subalternos Edmundo Garrido, Raúl Peralta y Marco Reyes; este último, fiscal de homicidios cuando ocurrieron los crímenes, respondió que la exigencia de saber el móvil era “una exquisitez”. Y los agraviados insisten: mientras ese móvil no se conozca, ellos seguirán pidiendo justicia.

En pie de lucha. Foto: Octavio Gómez

Segunda sentencia 

Lo ocurrido la noche del viernes 31 de julio de 2015 en el departamento 401 del edificio 1909 de la calle Luz Saviñón, colonia Narvarte, fue uno de los multihomicidios más violentos en la historia reciente de la CDMX; incluso tuvo repercusión internacional, pues una de las víctimas era fotoperiodista, y otra, activista proderechos humanos.

La antigua procuraduría capitalina fue negligente en las indagatorias, por lo que los familiares de las víctimas y sus abogados solicitaron a la FGJCDMX y a su titular un análisis de contexto para definir líneas de investigación.

Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica y abogado de la familia del fotoperiodista –quien era colaborador de AVC Noticias y Proceso–, asegura: “En este año ha habido algunos avances en el sentido de que se hizo un análisis de contexto y un análisis de inteligencia por parte de la Policía de Investigación para fortalecer o descartar las líneas de investigación que están abiertas”. 

En entrevista, Maldonado admite: “No estamos en la misma situación de hace un año, pero se mantiene nuestra exigencia de ya dar resultados. Un elemento fundamental es el tiempo que ha pasado y que las víctimas siguen en zozobra por la falta de verdad y de justicia completas”.

Patricia Espinosa, hermana de Rubén y quien ha visto desfilar a cuatro fiscales de homicidios encargados del caso, es categórica: “La línea de investigación de Veracruz esta totalmente detenida. Nos dicen que ya están buscando a las personas precisas, pero han pasado seis años… no sé cuántos más vamos a esperar”.

Lamenta que, al igual que la pasada administración, ese tema tampoco lo ha tocado la fiscalía dirigida por Godoy Ramos. “No sé por qué, no sé si tienen miedo de algo. Ha sido una situación de cada año estar pidiendo (incluir la línea) Veracruz. Nos dicen que sí, pero no nos dicen cuándo”. 

Maldonado confía en que ahora que los gobiernos de la CDMX y de Veracruz son del mismo partido político –Morena–, pueda haber una “colaboración de alto nivel” entre sus autoridades procuradoras de justicia para hacer un intercambio diligente de información. 

El pasado 20 de mayo –dos meses antes de cumplirse el sexto aniversario del crimen– la juez Silva Meléndez sentenció a César Omar Martínez Zendejas a pasar 315 años en prisión y a pagar una multa de 57 mil 708 pesos por el multihomicidio. 

El 19 de enero de 2017 la misma juzgadora sentenció a Abraham Torres Tranquilino con igual condena. El expolicía capitalino habría sido quien facilitó la entrada de los asesinos al departamento, pues Mile era su amiga. Presuntamente ella les abrió la puerta aquel 31 de julio de 2015. 

Daniel Gutiérrez Pacheco fue el primer detenido, el 5 de agosto de ese mismo año, y quien mencionó a los otros dos autores materiales. Sin embargo, es el único que falta por sentenciar, pues está protegido por un amparo que solicitó bajo el Protocolo de Estambul. 

En su primera declaración, Gutiérrez Pacheco dijo que el golpe que tenía en el ojo se lo hizo al subir a la patrulla; después señaló que fue torturado.

Leopoldo Maldonado agrega que la decisión de la juez “no recupera ni incorpora los más altos estándares de reparación del daño… Es muy acotada, muy limitada y no termina de incorporar los avances que hay en el derecho mexicano con base en los derechos humanos”. Por ello, añade, la defensa se inconformó. 

Además, falta identificar y detener a otros posibles autores materiales –hay indicios de un cuarto agresor–; así como a los intelectuales, además de los grupos de la delincuencia organizada presuntamente involucrados. Otro pendiente es investigar y sancionar penal y administrativamente a las autoridades responsables de las múltiples irregularidades de la investigación. 

Familiares de las víctimas lamentan que se haya cumplido otro aniversario de los cuatro feminicidios y del homicidio de Rubén sin que la FGJCDMX haya resuelto el caso y les garantice su derecho a la verdad y la justicia. 

Godoy Ramos. Apoyo, pero lento. Foto: Miguel Dimayuga

“Tengo mucha impotencia y coraje porque ahora vemos que este crimen se pudo haber resuelto pronto. No debieron pasar seis años para que se viera un poco de luz. ¿Por qué no lo resolvieron?, ¿por qué ocultaron cosas? Se perdieron muchas evidencias y personas que pudieran dar sus testimonios”, afirma Indira Alfaro, madre de Yesenia Quiroz. 

Gabriela Mejía, hija de Alejandra Negrete, comentó la semana pasada: “En la última reunión nos sorprendimos todos. Hubo cosas que dije: ‘¡Tantos años y no pudieron hacer nada!’. Pero como ya se acerca el aniversario, nos dicen que tienen nuevas cosas”. 

Recuerdan que en agosto de 2020 se reunieron con Godoy, quien mostró “buena disposición” e instruyó al fiscal de Homicidios, Ernesto Gómez Saure, a “estar abiertos” a las propuestas de familiares y de abogados coadyuvantes. Les prometió reunirse de nuevo con ellos, pero eso no ha ocurrido. 

En su Recomendación 4/2017, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sugirió a la autoridad hacer actos de memoria de las víctimas. Sin embargo, los familiares comentan que las propuestas que ellos han hecho no son aceptadas y las que les ofrecen “no les hacen sentido” ni a ellos ni al recuerdo de sus seres queridos. 

Por ejemplo, han pedido pintar murales alusivos en bardas cercanas al edificio de Narvarte, pero las autoridades les ofrecen espacios a kilómetros de distancia. Les ofrecieron nombrar a uno de los Pilares (Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes) como “Víctimas del Caso Narvarte”, pero Gabriela Mejía ataja: “¡Eso, en vez de ayudar, nos revictimiza más! Queremos que se reconozca a cada víctima por su nombre”. 

Recientemente, dice, les ofrecieron hacer un acto de memoria en el Faro Cosmos, pocos días antes de su reinauguración, pero sintieron que los querían usar por la coyuntura. Patricia Espinosa recuerda que el año pasado, después de la campaña “Voces por la Narvarte”, en la que participaron algunos artistas reconocidos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreció reunirse con las víctimas, “pero hasta ahorita no hemos tenido ningún acercamiento con ella”.

Desde el pasado 8 de julio Proceso solicitó a la fiscalía una entrevista para hablar sobre los avances del caso, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta. Ello en contradicción con el reiterado discurso de Godoy en el sentido de combatir los feminicidios y dar prioridad a las víctimas.­ 

Reportaje publicado en el número 2335 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 1 de agosto de 2021.

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