Hidalgo

Gerardo Sosa la libra por defraudación fiscal

Gerardo Sosa Castelán se adjudicó un triunfo legal, luego de que se publicó un acuerdo según el cual no sería vinculado a proceso por defraudación fiscal. Pese a ello, el líder del grupo La Sosa Nostra continuará en El Altiplano por otra causa penal.
sábado, 25 de septiembre de 2021

A principios de septiembre, Gerardo Sosa Castelán se adjudicó un triunfo legal, cuando en los estrados digitales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se publicó un acuerdo según el cual no sería vinculado a proceso por defraudación fiscal. Pese a ello, el líder del grupo La Sosa Nostra continuará en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano por otra causa penal en la que le imputan operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. No obstante la reclusión de su líder, el grupo mantiene su poder intacto y algunos de sus integrantes ya están atentos a los comicios para la gubernatura de 2022 en Hidalgo.

PACHUCA, Hgo. (Proceso).– Gerardo Sosa Castelán, líder del grupo La Sosa Nostra –aliado político del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)– ganó un round a la Fiscalía General de la República (FGR) al librar un proceso por defraudación fiscal.

El Ministerio Publicó arguyó que el expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) simuló pruebas para justificar depósitos millonarios no reportados al Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero la jueza de control del caso determinó que no había elementos de prueba suficientes.

Aunque la parte acusadora apeló esta primera resolución, el siguiente fallo fue en el mismo tenor: la no vinculación a proceso del político que durante más de cuatro décadas ha mantenido el control de la UAEH. No obstante, Sosa Castelán sigue preso en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano por otra causa penal (263/2020), en la que le imputan operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La FGR, por denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inició contra Sosa una carpeta por el probable delito de defraudación fiscal equiparada, que derivó en la causa penal 237/2020.

Con base en la imputación que presentó ante la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, en funciones de jueza de control, la fiscalía acusó que, de acuerdo con un rastreo a sus cuentas, el político hidalguense consignó ingresos menores a los realmente obtenidos en 2017.

En su declaración anual de aquel ejercicio fiscal, presentada el 8 de mayo de 2018, Sosa Castelán manifestó que tuvo saldos acumulables por sueldos y salarios por 2 millones 666 mil 48 pesos; no obstante, a través de informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB), la FGR observó que ese año recibió depósitos por 24 millones 987 mil 499 pesos con tres centavos, con lo cual omitió el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los 7 millones 792 mil 441.62 pesos.

Justificaciones tardías

El 22 de noviembre de 2019, mediante la operación complementaria número 190240119781, el exrector presentó su declaración con ingresos acumulables, los cuales aún eran menores a los realmente obtenidos. La FGR tomó en consideración esta fecha como la de “consumación del hecho del delito”, debido a que el acusado no reportó ante la autoridad los montos exactos que obtuvo, como estaba obligado, debido a que, según su constancia de situación fiscal como contribuyente, que data del 1 de enero de 2002, está inscrito bajo el régimen fiscal asalariado, con domicilio fiscal en la ciudad de Pachuca.

La omisión en el debido entero de impuestos que la FGR presentó como posible defraudación fiscal fue descubierta, según los alegatos de la audiencia inicial, por la autoridad fiscal el 20 de marzo de 2020. Al conocerlo, el líder de La Sosa Nostra –o Grupo Universidad, como también se le conoce– presentó una segunda declaración complementaria, el 9 de julio de 2020, es decir, casi dos meses después.

Para el Ministerio Público y el departamento jurídico de Hacienda, esta acción, que, remarcó, carecía de “espontaneidad”, ratificaba la presunta defraudación debido a que el político originario del municipio de Acaxochitlán, en los límites con la Sierra Norte poblana, intentó corregir su situación fiscal “aún y cuando la conducta delictiva ya había sido descubierta por la autoridad hacendaria”.

Además, para justificar los ingresos, la defensa del también expresidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo trató de justificar que el recurso derivó de un préstamo mutuo con intereses que le hizo un contador de nombre David Cervantes. La FGR acusó que se trataba de una “prueba” fabricada y una simulación para que el dinero que fluyó en las cuentas del exrector encuadrara, pero, al no presentar pruebas de su dicho, la jueza de control no le dio la razón.

Sutilmente, los abogados de quien fue líder de la extinta organización porril Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH) –génesis del poder político– buscaron, con esta supuesta operación financiera del préstamo, desvirtuar también las acusaciones por lavado de dinero que tienen a Sosa en el penal de máxima seguridad El Altiplano, debido a que el año (2017) coincide con parte del periodo (2011-2018) en el que la FGR acusa que La Sosa Nostra se convirtió en un grupo criminal dedicado a drenar las arcas de la Autónoma de Hidalgo a través de empresas fachada y triangulación de recursos mediante personeros, para que éstos terminaran en cuentas de la familia Sosa Castelán.

Lo anterior, porque la cantidad “es coincidente con el objeto material de estudio de una carpeta de investigación diversa a la que nos ocupa, instruida en contra de Gerardo Sosa Castelán, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada (263/2020)”, alertó la FGR.

El Ministerio Público de la federación y los asesores jurídicos de Hacienda insistieron en que la conducta desplegada por el imputado se tornó penalmente relevante al momento de presentar su declaración complementaria después de que supo que le imputaban una conducta ilícita, además de reiterar la duda sobre la supuesta justificación de los más de 20 millones que entraron a las cuentas bancarias del expresidente del Patronato de la UAEH, mediante una persona que le es afín.

El auto de no vinculación a proceso fue emitido en la continuación de la audiencia inicial del 3 de febrero de 2021 –cinco meses y tres días después de que el también exdiputado federal priista ingresara a la cárcel por la acusación de lavado, por la que fue detenido el 31 de agosto de 2020–. El recurso de apelación fue resuelto por el magistrado Federico Jorge Martínez Franco, titular del Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito, el 21 de abril (toca penal acusatorio 16/2021-16) y el acuerdo publicado en los estrados digitales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el viernes 3 de septiembre.

El magistrado Martínez Franco basó en dos principales razonamientos su decisión de no vincular a proceso al imputado: los contribuyentes tienen opción de hacer declaraciones complementarias y el plazo para esto no había vencido, más allá de que, al descubrir que había una imputación en su contra, Sosa intentara subsanar.

Segundo: la supuesta simulación de actos para justificar los ingresos millonarios que involucran al contador David Cervantes no fue probada por la fiscalía, por lo cual ese señalamiento no fue considerado, sin determinar si es cierto o no.

En esta parte, coincidió con la jueza de control, quien refirió que “al no existir una investigación formal para demostrar la simulación de actos, no podía dudarse sobre el préstamo mutuo con intereses”, además de reiterar que la información proporcionada por la fiscalía era insuficiente para esclarecer esos hechos.

El Ministerio Público, anclado en su argumento, acusó que contrario a lo que estimó la jueza de control, la segunda declaración complementaria no eliminaba la consumación del delito, ya que si bien la autocorrección fiscal es un derecho del contribuyente, “lo cierto es que esa corrección no fue espontánea, pues la omisión del debido cumplimiento de obligaciones fiscales había sido descubierta previamente”.

En esta resolución el magistrado observó que, con los argumentos vertidos, la defensa del líder máximo de la UAEH intentó desvirtuar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además del que atañe en la causa penal en estudio, que fue la omisión en materia fiscal; sin embargo, refirió que ambos son asuntos que deben tratarse por separado, por lo que no les dio la razón en ese sentido.

Las empresas y los

prófugos, a un año

Al tiempo que ganó un round, Sosa Castelán también recibió un golpe, al perder el amparo en revisión mediante el cual solicitaba cambiar la medida cautelar de prisión preventiva que le dictó el juez Gregorio Salazar Hernández al vincularlo a proceso la madrugada del 6 de septiembre de 2020, mientras se le investiga por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 848 pesos; por tal motivo, seguirá en El Altiplano.

Desde la detención del jefe de La Sosa Nostra –que la FGR definió como una organización criminal vertical dedicada a sustraer recursos de la Autónoma de Hidalgo– están prófugos Francisco Natalio Zamudio Isbaile, presunto operador financiero; su asistente, Anastasia Elizabeth Baños Baños, y las hermanas Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto, acusadas de recibir y ocultar dinero (Proceso 2291).

Las hermanas Sosa Cravioto y Zamudio Isbaile han intentado, a través de amparos que siguen en curso, desbloquear las cuentas bancarias que congeló la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como evitar que se cumplan las órdenes de aprehensión en su contra.

Además de ellos, la estructura política y financiera del Grupo Universidad, así como las empresas de su entorno íntimo pelean, mediante estos recursos legales, acceder a su capital y no ser detenidos.

En esta situación se encuentra la propia UAEH, que busca liberar las cuentas que le bloqueó la UIF tras una alerta internacional de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) por posible lavado de dinero; Estela Galindo Ortega, directora de Recursos Financieros de la casa de estudios, también con cuentas inhabilitadas por su posible implicación en el caso; Humberto Veras Godoy, exrector; Adolfo Pontigo Loyola, actual rector, y Saúl Agustín Sosa Castelán, quien busca protección ante cualquier orden de aprehensión, citación o presentación.

La empresa Uni Comercializadora, SA de CV, que tiene como apoderada legal a Laura Carrasco Martínez, subdirectora de Transferencia de Tecnología en la División de Investigación y Posgrado de la UAEH y esposa de David Villegas Balmori, ambos ligados a Sosa, interpuso un recurso de revisión contra la sentencia que dictó un juez federal para que sus cuentas bancarias se mantuvieran bloqueadas por las investigaciones de la UIF. Igualmente, busca ampararse Promotora Integral Innova, SA de CV, constructora del arquitecto Jesús Bravo Paredes, quien es referido en el caso Sosa por recibir contratos en la institución a cambio de proyectos para el líder de La Sosa Nostra (Proceso 2293).  

El poder intacto

La prisión no ha mermado el poder de La Sosa Nostra ni su alianza con el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El clan político tiene las diputaciones locales de José Antonio Hernández Vera (reelecto a través de Morena en el distrito de Tulancingo), Jorge Hernández Arau (Morena, Apan), Jesús Osiris Leines Medécigo (PT, Villas del Álamo) y Elvia Yanet Sierra Vite (PVEM, adherida al PT), amparados en la coalición Juntos Hacemos Historia.

A nivel nacional, por Regeneración Nacional este grupo consiguió la reelección de Lidia García Anaya, quien asumió la presidencia del Patronato de la UAEH –el órgano con el control financiero de la institución– cuando Gerardo Sosa fue vinculado a proceso, y de María Isabel Alfaro Morales, catedrática y exjefa del Departamento Tecnológico de la Autónoma de Hidalgo, quien contendió nuevamente por el distrito de Tulancingo.

El poder a través del partido de López Obrador lo mantienen Sosa Castelán y su grupo en vísperas de la elección para gobernador en el estado de 2022.  

Reportaje publicado el 19 de septiembre en la edición 2342 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.

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