Un plan ideado en las oficinas de Gabriel García, quien fuera poderoso coordinador de “superdelegados” de la Presidencia, desembocó en un intento de ceder a un particular, Alejandro del Valle -detenido hoy por el delito de fraude genérico-, la operación de los programas sociales federales. Se trata del proyecto de los Centros Integradores de Bienestar, para los cuales no existe presupuesto.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Afinales de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador se tomó cinco días en su finca de Palenque. Ahí lo convencieron de visitar un Centro Integrador de Bienestar (CIB), una casa ubicada en la Séptima Avenida poniente, del barrio de Guadalupe, donde además de consultorio médico, farmacia, servicios educativos y acceso a los programas sociales insignia de la administración, había internet gratuito y un cajero automático del Banco del Bienestar.

Era uno de los 13 mil 500 que, conforme a lo planeado en la oficina de Gabriel García Hernández, entonces coordinador general de Programas de Desarrollo de la Presidencia de la República, se desplegaban por todo el país. El propio García Hernández informó que para el 27 de noviembre de aquel año ya había 11 mil de esos centros. En los hechos era una semiprivatización de la operación de programas sociales.

El proyecto de presencia territorial del gobierno lopezobradorista siguió un atropellado proceso. Para empezar, no estaba previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública, en el Reglamento de la Secretaría del Bienestar ni en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo cual no fue incluido en el presupuesto.

Ante ello, hubo un primer intento de privatización, es decir, de entregar a un particular el contrato para instalar cajeros automáticos en las 13 mil 512 localidades e incluir la edificación de las instalaciones para alojar escritorios de atención de programas sociales y hasta 40 trámites; un consultorio médico, farmacia económica e internet público, entre otros servicios.

Conforme a lo dicho por el propio presidente el 3 de abril de 2019, contarían incluso con servicio de alimentación, hospedaje, actividades y talleres para estudiantes de comunidades pobres.

Dicho contrato, por 10 mil 800 millones de pesos, fue asignado a VivColmex, firma del empresario Alejandro del Valle, inicialmente asociado con el tabasqueño Carlos Cabal Peniche.

Los nombres relacionados con el plan cobraron relevancia en estos días por otros asuntos: Cabal Peniche obtuvo un amparo el pasado miércoles 7, unas 24 horas antes de que se liberara la orden de aprehensión por delitos fiscales contra Miguel Alemán Magnani, quien como los otros dos mencionados fue parte de una serie de operaciones poco ortodoxas relacionadas con Interjet, así como con la toma hostil del control de Radiópolis, la cadena de radiodifusoras que formaban Televisa Radio.

La implicación de Cabal Peniche en el contrato para instalar los CIB, vía los cajeros del Bienestar, fue expuesta el 3 de junio de 2020 por el columnista Darío Celis. El asunto llegó a la mañanera del 14 de junio, cuando López Obrador se desmarcó de cualquier relación con Cabal Peniche, productor bananero que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue beneficiario de la privatización de los bancos Cremi y Unión, los que luego quebró, acogiéndose al Fobaproa.

López Obrador dijo: “Nosotros cuidamos que todos estos procesos se hagan de manera transparente, y cuando vemos que hay algo extraño, que no se puede explicar, pues se revisa y se rectifica; es decir, puede haber contratos, convenios, ya cuando se detecta que no son las mejores empresas o hay pagos indebidos o posibilidad de corrupción, se interviene y se cancela cualquier operación”.

En efecto, se canceló la operación con VivColmex, de Alejandro del Valle. El contrato fue firmado el 3 de diciembre de 2019, una semana después de que García Hernández diera el dato falso de 11 mil CIB instalados. Mes y medio después de la declaración presidencial, la Secretaría de Hacienda informó que el proyecto ni siquiera estaba incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

“El 29 de julio de 2020 el Banco del Bienestar solicitó la terminación anticipada del contrato, tras dictaminar el posible daño o afectación patrimonial que implicaría para la institución mantenerlo vigente sin contar con presupuesto asignado para hacer frente a los gastos”, explicó Hacienda en un comunicado del 11 de agosto.

Días antes, el 20 de julio, Rabindranath Salazar Solorio fue designado director del Banco del Bienestar y encontró el desastre que lo llevó a plantear la cancelación del trato y a reorganizar al plan de instalación de cajeros.

El 22 de marzo Del Valle dijo a la reportera Neldy San Martín que él le pidió a Cabal Peniche que consiguiera 200 millones de dólares para la operación de los cajeros, pero no los consiguió y quedó fuera del contrato.

Del Valle decidió no litigar ni reclamar indemnización pese a que llevaba invertidos 5 millones de dólares, puesto que quería apoyar al gobierno, según dijo en entrevista con reporteros de cinco medios (entre ellos Proceso). En realidad su plan implicaba un resarcimiento y nuevo negocio: instalar los CIB en los municipios con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Dos sillas, una mesa y una lona

En la colonia Juárez, en Abraham González esquina con Lucerna, hay un edificio de amplios ventanales donde se anuncia la gama de servicios ideales de un CIB. Es una instalación adaptada en oficinas de la Secretaría del Bienestar.

Se trata de uno de los 42 CIB que el plan de Gabriel García contempló en la Ciudad de México, de acuerdo con una base de datos creada por su oficina para ubicar la instalación de cajeros automáticos, aprovechando auditorios, plazas, salones de usos múltiples municipales e infraestructura preexistente.

El pasado 24 de junio García Hernández salió de Palacio Nacional y, sin pregunta de por medio, declaró a reporteros que tomaría su escaño en el Senado de la República y dejaba el cargo, creado en esta administración. Ese día fue convocado con los “superdelegados” a una ­reunión para revisar el Plan de Vacunación, pero –según testimonios recabados por el reportero– el encuentro terminó con un severo llamado de atención del presidente. García Hernández salió del despacho y anunció su salida del staff presidencial.

De inmediato López Obrador designó en esa coordinación a Carlos Torres, cuyo equipo descubrió que 5 mil 384 localidades no cuentan con CIB y que la mayoría de los existentes se ubican en áreas urbanas y constan de una lona, dos sillas y una mampara. Todo eso se aprecia en un registro interno obtenido por Proceso.

A mil 100 kilómetros del CIB capitalino ejemplar, en Matamoros, Coahuila, hay un local facilitado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural donde se acumulan cajas en desorden. Ahí dos “servidores de la nación” reciben papelería para inscribirse a los programas Pensión de Adultos Mayores y Becas Benito Juárez. Pero no hay computadora, por lo que archivan los documentos como pueden o usan sus propios teléfonos celulares para registrar a los beneficiarios.

El CIB de Francisco I. Madero, uno de los municipios más pobres de la Comarca Lagunera, es uno de los 6 mil 412 enlistados como existentes en el mencionado registro en la Presidencia de la República. Éste, como la mayoría de los CIB, consta de un par de sillas, un escritorio, un ­banner en el que se lee “Módulo de Atención” y una lona, o el letrero institucional del CIB.

La mayoría de estos centros están en espacios facilitados por distintas dependencias, ya sea en centros urbanos o en cabeceras municipales, no necesariamente en comunidades apartadas. La Ciudad de México cuenta con 42 centros “instalados”, no como el de la colonia Juárez, sino, en el mejor de los casos, como el de Tlalpan, donde una caseta que servía como módulo de Participación Ciudadana de la Ciudad de México exhibe ahora pintura con logotipos institucionales de Bienestar, un banner, dos sillas y un escritorio.

El negocio del FAIS

Servidores de Oaxaca revelaron al reportero que sus jefes los “obligaron” a instalar los CIB en todos los municipios, pero buscando que los ayuntamientos aportaran la infraestructura mediante un convenio que exigía espacio, equipamiento, internet y mobiliario.

Pero hubo complicaciones, como los ayuntamientos “tomados”, la reticencia a firmar convenios, adeudos de electricidad y otros servicios... Como la instrucción presidencial era de instalarlos, se empezaron a utilizar instalaciones de los DIF municipales… con una mesa, dos sillas y una lona que, como en Tonaltepec, operaban dos días a la semana con un par de servidores de la nación, quienes sólo recibían papelería para el registro a Programas de Bienestar.

En la información pública gubernamental no existe registro de contrato alguno con el proveedor de lonas, pintura, sillas y mamparas para habilitar los 13 mil 500 CIB ni los 5 mil 384 que se supone fueron instalados. Lo que sí se averiguó es la forma en que “obligaban” a aportar la infraestructura de los CIB.

Apenas anunciada la cancelación del contrato con VivColmex, Gabriel García y Alejandro del Valle pretendieron utilizar al FAIS en su apartado municipal, a través de la empresa SPEM, también de Del Valle.

Sin embargo, el FAIS debe aplicarse a la atención de carencias sociales identificadas en el Informe Anual de la Pobreza. Para tener acceso a ese presupuesto se tenían que cargar datos a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), en la cual se identifican las necesidades prioritarias de una localidad. Esta plataforma es manejada por la dirección de Desarrollo Regional de la Secretaría del Bienestar, entonces a cargo de Eduardo Beltrán Zapata, hijo homónimo del consejero de Pemex.

Beltrán Zapata dejó el cargo sin explicación. No aparece en el portal Nómina Transparente y en Declaranet no hay registro de su conclusión en el cargo ni movimiento alguno desde que realizó su declaración patrimonial en mayo de 2019. El reportero confirmó que se oponía a la extinción de la MIDS y dejó el cargo a mediados del año pasado. Para agosto, la aplicación al FAIS dejó de usar la MIDS.

Para entonces, Del Valle había iniciado una operación territorial que describió, en el mencionado encuentro al que asistió la reportera Neldy San Martin, de Proceso, reproduciendo un diálogo ficticio con un presidente municipal:

“–Le preguntamos: ¿tienes dinero?

“–Nosotros te lo conseguimos. Vamos a poner uno de prueba.

“–¿No me va a costar?

“–No. Yo lo pongo, y si funciona a través del FAIS me das una renta, me lo pagas en cinco años… en renta.”

Luego siguió:

“El centro es del presidente municipal. Es la primera vez que un presidente municipal va a dejar una verdadera muestra de trabajo, todos se interesan porque ven la atención a los pobres. Así tenemos los centros integradores. Nosotros no tenemos acceso al presidente pero escuchamos al presidente.”

Según Del Valle, hasta marzo sólo tenían instalados CIB “de prueba” en Berriozábal, Chilón, Chiapa de Corzo y Ocosingo, Chiapas. También mencionó CIB en Guerrero.

Hasta ahora el FAIS no fondea infraestructura para rentar, sólo para construir. Sin embargo, Proceso obtuvo copia de los oficios enviados por presidentes municipales a fin de conseguir CIB. Sólo nueve días después de que la Secretaría de Hacienda anunciara la cancelación del contrato con VivColmex, la operación para conseguir la instalación usando recursos del FAIS estaba en marcha.

El 29 de julio de 2020 Hacienda rescindió el contrato en una reunión con presencia de notarios públicos, en la que Del Valle declaró que no litigaría ni exigiría indemnización. El 11 de agosto Hacienda hizo pública la rescisión y, el 20, el presidente municipal de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, Gerardo Palacios Campos, le dirigió el oficio MCGB/0154/2020 a Enrique del Valle de la Vega, hijo del empresario, como representante de la firma SPEM.

En dicho oficio el alcalde solicita que se “considere a nuestro municipio de Cuautitlán de García Barragán, del Estado de Jalisco, el cual represento constitucionalmente (para) la implementación de Infraestructura Social e Inclusión Financiera”. Especifica que pretende un cajero automático, un Centro del Bienestar “A Plus” que incluya consultorio, farmacia, módulo bancario, módulo de empleo y un módulo de atención de la presidencia municipal.

Además, le solicita tres “centros municipales del Bienestar AA” que incluyen casi lo mismo, excepto porque no tendrían cajero automático. Y remata:

“Esto para favorecer y fortalecer la calidad y nivel de vida de los habitantes de la demarcación, por lo cual cedo a usted la gestión ante el gobierno federal, con recursos del FAIS, la implementación y operación de los Centros Municipales de Bienestar, donde se incluyen los programas sociales y el pago de consulta y medicamentos, así como la instalación de un cajero automático.”

Jesús Ubaldo Medina Briseño, presidente municipal de San Juan de los Lagos, empleó la misma redacción en su solicitud del 27 de septiembre de 2020.

Según la Secretaría del Bienestar, el caso implicaría alrededor de 100 presidencias municipales, pues tras las consultas a la dependencia por parte de munícipes que se resistían a la firma y el rechazo de sus solicitudes por tratarse de rentas que el FAIS no contempla pagar, el Órgano Interno de Control abrió una indagatoria al respecto.

(Con Información de Neldy San Martín.)  

Reportaje publicado en la edición 2332 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.