Amiguismo, despojo, fraudes, lavado de dinero...
Al descubierto los vicios y complicidades en el gremio de los notarios
Las pugnas intestinas en el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, en vísperas de la designación de su nuevo presidente, exhiben la cauda de intereses que priva en el gremio, pero sobre todo su vulnerabilidad en temas como los fraudes como detectó el Servicio de Administración Tributaria.
Las pugnas intestinas en el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, en vísperas de la designación de su nuevo presidente, exhiben la cauda de intereses que priva en el gremio, pero sobre todo su vulnerabilidad en temas como los fraudes –financieros y electorales–, creación de empresas fantasma, despojos, el amiguismo en el reparto de patentes e incluso el lavado de dinero, como detectó en septiembre de 2021 el Servicio de Administración Tributaria.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La batalla que se libran los grupos antagónicos de notarios públicos para la presidencia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano ha escalado hasta convertirse en una campaña mediática estridente, marcada por denuncias de corrupción, chantajes y amenazas. La pugna exhibió los vicios de ese gremio peculiar, donde coinciden políticos, exfuncionarios, amigos y familiares de actores del poder.
En las semanas recientes, los notarios que apoyan a la oaxaqueña Guadalupe Díaz Carranza y quienes promueven la candidatura del mexiquense Nicolás Maluf Maloff se han acusado de estar coludidos con gobiernos estatales, de recibir sus patentes –o fiats– como favores políticos, de participar en redes de despojo, de abusar de sus relaciones públicas, de promover esquemas de lavado de dinero o de haber falsificado documentos, entre otros.
Las críticas hacia la profesión son comunes, pero en el contexto de la campaña brotaron desde dentro del propio gremio.
Varios escándalos de corrupción documentados en años recientes han involucrado a notarios públicos y empresas fantasma, ya sea en los desvíos de recursos públicos de la Estafa Maestra, las redes de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, en sociedades utilizadas por organizaciones delincuenciales para lavar dinero o en la operación del llamado “Cártel del Despojo” (Proceso 2381).
Autoridades estatales también han detectado la participación de notarios en las estructuras fraudulentas armadas en Veracruz y Chihuahua durante los sexenios de Javier Duarte de Ochoa y César Duarte Jáquez, respectivamente.
La ley mexicana coloca a los notarios en el centro de algunos sectores estratégicos: sus firmas dan validez legal a la creación de empresas anónimas, la realización de operaciones inmobiliarias, las herencias, la identificación de clientes o incluso de fraudes y resultados electorales.
Por ello, el Grupo de Acción Financiera (Gafi) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) catalogan a la “fe pública” como una de las “actividades vulnerables” ante el lavado de dinero.
En la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de 2020, cuya versión no pública fue consultada por Proceso entre los millones de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional hackeados por el colectivo Guacamaya, la SHCP considera que la actividad de los notarios y corredores conlleva un riesgo equiparable al del sector inmobiliario, el comercio de metales preciosos, joyas y arte, los casinos, las tarjetas de prepago, las criptomonedas o la instalación de blindaje.
La ENR recalcó que los notarios son las autoridades que protocolizan la creación de “sociedades anónimas a capital variable” –reconocibles por el acrónimo S.A. de C.V.–, que son las más utilizadas para el uso de recursos de procedencia ilícita y que el gremio sigue teniendo un cumplimiento “débil” en sus obligaciones para identificar a los beneficiarios finales de esquemas corporativos.
Dado que los notarios son el elemento central para garantizar la precisión y la autenticidad de la información que se presenta a los registros federales, esto genera dudas acerca de la precisión de esta información”, subrayó la ENR.
La ENR dio seguimiento al amplio informe que el Gafi publicó en enero de 2018, en el cual señalaba –entre muchas observaciones– que los notarios públicos mexicanos están “altamente expuestos a riesgos asociados con el uso indebido de las personas jurídicas”, y que aparte suelen crear estructuras corporativas sin tratar de “determinar quién es el beneficiario final”.
Empresas fantasma
El 21 de septiembre de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exhibió una lista de mil 22 notarios y corredores públicos que participaban en el esquema de inscripción de Registro Federal de Causantes por medios remotos, a quienes retiró sus cuentas por incumplir con sus avisos de renovación y con la entrega de la documentación de las inscripciones que realizaron.
De acuerdo con la dependencia, 88.2% de los mil 766 notarios y corredores públicos que se especializaban en crear empresas de manera remota incumplían con los requisitos legales. Y no sólo esto: el SAT identificó que el esquema de creación de empresas vía remota implica un riesgo 70% mayor a que esas compañías sean fantasmas.
El SAT detectó que la mayor parte de las empresas creadas por estos notarios y corredores públicos ofrecían principalmente “servicios en el sector energético y financiero”, incluyendo la venta de hidrocarburos, casas de cambio e instituciones bancarias, sectores que propician el lavado de dinero.
Al revisar los nombres de los notarios y corredores públicos cuyas cuentas fueron revocadas brotaron apellidos conocidos en la élite política y económica del país, como Iturbide, Monroy, Del Mazo, Zavala, Alfaro, Reynoso, Treviño, Garza, Bringas o Elizondo. Apareció incluso la ahora senadora Olga Sánchez Cordero, titular de la notaría pública 182 de la Ciudad de México.
El notario público saltillense Armando Prado Delgado, quien fue presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano durante el bienio 2019 y 2020, se dice apenado por la imagen que proyectan sus pares en la campaña por la presidencia del organismo. Reconoce que la profesión arrastra varios defectos, incluso el “vicio del amiguismo”, pero la deslinda de la responsabilidad en las empresas fantasmas.
Es un tema que no es del notariado. Tú vienes conmigo ahorita, tú como particular, me dices que quieres crear una empresa. Dice la ley que bastan dos socios y un peso por cada socio. Por dos pesos tú creas una empresa. Yo te doy el acta constitutiva y tú te vas a dar de alta en Hacienda. Ya será tema tuyo con Hacienda tu ubicación, a lo que te vas a dedicar, tu alta. Y empiezas a facturar. Esta primera factura que tú hagas, yo como notario no la veo como notario. Yo no veo ninguna, y Hacienda sí”, afirma en entrevista con Proceso.
Y agrega: “Hacienda es la que tiene la facultad de detectar la empresa fantasma. Sí nos han querido señalar, nos dicen ‘es que debieron verlo ustedes’. Pero yo no lo veo… El único tema en que sí tenemos que ser cuidadosos es que no constituyamos personas morales de la misma persona en actos consecutivos, en el mismo mes o cada dos meses. Ahí sí le damos vista a Hacienda luego luego”.
Y es que en las investigaciones periodísticas o ministeriales sobre redes de desvío de recursos suele repetirse el nombre de un mismo notario en las actas de empresas de papel creadas el mismo día o en cuestión de semanas, cuyos “socios” son a menudo personas de escasos recursos. A veces reciben un pago para registrar la compañía a su nombre y otras veces su identidad fue suplantada.
“Vicio del amiguismo”
“Cuando llegué a presidir el colegio nacional el trato tenía que ser muy cuidadoso porque trabajaba yo con puras estrellas, porque muchos senadores, exgobernadores, diputados, exalcaldes, presidentes de tribunales… todos ellos vienen. Si tú revisas a los 4 mil 400 notarios te vas a encontrar de perdida por lo menos 3 mil nombres que vas a reconocer: vas a decir ‘él fue magistrado, él fue presidente’ o ‘es el hijo del exgobernador’, y así”, comenta Prado.
“Es muy conocido que los gobernadores, al final de sus sexenios, en intermedio, dan premios a los funcionarios, a los amigos, a los parientes, y muchos de ellos no cumplen con los requisitos. Pero las leyes del notariado dicen que es la facultad del ejecutivo dispensarlos, dar la anuencia”, sostiene, y añade: “Si tú revisas los 4 mil 400 fiats de los notarios ahorita en funciones, yo creo que vamos a ver que 4 mil fuimos despensados de algún detalle que teníamos que cumplir, un requisito.”
En marzo de 2021, después del triunfo de Morena en 11 gobiernos estatales controlados por el PRI o el PAN, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a los gobernadores salientes a no repetir la vieja práctica de repartir –o vender– notarías públicas a amigos y aliados antes de entregar el poder. Varios hicieron caso omiso, y los gobernadores entrantes, como el michoacano Alfredo Ramírez Bedolla, a su vez repartieron fiats a aliados.
Una notaría puede entregarse como “premio” a la lealtad, pues la fe pública es buen negocio –dependiendo del estado donde opera el notario, se cobra una comisión de 2% a 7% para escriturar una operación inmobiliaria–, pero también como estrategia para concretar operaciones personales.
Así, durante la gestión de Santiago Nieto Castillo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la dependencia investigó sobre un grupo de notarios que operaron durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera y constituyeron empresas inmobiliarias para el exjefe de gobierno –ahora senador por el PRD– y dos de sus socios en el sector, Simón Neumann y Fausto Galván Escobar.
La investigación preliminar de la UIF sobre ese “cártel inmobiliario” detectó una serie de depósitos y viajes de algunos notarios capitalinos hacia el extranjero, incluyendo a países como Suiza u Holanda, según detalles del caso que obtuvo este semanario. La UIF detectó que las empresas inmobiliarias de Neumann y Galván, llamadas Baita y Dekah, incluso operaron durante un tiempo en las propias oficinas de la Notaría 215, en Polanco, ocupada por Raúl Ruiz Herrera –cuyo hermano, Alejandro, también es notario–. La dependencia también tenía en el radar una serie de transacciones “millonarias” del notario 233, Ángel Gilberto Adame López, a Suiza.
Durante la administración del priista Roberto Borge Ángulo en Quintana Roo, unos operadores suyos despojaron de sus inmuebles a diversas empresas en esquemas que implicaron juicios amañados y la complicidad de Yolanda Solís Olveres, una notaria aliada del mandatario, suplente en la Notaría 22 en el estado.
En noviembre de 2018 la senadora Sánchez Cordero impulsó una reforma para regular las entregas de fiats por parte de los gobernadores y establecer una serie de requisitos para los perfiles de los nuevos notarios; Prado recuerda que la iniciativa fue rechazada por los gobiernos estatales y por el mismo gremio, por lo que se fue a la congeladora legislativa.
En enero pasado, la extitular de la Secretaría de Gobernación y Ricardo Monreal Ávila presentaron una nueva iniciativa en ese sentido, que también fue criticada en el gremio, y hasta el momento quedó en letra muerta, pues no pasó a comisiones.
