Chile

El aborto, a un paso de ser un derecho constitucional

Tras décadas de lucha, las mujeres chilenas se anotaron un triunfo: lograron reunir el número suficiente de firmas para que la Convención Constitucional considere incluir en la próxima ley fundamental el derecho al aborto seguro.
sábado, 19 de febrero de 2022 · 13:37

Tras décadas de lucha, las mujeres chilenas se anotaron un triunfo: lograron reunir el número suficiente de firmas para que la Convención Constitucional considere incluir en la próxima ley fundamental el derecho al aborto seguro. De lograrlo, Chile sería el primer país latinoamericano en plasmar ese derecho en una Carta Magna. Pero, de acuerdo con feministas entrevistadas, no sólo se trata de legalizar la interrupción del embarazo, sino de instaurar un marco de derechos “a nivel educacional, de salud, de protección en el sistema laboral…”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Las movilizaciones sociales de octubre de 2019 en Chile, que llevaron al Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, impulsaron también un hito para las mujeres: el respaldo suficiente a la iniciativa popular Será Ley para que queden plasmados en la Carta Magna el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, sin discriminación y en igualdad, incluyendo el derecho al aborto.

La Convención Constitucional, que tiene como mandato redactar y aprobar la nueva Constitución de Chile –habilitada en el plebiscito de octubre de 2020– deberá llevar la propuesta a otro plebiscito este año para su aprobación o rechazo.

Este año deberá quedar listo el nuevo ordenamiento constitucional que sustituirá al vigente, surgido del oscuro periodo de la dictadura militar. “Y sería la primera Constitución que garantizaría el aborto a ese nivel; lo estamos intentando”, dicen integrantes de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto en Chile, quienes elaboraron e ingresaron la iniciativa popular.

“La legalización del aborto en Argentina llevó una década de la campaña por el derecho a decidir; los fallos en México (de la Suprema Corte de Justicia)… este movimiento a favor de los derechos humanos se está instalando en Latinoamérica”, celebran.

Tras conseguir en diciembre las 15 mil firmas reglamentarias para la fecha de registro (obtuvo 38 mil 198), la iniciativa pasó el 26 de enero a la Convención Constitucional para ser discutida, y el pasado jueves 10 fue aprobada por una votación mayoritaria en la Comisión de Derechos Fundamentales, con lo que se dio un avance formal al pleno de la convención.

“Celebramos cada paso que nos acerca a un país que tiene en el horizonte garantizar todos los derechos humanos, incluidos los sexuales y reproductivos, entre ellos el aborto. Ante este gran avance seguimos activando desde esta asamblea por todas nosotras, las que abortan, las que acompañan y las que deciden abortar. ¡A la clandestinidad, no volvemos más!”, publicaron eufóricas las integrantes de la asamblea, la noche del jueves 10.

Unos minutos antes, en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional se habían votado dos principios de la norma Será Ley, resultado de décadas de lucha feminista, ahora extendida a otros sectores de mujeres y población en Chile.

El primer punto de la norma dice: “Que el Estado reconozca y garantice a todas las personas sus derechos sexuales y reproductivos, en condiciones de igualdad y sin discriminación, incluyendo el derecho al aborto sin interferencia de terceros, instituciones o agentes del Estado. En particular, se reconoce y promueve el derecho de las personas a tomar decisiones libres y autónomas sobre sus cuerpos, su sexualidad y su reproducción, de manera libre, sin violencia ni coerción, debiendo el Estado garantizar el acceso a la información y los medios materiales para ello”.

El segundo inciso de la iniciativa plantea que “El Estado reconoce el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico y el acceso a la información para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria sus derechos sexuales y reproductivos”, mismo que igualmente quedó aprobado por mayoría.

Ahora, la iniciativa deberá pasar a la discusión en el pleno de la Convención Constitucional. Si obtiene las dos terceras partes de los votos del pleno, quedará dentro de la propuesta de Constitución que será sometida a la consulta nacional.

Para lograr la incorporación de la iniciativa al proceso constituyente, se formó la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, de manera inicial por tres organizaciones feministas y de acompañamiento de las decisiones de salud sexual y reproductiva (lo que incluye acompañamiento de abortos) de miles de mujeres en todo el país: la Red con las Amigas y en la Casa, la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir y Corporación Humanas.

A ellas se sumaron más de 30 organizaciones desde distintos ámbitos del feminismo y más allá, que en agosto de 2021 vieron derribarse sus esperanzas por la despenalización, cuando la Cámara de Diputados rechazó un proyecto que preveía eliminar la sanción penal por abortar como máximo hasta la semana 14 de la gestación.

Y entonces decidieron legislar.

De la dictadura al aborto legal

“Las organizaciones feministas han trabajado históricamente por la legalización del aborto, entregando información y acompañando las decisiones de salud sexual y reproductiva que el Estado ha abandonado, ya que a pesar de las legislaciones restrictivas se continúa abordando. La criminalización sólo perpetúa los riesgos de clandestinidad; la penalización no hace que el aborto deje de existir”, dice la referencia histórica sobre la elaboración de la iniciativa Será Ley en la página creada exprofeso por la Asamblea Permanente.

Desde 2017 en Chile es vigente el aborto legal únicamente en tres causales: por riesgo de la vida de las mujeres, por inviabilidad legal o por violación; en esta última, para las mujeres sólo se autoriza hasta las 12 semanas y en las niñas hasta las 14 de la gestación.

Carolina Cisternas Márquez, feminista de larga trayectoria e integrante de la Red de Acompañantes con las Amigas y en la Casa y Observadoras de la Ley de Aborto, resalta en entrevista con este semanario que la presentación de la norma popular Será Ley, a cargo de las integrantes de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, consiguió marcar un hito desde el primer momento, al ser la primera de todas las propuestas en alcanzar las 15 mil firmas requeridas para ser llevada a la Convención Constitucional.

“Logramos el apoyo en cuatro, en cinco días, así que estamos muy contentas, muy entusiasmadas con el apoyo y la buena recepción que tuvo en la ciudadanía nuestra iniciativa”, dice Romina Suárez, de la Red de Profesionistas por el Derecho a Decidir, entrevistada por Proceso desde Chile, mientras esperaba la discusión de la norma en la Comisión de Derechos Fundamentales.

Suárez explica que si bien un objetivo es legalizar el aborto en el país, “la idea es tener un marco legislativo constitucional que nos permita después tener leyes sobre aborto, para que en el fondo no quede como algo inconstitucional, como era hasta ahora, porque nuestra Constitución actual consigna el derecho a la vida del que está por nacer; entonces necesitamos un marco constitucional que nos permita después legislar”.

El interés de la población que apoyó las iniciativas para la nueva Constitución se centró en estos temas: los fondos de pensiones –pues la aseguradora actual “tiene a nuestra población jubilada básicamente en la quiebra”–; el libre derecho a la propiedad privada; la cannabis a la Constitución; el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar; y la norma Será Ley, que “también habla del principio de autonomía de cada persona”, afirma Suárez.

La aceptación, coinciden, es un reflejo de la demanda comunitaria que hoy en día existe respecto al aborto, “que no es sólo la demanda del movimiento feminista y del movimiento feminista en aborto específicamente… hoy día la fuerza que tuvo esta iniciativa y el impulso que se está dando, no sólo desde organizaciones feministas, sino también desde convencionales, desde importantes actores del sector político y de este sector nuevo que son las convencionales, nos da mucha esperanza en que efectivamente” quede en la Constitución.

Con muchos años como acompañante de mujeres que han abortado, Cisternas destaca el nivel de incidencia alcanzado ahora con la iniciativa. “Creemos que vamos a legalizar el aborto en Chile y me emociona mucho decirlo porque creo que es real”.

–¿Es la primera vez que tienes esta expectativa así tan clara?

–Sí. En Chile la democracia se recuperó en 1990; tuvieron que pasar casi 20 años para tener una Ley de Aborto en tres causales, que es limitadísima y que además se implementa de manera pésima, por decirlo de alguna manera. Eso lo tenemos nosotras documentado con organizaciones que acompañan la implementación, que velamos por la correcta implementación de la ley. Y efectivamente, cuesta que se instalen proyectos de ley en el Parlamento, que era el único mecanismo que teníamos antes de la convención.

A las integrantes de la asamblea “nos han dicho locas cuando soñamos con instalar el aborto a nivel de la nueva Constitución. Se nos dijo: ‘No hay ninguna Constitución que garantice el aborto en el mundo’. Pero creemos que podemos ser la primera Constitución que va a impedir que se legisle contra la dignidad de nosotras, de las mujeres, de las niñas y de todas las personas que abortan”.

Con base en su experiencia como trabajadora de la salud, Romina Suárez narra los obstáculos que enfrentan niñas y mujeres en Chile con acceso al aborto legal contemplado en las leyes vigentes, porque éstas no han derivado tampoco en una implementación real de prácticas, capacitación y recursos para garantizar la interrupción de embarazos, así como por la aplicación de la objeción de conciencia del personal médico.

“Trabajo en hospitales públicos y me he encontrado a mí misma como la única persona no objetora en una ciudad completa; en Chile hay ciudades completas donde todos los médicos, todos los ginecólogos son objetores de conciencia. Tenemos el ejemplo de la primera niña que accedió a esta Ley de Aborto en Chile –tenía 12 años– por causal de violación; esto fue en el sur de Chile. No había nadie en esa región que le hiciera la interrupción del embarazo y a esta niña le hicieron viajar a Santiago, un viaje de 20 horas en bus, porque en su región no había nadie que le hiciera la interrupción del embarazo”.

Estas prácticas las consideran tortura. “Otro factor que también acá en Chile tenemos muy marcado (es) que además del sistema público existe el sistema privado y en el sistema privado además existe la objeción de conciencia institucional. O sea, un médico puede ahí en esas clínicas realizar interrupciones del embarazo y, sin embargo, la institución completa se declara objetor de conciencia”.

Por ello, como Asamblea Permanente, el fin último que persiguen con la norma a la Constitución es legalizar el aborto; pero más allá, instaurar todo un marco de derechos, “de prestaciones a nivel educacional, de salud, de protección en el sistema laboral; con respecto a la información, el acceso a información, del acceso a método anticonceptivo, el acceso a tratamientos de fertilidad, el acceso a buenas y adecuadas prestaciones para los controles prenatales de embarazo, así como también para las interrupciones legales del embarazo”.

Estos derechos han quedado de lado, lamentan. Y hoy “cada respaldo que tuvo esta iniciativa nos habla de una nueva sociedad en Chile, en Latinoamérica, porque estos movimientos que están avanzando por la legalización de la despenalización del aborto están pasando de manera paralela en distintos países”.

Ambas feministas dejan en claro que este “grito” es también para sacar el aborto de cualquier tema tabú, de la clandestinidad.

“Estamos muy esperanzadas del proceso que está viviendo nuestro país, de las posibilidades que se nos abren con el desarrollo de una nueva Constitución, una Constitución que debería dejar atrás los vicios que tiene la Constitución previa, que fue hecha en dictadura, entre cuatro paredes, solamente para proteger los intereses del sector político que apoyaba la dictadura y de la empresa privada que claramente no buscaba el bienestar de todos y cada uno de quienes habitamos este territorio. Queremos cambiar eso y ojalá que todas en Latinoamérica se atrevan.”                                                                                                

Reportaje publicado en el número 2363 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.

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