Embarazos tempranos, anticoncepción forzada y violencia obstétrica son algunas de las prácticas “normalizadas” en las familias y en las instituciones de salud mexicanas contra niñas y adolescentes, quienes carecen de educación sexual y de garantías para sus derechos. Datos oficiales y estudios especializados coinciden en que esa vulnerabilidad de las adolescentes es consecuencia del abandono del Estado, especialmente en lo que va de la presente administración.

CUERNAVACA, MOR. (Proceso).– Guadalupe es una de las miles de adolescentes que terminan con sus planes de vida para convertirse en madres, ante el abandono de la familia y del Estado, limitando y violando sus derechos y normalizando prácticas violentas en su vida.

Guadalupe, cuyo nombre verdadero se reserva, tenía 15 años cuando quedó embarazada, a mediados de 2020. Nunca recibió educación sexual, sus padres la abandonaron y su tía, que hacía las veces de tutora, no se comunicaba con ella, aunque vivían juntas. En la décima semana del embarazo comenzó a sentir malestares y sufrió un aborto espontáneo.

Su tía la llevó de inmediato al hospital comunitario de Temixco, a 20 minutos de Cuernavaca. Allí comenzó a padecer la violencia obstétrica. Todas las enfermeras y los doctores la regañaban y pronto llegó la revictimización: “No te quejes, así hubieras hecho cuando le abriste las piernas”, le dijo una enfermera.

“Ustedes, escuinclas, ni siquiera saben lavarse los calzones, pero bien que andan ahí acostándose con el novio”, le dijo una doctora mientras le realizaba un procedimiento que no entendía bien, en la piel del brazo y la espalda. Unas horas después la dieron de alta y se fue a su casa, sin saber siquiera el nombre de la doctora que la maltrató.

Días después comenzó a sentir malestares en todo el cuerpo. Su tía la llevó con un médico, quien escuchó lo que había vivido Guadalupe en el hospital y sobre los “procedimientos” que le hicieron en la piel. El médico sospechó y comenzó a revisarla, encontró que le habían puesto un implante hormonal subdérmico, un método anticonceptivo sobre el que nunca la consultaron, ni a ella ni a su tía. Simplemente lo pusieron ahí. Pero en cuanto se lo retiró, el médico se dio cuenta que había algo más. Le habían colocado dos implantes, algo inusual y peligroso para la salud. 

Anticoncepción forzada

Médicos y enfermeras de hospitales públicos mexicanos llevan a cabo, como conducta normalizada, no sólo la contracepción sin consultar, también la violencia obstétrica, práctica racista y violatoria de los derechos humanos, contra mujeres jóvenes, indígenas, pobres y marginadas.

El tema es abordado por Rosario Valdez Santiago y otras investigadoras del Instituto Nacional de Salud Pública en el estudio “Si estamos aquí es sólo porque no tenemos dinero”. Discriminación y violencia obstétrica en México, publicado en 2018.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2367 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 13 de marzo de 2022.