Colombia

“Otoniel”, el silencio más buscado

“Otoniel”, el capo del narcotráfico más importante de la última década en Colombia, posee información delicada (y está dispuesto a ofrecerla ante las instancias surgidas) que podría afectar a personajes de los ámbitos político, militar y empresarial de su país
domingo, 10 de abril de 2022 · 12:06

“Otoniel”, el capo del narcotráfico más importante de la última década en Colombia, posee información delicada (y está dispuesto a ofrecerla ante las instancias surgidas para esclarecer los peores episodios de la época de la lucha armada) que podría afectar a personajes de los ámbitos político, militar y empresarial de su país. Los posibles afectados buscan su silencio y ejecutan todo tipo de maniobras para mantenerlo callado.

BOGOTÁ (Proceso).— Mucha gente muy poderosa en Colombia no quiere que el principal capo de la droga de la última década, Dairo Antonio Úsuga David, Otoniel, hable de sus nexos con personajes del mundo político, militar, policial y empresarial.

Él está dispuesto a hacerlo ante dos instancias surgidas del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que tienen como misión esclarecer episodios atroces del conflicto armado interno y procesar a los responsables: la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero hay intereses que están poniendo todo tipo de trabas para que ello ocurra.

El pasado martes 22, por ejemplo, la declaración que rendiría Otoniel ante la JEP se suspendió por segunda ocasión consecutiva por la presencia de policías con armamento de guerra en el calabozo donde está recluido el capo, a pesar de que el tribunal había pedido a los agentes abandonar el recinto “por motivos de seguridad nacional”.

Aunque la audiencia pudo llevarse a cabo un día después, el especialista en seguridad y crimen organizado Luis Fernando Quijano dice que está en marcha una operación “para impedir que Otoniel declare todo lo que sabe sobre las alianzas de colombianos muy poderosos con el narcotráfico y con crímenes atroces, y para enviar señales a ese capo de que pagará un precio alto si rompe ‘la ley del silencio’ que impera en ese mundo”.

El hecho es que las autoridades han puesto todo tipo de trabas a la JEP y a la Comisión de la Verdad para que el jefe del Clan del Golfo –la principal banda criminal de Colombia– rinda sus testimonios. También han ocurrido episodios muy extraños alrededor de sus comparecencias ante esas instituciones.

El mes pasado, por ejemplo, horas después de que Otoniel comenzara a revelar sus nexos con el mundo político, militar y empresarial, las grabaciones con sus testimonios fueron robadas del departamento del investigador de la Comisión de la Verdad, Eduardo Celis.

Quienes buscaban la información ingresaron por una ventana y sólo se llevaron dos grabadoras, un teléfono celular y una computadora portátil que habían sido utilizados horas antes para tomar declaración a Otoniel.

La operación fue limpia, sigilosa y muy profesional. Quienes la ejecutaron sabían lo que hacían y no dejaron huellas.

Una enciclopedia criminal

Si alguien conoce los entretelones de la historia criminal reciente de Colombia y las relaciones del mundo del narcotráfico con políticos, generales, funcionarios del Estado y empresarios, es él, Otoniel, quien luego de su encarcelamiento ofreció comparecer ante la JEP y la Comisión de la Verdad.

Otoniel comenzó a hablar en esas instancias en diciembre pasado y sus revelaciones pusieron con los nervios de punta a gente muy poderosa.

Un día antes del robo de las grabaciones, el capo había solicitado en un escrito ser admitido formalmente en la JEP en calidad de “tercero colaborador de las Fuerzas Armadas y promotor y financiador de grupos paramilitares”.

En el documento prometió contar la “colaboración” que prestó al Ejército y a la inteligencia del Estado en “acciones ilegales”, que incluyeron graves violaciones a los derechos humanos, y en la organización y el financiamiento de los grupos paramilitares que sucedieron a las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia entre 2006 y 2008.

Pero aún en un país como Colombia, habituado a las ejecuciones de testigos de casos emblemáticos y a la pérdida de información que incrimina en delitos a personas con poder, no dejó de sorprender que alguien se atreviera a robar, en una operación tan eficaz y minuciosa, los implementos electrónicos que contenían declaraciones de Otoniel ante la Comisión de la Verdad.

“Iban por la información, no fue un simple robo delincuencial”, dice el comisionado del organismo, Alejandro Valencia, quien había tomado la declaración a Otoniel horas antes del robo de los audios en la casa de Eduardo Celis, quien lo ayudó en la sesión.

Para Valencia, un abogado de derechos humanos que fue integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigó el caso Ayotzinapa en México, es claro que los autores de ese hurto eran “profesionales que sabían lo que hacían, pues en el apartamento había gente durmiendo que no se percató de nada”.

Sobre los autores, el integrante de la Comisión de la Verdad –un organismo extrajudicial que busca esclarecer episodios del conflicto armado interno para satisfacer el derecho de las víctimas y el país a la verdad– señala que hay muchos intereses que se verían afectados por las revelaciones de Otoniel: políticos, económicos, empresariales y en la fuerza pública.

“Vemos una voluntad del señor (Otoniel) de contar lo que sabe, pero hay mucho miedo de esos sectores a que esa verdad se sepa”, sostiene Valencia.

Nadie en Colombia tiene una historia tan ligada al conflicto armado como la de Otoniel, quien en 1987, a los 15 años, ingresó a la guerrilla de las FARC en su natal Nueva Antioquia, en el noroccidente del país; a los 16 se cambió a la guerrilla maoísta del Ejército Popular de Liberación; en los noventa dio un giro hacia la extrema derecha y se adhirió a los grupos paramilitares, en los que ascendió hasta puestos de mando, y a principios de este siglo se convirtió en un jefe del narcotráfico con Los Urabeños, hoy conocido como el Clan del Golfo, que tiene unos 3 mil -integrantes.

La Policía Nacional sostiene que fue capturado en una operación conjunta con el ejército en octubre pasado; él asegura que se entregó a las tropas que lo perseguían.

Los hilos del poder

Luis Fernando Quijano, quien ha estudiado durante años la evolución criminal del Clan del Golfo y se ha reunido con algunos de sus jefes, asegura que “las trabas” que ha puesto la Policía Nacional para que Otoniel hable con la Comisión de la Verdad y la JEP y el robo de las grabaciones “son hechos que están relacionados”.

Estos episodios, asegura, ocurrieron porque cuando el capo prometió denunciar a altos oficiales de la policía y el ejército y a políticos involucrados con su organización, el Clan del Golfo, “de inmediato se activó el sistema de inteligencia policiaco y militar que ellos manejan para proteger sus intereses”.

Otoniel, dice Quijano, “sabe qué políticos y qué altos oficiales de la policía y el ejército recibieron dinero del Clan del Golfo, y cuáles son las relaciones de las bandas locales con los cárteles mexicanos de la droga… sabe mucho, demasiado”.

Y la divulgación de esa información, señala el director del portal sobre crimen organizado Análisis Urbano, “tiene aterrada a mucha gente que, por lo que vemos, ya comenzó a mover sus hilos para evitar que Otoniel hable”.

El capo ya ha hecho denuncias de alto calibre ante la Comisión de la Verdad y la JEP, como la que involucra al general del ejército Leonardo Barrero como una ficha del Clan del Golfo y aliado de grupos paramilitares. El alto oficial es cercano al expresidente Álvaro Uribe, quien en 2015 lo postuló por su partido, el Centro Democrático, como candidato a la gobernación del departamento del Cauca.

El pasado miércoles 23 Otoniel habló ante magistrados de la JEP sobre la participación de generales en el caso conocido como “falsos positivos”, que consistió en la ejecución extrajudicial de jóvenes que el ejército presentó como guerrilleros caídos en combates entre 2002 y 2008, durante el gobierno de Uribe.

“Este tipo de denuncias que está haciendo Otoniel apuntan directamente a la extrema derecha de este país, a políticos, a generales, a empresarios que tienen como líder natural a Uribe, quien también es el poder real de este gobierno (el del presidente Iván Duque)”, asegura Quijano.

Tras el robo de las entrevistas del capo con la Comisión de la Verdad, el organismo le pidió garantías a Duque para realizar su trabajo. El mandatario se limitó a decir que “las garantías existen” y recriminó a los comisionados por no guardar las grabaciones en un sitio seguro, aun cuando copias de los audios ya estaban bajo resguardo del organismo.

Extradición y verdad

Duque ha dicho que Otoniel debe ser extraditado a Estados Unidos lo antes posible y que, desde allá, puede seguir colaborando con las autoridades colombianas.

La derecha de Colombia insiste en lo mismo, pero activistas de derechos humanos sostienen que esa postura busca evitar que Otoniel aporte la verdad sobre los vínculos de políticos, militares, policías, empresarios y funcionarios del Estado con el Clan del Golfo, la organización criminal del narcotráfico más poderosa de este país y la que más estrechas relaciones de negocios tiene con los cárteles mexicanos de la droga.

Para Quijano, autor de varias investigaciones sobre el entramado criminal del Clan del Golfo, la “extradición exprés” de Otoniel a Estados Unidos, “como la quieren el gobierno, la extrema derecha y los políticos y altos oficiales que han estado en la nómina del capo, es ir contra las víctimas del conflicto armado, que tienen todo el derecho a la verdad”.

En 2008, el entonces presidente Uribe extraditó a Estados Unidos a 14 jefes paramilitares que se habían acogido a un acuerdo de paz y tenían cargos por narcotráfico en ese país, lo que impidió que cumplieran su compromiso de aportar la verdad a sus víctimas.

El abogado penalista y exfiscal Fabio Humar señala que Colombia “no ha tenido pleno acceso” a los paramilitares extraditados, lo que ha limitado el derecho a la verdad.

Y esto ocurre, asegura, porque los incentivos que tienen los actores del conflicto armado para denunciar las alianzas criminales de políticos, empresarios y agentes del Estado se reducen cuando son extraditados.

Humar, quien litigia en Colombia y en Estados Unidos, dice que las autoridades estadunidenses priorizan las revelaciones que los capos detenidos puedan hacer sobre rutas del narcotráfico y sus socios –como los cárteles mexicanos de la droga–, lo que se puede traducir en rebaja de penas, pero reduce la posibilidad de que los delincuentes aporten la verdad a las víctimas.

En cambio, agrega el abogado, en Colombia tienen más incentivos para aportar al esclarecimiento del conflicto armado porque, si lo hacen, podrían aspirar a algunos de los beneficios judiciales que contempla la JEP.

Otoniel no es candidato para ser juzgado por la JEP porque ese tribunal de justicia transicional sólo admite a actores del conflicto armado que hayan dejado de delinquir antes del 1 de diciembre de 2016, día en que entró en vigencia el acuerdo de paz con las FARC, y ese no es su caso.

Pero Humar asegura que su objetivo puede ser permanecer en Colombia como testigo de la JEP para intentar una fuga, por lo que es preferible que sea extraditado a pesar de que esa medida reduzca las posibilidades de que denuncie a generales, empresarios y políticos corruptos “o hasta la misma DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos), que ha tenido problemas muy serios de corrupción”.

Abogados de familiares de víctimas del conflicto armado han promovido tutelas (amparos) ante la Corte Suprema de Justicia para pedir que Otoniel sea extraditado hasta que termine de hablar con la JEP y la Comisión de la Verdad o, incluso, hasta que pague en Colombia los crímenes de lesa humanidad que haya cometido. Esos recursos han sido rechazados.

La politóloga y directora de la Fundación Ideas para la Paz, María Victoria Llorente, opina que si progresa “la extradición a marchas forzadas de Otoniel, se acabará la verdad para las víctimas y quedará en vilo el tema de fondo, que es el esclarecimiento de lo que hoy en Colombia es un secreto a voces: la complicidad de políticos y sectores de la fuerza pública con el narcotráfico y el paramilitarismo”. 

Reportaje publicado el 3 de abril en la edición 2370 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.

Más de

Comentarios