El caso del joven universitario recientemente ultimado por la Guardia Nacional en Guanajuato no es único: en abril del año pasado, Jorge Alberto Rivera Cardoza murió en la frontera tamaulipeca en circunstancias muy similares. La viuda de este hombre fue amedrentada por efectivos de la institución para obligarla a eximirlos de toda responsabilidad e incluso le ofrecieron 1 millón y medio de pesos para que lo hiciera. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ya se configura lo que parece un patrón de comportamiento de los guardias nacionales en cuanto al uso indiscriminado de la fuerza letal.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Ha pasado más de un año de la muerte de Jorge Alberto Rivera Cardoza a manos de efectivos de la Guardia Nacional (GN), y su compañera, Viridiana Promotor Rubio, aún tiene a flor de piel el miedo que sintió aquel 8 de abril cuando, al acudir a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), fue encerrada en un cuarto con personal de la corporación militarizada para exigirle que firmara documentos que libraban de cargos a los agentes que le dispararon a su esposo cuando éste circulaba en una camioneta a plena luz del día a unas cuadras del Puente Internacional número 1, Las Américas, en Nuevo Laredo.

“En la FGR lo que me dijeron era que si quería el cuerpo de mi esposo tenía que arreglarme con los de la Guardia; me metieron en un cuarto sola con ellos y me pedían que firmara documentos, que si los perdonaba me iban a dar 1 millón y medio (de pesos). Yo les respondí que primero me dijeran por qué lo habían matado, si mi esposo era un agente aduanal, que era muy conocido y no tenía armas, y que cómo era posible que les disparara si la camioneta tenía los vidrios subidos cuando lo mataron, porque una hora después yo fui al lugar y la ví.

“Ellos insistieron en que mi esposo les había disparado y que si yo seguía diciendo lo contrario hasta me iban a meter a la cárcel. Me dio miedo y les firmé lo que me pedían; tres días después me entregaron el cuerpo de Jorge, después me citaron en la FGR que para recoger el cheque, pero ya no fui, me dio desconfianza”, narra Promotor Rubio en entrevista con Proceso.

El hecho provocó un tumulto entre las personas que estaban cerca del asesinato, indignadas por la ejecución de Jorge y porque, al perderse el control del vehículo, éste se estrelló contra autos estacionados y provocó la muerte de una mujer que estaba en la acera de la avenida Melchor Ocampo.

Días después Viridiana fue contactada por un extrabajador de Jorge que viajaba con él en ese momento. Fue entonces cuando se acercó al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) para presentar una denuncia penal por la muerte de su esposo y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Según el testimonio del sobreviviente, Jorge iba al volante, circulando de sur a norte en la avenida Ocampo, rumbo a su oficina, cuando de pronto se escucharon disparos y el cuerpo del conductor cayó fulminado sobre el volante, perdiendo el control e impactando sobre al menos otros tres vehículos estacionados y matando a una mujer en la acera.

“Hasta ahora el caso sigue en la impunidad y sin recomendación de la CNDH; el agente del Ministerio Público sólo considera válida la versión de la GN, a pesar de que hemos presentado testigos y peritajes, que no toman en cuenta porque dicen que Jorge tenía rastros de pólvora en las manos, que muy probablemente le sembraron; de hecho la gente que reaccionó fue porque aseguran que llevaban un arma y bolsas negras para meterlas al vehículo”, apunta Raymundo Ramos Vázquez, presidente del CDHNL.

El defensor agrega que en la reconstrucción de hechos que hizo la CNDH se demostró que “es imposible disparar mientras una persona maneja, y menos con las ventanillas cerradas, además de que los únicos impactos de proyectil se dieron hacia el vehículo y algunos quedaron en paredes, mientras que no hay ninguno en dirección al sitio donde estaban los agentes de la GN”.

El Informe Policial Homologado, firmado por Juan Aníbal Reséndiz Hernández, suboficial, e Irene Mario Gerardo Salomé y Luis Enrique Enríquez Serrano, de sanidad, quienes se identificaron con credenciales expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional, sostiene que mientras ellos patrullaban a pie sobre la avenida Ocampo, de norte a sur, recibieron el reporte de compañeros suyos, ubicados en otras calles, de que un vehículo con las características del de Jorge se dirigía a ellos “a alta velocidad con una conducción errática”.

Según el documento integrado en la carpeta de investigación –al que tuvo acceso este medio–, cuando el vehículo pasó junto a los guardias, le indicaron que se detuviera, pero en cambio escucharon disparos “provenientes de su interior”, por lo que procedieron a tomar la “posición de tirados” y entre los tres dispararon 11 veces, “refiriendo las llantas traseras para reducir” la circulación de la camioneta.

La narrativa oficial señala que de la camioneta salieron dos hombres, uno de ellos con un arma larga, que se dieron a la fuga, en tanto que al acercarse al vehículo advirtieron que había “algunos cartuchos al interior y una bolsa de mano abierta con bolsitas con hierba en el descansabrazos”.

Según los soldados convertidos en agentes de la GN, los objetos habrían sido retirados por una turba que los encaró con “una actitud hostil hacia el personal, comportándose de manera agresiva”. Los integrantes de la GN tuvieron que ser rescatados por sus compañeros y efectivos militares.

El documento incluye una relación de 26 agentes de la GN con registros de sus respectivas armas de cargo.

Ante la muerte del estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael Ignacio Rangel, y las lesiones graves causadas a una compañera suya por miembros de la GN, Raymundo Ramos destaca que, como se advierte en el caso de Jorge Rivera, “hay un patrón de comportamiento en el uso indiscriminado de la fuerza letal que comparten la GN, el Ejército y la Marina, que es lo que hemos detectado en Nuevo Laredo”.

Agresiones injustificadas

El defensor advierte que en enero de este año documentaron otro caso en el que elementos de la GN, sin motivo alguno, dispararon contra un vehículo, hiriendo al conductor, quien logró sobrevivir, asunto que es motivo de denuncia y de queja ante la CNDH, y que cuentan con videos que muestran la agresión de los guardias.

“De parte de las autoridades y de la CNDH, en casos como éste, también vemos un patrón: los agentes del Ministerio Público Federal parecen ser defensores de los agresores y el organismo público que dice defender al pueblo no emite recomendaciones”, reprueba Ramos Vázquez.

Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), destaca que casos como el de Ángel Yael se suman a una larga lista y “confirman los riesgos que hemos advertido en la decisión de disponer del Ejército para incorporarse a la GN, para dedicarse a la seguridad pública”.

Con más de 20 años defendiendo víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas, Aguirre Espinosa destaca que la GN “no sólo replica al Ejército en el uso desproporcionado, irracional, injustificado de la fuerza letal y por tanto contrario a los estándares internacionales, sino que vemos que no tiene controles adecuados ni internos ni externos”.

Recuerda que la GN tiene como encargado de la Unidad de Asuntos Internos al general David Enrique Velarde Sigüenza, quien “procede de la Policía Judicial Militar, un cuerpo oscuro, violador de derechos humanos, que no asegura una labor de contrapeso adecuado”.

Lamenta que tampoco haya controles externos adecuados, pues el Senado no ha llamado a cuentas a la institución, como es su obligación, mientras que la CNDH “se ha mostrado tibia, complaciente, tardía en sus reacciones, pues al día de hoy tenemos sólo dos recomendaciones a la GN por abuso del uso de la fuerza, una por tema migratorio y otra por la presa La Boquilla, en Chihuahua”, en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha emitido resoluciones sobre las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza (LNUF) y el acuerdo presidencial que militariza la seguridad pública.

El Centro Prodh litigó ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) más de un año el acceso a los “Reportes pormenorizados sobre uso de la fuerza” de la GN, que ordena la LNUF desde su creación, el 27 de mayo de 2019, hasta el 10 de marzo de 2021.

En dicho periodo ocurrieron 161 eventos de uso de la fuerza, en los que habrían fallecido 14 elementos de la corporación, 89 “agresores” y cinco “civiles”, alertando que en ningún caso se habría registrado “exceso de la fuerza”, de acuerdo con datos de la GN.

Sin embargo la dependencia sólo entregó seis reportes de personal adscrito a la Dirección General de Seguridad de Carreteras e Instalaciones, en los que se advierte que sólo en uno, fechado el 14 de diciembre de 2020 en Celaya, Guanajuato, los elementos de la GN accionaron sus armas de fuego, dejando un saldo de una persona herida y otra sin vida, producto de un enfrentamiento con personas que viajaban en un automóvil compacto, a las que habrían perseguido luego de ser señaladas por el chofer de un camión de carga de haber disparado a su vehículo- para que se detuviera.

Los agentes concluyen el documento advirtiendo que “se hizo uso de la fuerza en estricto apego a los derechos humanos, apegándonos a los principios que los rigen: absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas, accionando las armas de fuego como medio de defensa para preservar nuestra integridad”.

Asesinatos, desapariciones, tortura

El 8 de abril de 2022 el Centro Prodh presentó un escrito ante el INAI sobre el incumplimiento en la entrega de la información solicitada, pues la relación de “Reportes pormenorizados sobre el uso de la Fuerza”, entre el 27 de mayo de 2019 y el 10 de marzo de 2021, no correspondía “con el total de eventos de uso de la fuerza que reportó en ese mismo periodo”.

Cabe destacar que en el informe Anual de Actividades 2021, la GN reportó 125 eventos de uso de la fuerza, lo que elevaría a 263 el total de eventos entre la fecha de puesta en operación de la institución al 31 de diciembre de 2021.

En materia de quejas por violaciones a derechos humanos, entre 2020 y marzo de 2022 la CNDH acumuló 969 expedientes de queja contra elementos de la GN, 359 en 2020, 504 en 2021 y 106 en el primer trimestre del año en curso, de acuerdo con el Sistema Nacional de Violaciones a Derechos Humanos.

Hasta el viernes 6 sólo se habían emitido cuatro recomendaciones, dos por exceso de uso de la fuerza, en Chihuahua y Tabasco; una por tortura en Quintana Roo, y otra por no actuar ante 15 linchamientos en Oaxaca.

En 2019 el organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra no ubicó a la GN entre las instituciones más mencionadas por violar derechos humanos, aunque sí aparece entre las dependencias federales responsables de hechos violatorios de alto impacto, destacando dos casos de privaciones de la vida, una queja por tortura, cinco por trato cruel inhumano y degradante y seis por detenciones arbitrarias.

De las 969 quejas contra la GN entre 2020 y el primer trimestre de 2022, se le atribuyeron nueve privaciones de la vida y una ejecución sumaria o extrajudicial; ocho desapariciones forzadas; 26 casos de tortura; 126 quejas por trato cruel, inhumano o degradante, y 205 por detenciones arbitrarias.

Ante la falta de controles efectivos sobre la GN, Italia Méndez, una de las 11 mujeres víctimas de tortura sexual durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, que llevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) hasta obtener una sentencia contra México, lamenta que entre los puntos no cumplidos de esa resolución está la creación de un Observatorio Independiente sobre uso de la fuerza de las instituciones policiales a nivel federal y estatal, es decir, la GN y la policía del Estado de México.

“Para nosotras es equivocada esta militarización de la seguridad pública que nos ha traído tanta violencia y tantas violaciones a derechos humanos de forma sistemática, y frente a ello sigue habiendo el argumento de que hay órganos internos de control que pueden observar lo que hacen corporaciones como la GN, pero en 2006 el uso de la tortura sexual y la violación ocurrió existiendo esos órganos de control”, recuerda Méndez.

En el contexto de los 16 años de Atenco y de tres años de emitida la sentencia de la Coidh, “no sólo es lamentable que no haya voluntad política para cumplir a cabalidad la resolución, sino que esta medida en particular, el Observatorio Independiente, está totalmente olvidada y cancelada por el Estado en las mesas de negociación”, puntualiza Italia Méndez. 

Reportaje publicado el 8 de mayo en la edición 2375 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.