La responsabilidad por el asesinato de Ángel Yael Ignacio Rangel recayó en un solo sujeto: el infante de marina adscrito a la Guardia Nacional que disparó contra el estudiante de agronomía de 19 años. Así, la responsabilidad de la institución se diluyó entre tecnicismos legales y la propia institución atribuye los hechos a una reacción “inexplicable, unilateral y decidida de manera autónoma” por el inculpado.

GUANAJUATO, GTO. (Proceso).– Ningún argumento salió de boca de defensores del infante de la Marina Armada imputado como presunto responsable del homicidio del estudiante de 19 años Ángel Yael Ignacio Rangel y de herir a su compañera Edith, durante la audiencia judicial en la que aquél quedó vinculado a proceso como presunto responsable de ambos delitos.

Impasibles, los dos abogados particulares sentados junto al inculpado apenas pronunciaron unas pocas palabras; “hay contradicciones” y “no hay datos de prueba que lo impliquen directamente en los hechos”.

Nadie en la sala del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato señaló o sugirió siquiera la responsabilidad de la Guardia Nacional (GN) –institución a la que está adscrito el imputado– en lo ocurrido la tarde del 27 de abril en Exhacienda El Copal.

Allí Ángel Yael recibió un disparo en la cabeza desde un convoy encabezado por la GN que hacía un “recorrido disuasivo” contra el huachicol en esta comunidad de Irapuato, sede de un campus de la Universidad de Guanajuato (UG).

De esta manera, el papel de la institución en esta presumible ejecución extrajudicial se diluyó en una acusación, datos de prueba, testimonios y peritajes que señalaron directa y únicamente al infante de marina.

Apenas tres años mayor que Ángel Yael, el inculpado movía la cabeza de un lado para otro en enfática negativa, en los momentos en los que el juez federal Efraín Frausto Pérez o los fiscales federales le atribuían el disparo que hirió de muerte al universitario.

De hecho, entre las ponderaciones hechas por el juez al resolver la vinculación a proceso la noche del viernes 6, mencionó que tomar la decisión para toda la vida de formar parte de una institución como la Guardia Nacional “es un sacrificio, y ese sacrificio también merece dignificarse”.

El juez Frausto concluiría rechazando una de las acusaciones formuladas por los fiscales federales y los asesores de las víctimas (algunos de ellos, penalistas enviados por la Universidad de Guanajuato), quienes pretendían que el infante de marina fuera también vinculado por tentativa de homicidio de los tres estudiantes que, junto con Ángel, estaban a bordo de la camioneta a la que le hicieron los disparos.

“La tentativa tiene que ser real y no es el caso”, afirmó, antes de ordenar también que el inculpado permanezca en prisión preventiva, pero en el Cefereso 12 y no en el Cereso de Puentecillas, ante la queja de éste de que en dicho penal estatal “me pusieron en una celda donde están los marros y me preguntan todos los días que por qué estoy allí y de qué cártel soy”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2375 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.