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"Los niños de Daesh", en el desamparo
Unas 57 mil personas sobreviven en condiciones infrahumanas en los campos de refugiados de Roj y Al-Hol, en la región siria de Rojava. La inmensa mayoría son mujeres y sus hijos menores de edad.
Unas 57 mil personas sobreviven en condiciones infrahumanas en los campos de refugiados de Roj y Al-Hol, en la región siria de Rojava. La inmensa mayoría son mujeres y sus hijos menores de edad. Los padres de muchos de éstos vinieron de diversos países para combatir en las filas de Daesh. Doscientos niños franceses y sus madres se encuentran entre los confinados. Pero el presidente Emmanuel Macron se resiste a repatriarlos a pesar de los exhortos y gestiones que, en apego a los derechos de la infancia, realizan instancias de la ONU y organizaciones internacionales.
PARÍS (Proceso).–Doscientos niños franceses y sus madres sobreviven desde hace tres años en los sórdidos campos de detención de Roj y Al-Hol, en la región de Rojava (noreste de Siria) controlada por los kurdos.
Son hijos y esposas de combatientes de Daesh capturados en 2019 junto con otros 70 mil menores de edad y mujeres después de la caída de Baguz, último bastión de resistencia del autoproclamado Califato del Estado Islámico. Se estima que 59 mil detenidos eran sirios e iraquíes y 11 mil eran oriundos de 57 países.
Hoy quedarían aproximadamente 57 mil personas en ambos campos cuyas condiciones de seguridad y salubridad se van degradando día tras día.
“Vimos a niños que padecen todo tipo de enfermedades de la piel, otros con miembros esqueléticos y barrigas hinchadas que escarbaban en basureros nauseabundos o yacían tendidos en el piso de sus carpas con el cuerpo cubierto de polvo y moscas”, denuncian los investigadores de la organización británica Rights and Security International (RSI) en un informe publicado en febrero de 2021 con un título elocuente: Guantánamo de Europa. La detención indefinida de mujeres y niños en el norte de Siria.
Precisan: “Estos niños mueren de diarrea aguda, desnutrición, deshidratación extrema, enfermedades pulmonares, hipotermia o a consecuencia de heridas de guerra mal atendidas o no atendidas. También mueren intoxicados por el monóxido de carbono producido por estufas improvisadas que calientan sus carpas en invierno o quemados vivos en los incendios de esas carpas causados por las mismas estufas. Mueren en brotes de violencia que sacuden casi a diario los campos…”.
Lejos de ser una metáfora, la referencia a Guantánamo evidencia la situación aberrante y fuera de todas las normas jurídicas internacionales en que se encuentran los detenidos de Roj y Al-Hol. Los adultos, más de 90% de los cuales son mujeres, están apresados en esas inmensas cárceles a cielo abierto sin haber sido sometidos a juicio alguno. En cuanto a los chicos, su detención viola todas las convenciones internacionales sobre los derechos de la infancia. Las instancias de la ONU involucradas en este asunto llevan tres años urgiendo a los dirigentes de los 57 países de origen de los detenidos a que los repatrien.
La región de Rojava, que en 2013 se autoproclamó Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), no cuenta con reconocimiento internacional alguno, padece una situación económica precaria y vive en pie de guerra. Sus líderes insisten en que no disponen de suficientes medios humanos, financieros y materiales para seguir manteniendo y vigilando a decenas de miles de detenidos y que de todos modos no les corresponde en absoluto hacerlo. Al igual que la ONU, exhortan a los gobiernos involucrados a tomar sus responsabilidades.
Los primeros en reaccionar, inclusive antes de los reiterativos llamados de las Naciones Unidas y de la AANES, fueron la Federación de Rusia, por un lado, y por otro los cinco países de Asia Central en los que predomina la religión musulmana: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Luego se movilizaron Ucrania, Kosovo, Bosnia, Albania…
Muchísimo más lenta fue la respuesta occidental. Estados Unidos fue uno de los primeros países en empezar a repatriar a sus nacionales. Siguieron Dinamarca, Bélgica, Finlandia, Alemania, Italia, Países Bajos y Suecia, que actúan a un ritmo bastante lento. En 2021 sacaron del infierno de Roj y Al-Hol a 220 mujeres y niños.
El abandono de Francia
En ese siniestro contexto destaca la dureza extrema de la política del gobierno de Francia, país europeo más violentamente golpeado por atentados yihadistas y que cuenta con más detenidos en el noreste de Siria. Entre finales de 2019 y enero de 2021 Emmanuel Macron sólo dio su visto bueno a la repatriación de 35 menores de edad, 18 huérfanos y 17 pequeños de los que madres desesperadas aceptaron separarse. El presidente galo es el único dirigente de la UE que acepta exclusivamente el regreso de los niños y veta el de sus madres. En los últimos 16 meses no autorizó repatriación alguna.
Tan inflexible es su actitud que una lluvia de condenas internacionales se abatió y sigue abatiéndose sobre “la patria de los derechos humanos”.
Después de la UNICEF fue el Comité de los Derechos del Niño de la ONU el que censuró a Macron el pasado 24 de febrero al señalar que “la negativa de Francia a repatriar a los niños franceses detenidos en campos sirios en condiciones que hacen peligrar su vida viola desde hace años su derecho a la vida y su derecho a no sufrir tratos inhumanos y degradantes”.
El Consejo de Europa denunció a su vez la falta de respeto a la Convención Europea de los Derechos Humanos por parte de Francia. Lo mismo hizo el Parlamento Europeo, que condenó globalmente la actitud de los países de la UE y en particular la de Francia. La Cruz Roja Internacional, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de los Derechos Humanos encabezan una amplia red de ONG e instituciones que multiplican campañas y presiones para que Francia actúe conforme a sus compromisos internacionales en materia de derechos del niño.
En Francia misma la Comisión Consultiva de los Derechos Humanos y el Defensor de los Derechos llevan tres años exhortando al jefe del Ejecutivo a repatriar a los 200 menores de edad y las 80 mujeres detenidos en el noreste de Siria.
“Como miembro de la Comisión Consultiva de los Derechos Humanos supervisé personalmente la investigación sobre la situación de estos niños y presenté mi primer informe sobre su caso en septiembre de 2019. Por supuesto, en ese documento la comisión insistía en la urgencia de repatriarlos. En vano. Lo mismo hicimos el año siguiente, sin resultado. Y hoy, tres años después, seguimos igual. Pero en Rojava la situación es cada vez más insostenible y se va alargando la lista de las denuncias infamantes de la que Francia es objeto. Me indigna la contradicción entre ‘la palabra’ de Francia que alecciona al mundo sobre derechos humanos y su actuación. De seguir así Francia perderá toda credibilidad”, confía amargo a la reportera Patrick Baudouin, presidente de honor de la Federación Internacional de los Derechos Humanos.
El pasado 23 de mayo ese respetado abogado francés que lleva 50 años realizando misiones sobre violaciones de derechos humanos en todo el planeta participó en una rueda de prensa junto con responsables de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, del Colectivo Familias Unidas –que agrupa a familiares de mujeres y niños detenidos en los campos de Roj y Al-Hol– y, hecho importante, con directivos de dos asociaciones de víctimas de actos terroristas: 13Once15 Fraternidad y Verdad, integrada por sobrevivientes de los atentados del 13 de noviembre de 2015, y la Federación Nacional de Víctimas de Atentados y Accidentes Colectivos (FENVAC).
El objetivo de todas estas organizaciones es aprovechar el inicio del segundo mandato presidencial de Macron para urgirlo en forma solemne a que repatrie cuanto antes a sus 280 nacionales.
“Los niños detenidos en el noreste de Siria no tienen culpa de nada. Por el contrario, son a la vez víctimas de la decisión de sus padres de involucrarse con el Estado Islámico y del abandono de Francia”, recalca a la corresponsal Philippe Duperron, presidente de 13Once15 Fraternidad y Verdad, cuyo hijo murió acribillado en el atentado perpetrado por el Estado Islámico contra la sala de concierto del Bataclan.
“Son víctimas del terrorismo al mismo título que mi hijo”, insiste.
Serge Hefez, renombrado psiquiatra y psicoanalista que atiende desde hace una década a jóvenes musulmanes franceses radicalizados y más recientemente a niños regresados de Siria, señala por su parte que Francia dispone de la infraestructura y de las instancias necesarias para recibir y cuidar a los 200 menores de edad detenidos en Rojava.
Explica a Proceso que a su regreso a Francia los menores de edad viven primero con “familias de acogida”, especialmente capacitadas para tratarlos. Una vez que recobran salud física y equilibrio psíquico, los niños pueden volver con sus propios familiares, que por lo general son sus abuelos.
“Los chicos que atendí y sigo atendiendo en algunos casos, no pasaron por los campos de detención de Siria, sino que regresaron de las zonas de guerra con sus madres o fueron rescatados por la Cruz Roja porque se habían quedado huérfanos. Todos padecían traumas profundos.”
Según Hefez, las madres fueron detenidas a su llegada a Francia. Acusadas de pertenecer a una organización terrorista, fueron enjuiciadas y condenadas a penas de cárcel más o menos largas.
“Pero todo está organizado para que niños y adolescentes puedan visitarlas en buenas condiciones”, subraya el psiquiatra.
“En realidad en Francia todo existe para que esos niños tengan una segunda oportunidad en la vida –sigue contando–. Y muchos la aprovechan. Se integran a la sociedad. Recuperan su salud mental y sus lazos familiares. La mayoría están bien. Ninguno manifiesta ideas extremistas. Hay casos difíciles, por supuesto. Pero son pocos. Por eso siento un coraje indescriptible al pensar en estos 200 chicos que llevan tres años en ese infierno, sin escuela, sin nada, sin infancia… ¡Qué desperdicio tan atroz! Son solamente 200 y todo está listo para salvarlos.”
“Bombas de tiempo”
Tanto Hefez como Patrick Aeberhard, cardiólogo, miembro fundador de Médicos sin Fronteras y Médicos del Mundo, al igual que otros defensores de los presos de Roj y Al-Hol, nunca fueron autorizados a visitarlos. Lo mismo pasó con tres delegaciones parlamentarias francesas, abogados defensores de los detenidos y abuelos de unos menores de edad.
“Nos vetan las autoridades kurdas pero lo hacen bajo presión del Elíseo”, confía Aeberhard a la reportera, aludiendo a “subvenciones” que París otorga a la AANES.
Asegura Ilham Ahmed, colideresa de AANES, en un amplio reportaje publicado el pasado mes de abril en La Chronique, revista mensual de Amnistía Internacional-Francia: “Si estas personas no pudieron pasar las ‘fronteras’ de Rojava para acceder a los campos, fue porque recibieron órdenes directas de Francia”.
Entre otros argumentos para justificar su inflexibilidad, las autoridades francesas dicen que temen que “los niños de Daesh” se conviertan en “bombas de tiempo”.
“Es dejándolos sobrevivir en condiciones infrahumanas que el Estado francés los convierte en bombas de tiempo”, protesta Serge Hefez.
Ahmed insiste en que Daesh está reconstituyendo sus fuerzas en un macizo montañoso ubicado en la frontera entre Siria e Irak y que busca liberar a sus integrantes encarcelados en la región. El pasado 20 de enero un centenar de yihadistas asaltaron la cárcel de Al-Sina –cerca de Hassake y a poca distancia de Roj y Al-Hol– para rescatar a sus 3 mil 500 compañeros de armas. Los combatientes kurdos apoyados por fuerzas estadunidenses tardaron 10 días en repeler a los atacantes.
“Sabemos que volverán y que preparan operativos para liberar a sus mujeres e hijos”, dice la lideresa kurda. “Pero Daesh no es nuestra peor preocupación. Tememos aún más a Bachar Al Asad (presidente de Siria) y sobre todo a Erdogan (mandatario de Turquía), que están al acecho, esperando cualquier oportunidad para atacarnos”.
Ahmed recuerda que las fuerzas kurdas viven en una situación de precariedad estratégica extrema y que son sumamente dependientes del apoyo estadunidense, que podría ser afectado por el conflicto ruso-ucraniano.
Según explica Ahmed a La Chronique, la OTAN necesita el apoyo de Turquía en su coalición contra Vladimir Putin y para lograrlo podría “dejar” que Erdogan lance operativos de gran envergadura contra los kurdos de Siria, sus “peores enemigos”.
“En caso de ofensiva turca contra AANES, pasará con los campos de Roj y Al-Hol lo que pasó con el de Aïn Issa en octubre de 2019. Unas 800 mujeres yihadistas y sus hijos aprovecharon la invasión de la zona fronteriza entre Siria y Turquía ordenada por Erdogan para escaparse”, advierte Cecile Coudriou, presidenta de Amnistía Internacional-Francia.
Semejante perspectiva preocupa hondamente a David de Pas, coordinador de los jueces antiterroristas de Francia, que considera el caso de los detenidos de Roj y Al-Hol como un “auténtico problema de seguridad pública de largo plazo” e insiste en la necesidad urgente “de una voluntad política de repatriación”.
Al igual que sus homólogos europeos, De Pas estima que las cárceles donde están amontonados miles de combatientes del Estado Islámico y los campos de detención de sus mujeres e hijos de Rojava son auténticas “bombas de tiempo”.
En 2019 el magistrado expresó: “La inestabilidad geopolítica de la zona y la porosidad de prisiones y campos nos exponen a dos tipos de peligros. Por una parte migraciones incontroladas de yihadistas hacia Europa, con riesgo de atentados perpetrados por personas muy ideologizadas, y por otro lado la reconstitución de grupos aguerridos y determinados en la región”.
Tres años después esas advertencias cobran aún más fuerza.
Insiste Baudouin: “Los jueces antiterroristas explican también que los interrogatorios de las mujeres regresadas de Siria e Irak aportan informaciones importantes que permiten comprender mejor el fenómeno y la lógica yihadista. Si los argumentos humanitarios no persuaden a Macron, por lo menos deberían convencerlo consideraciones de seguridad de nacional”.
Según periodistas de investigación del matutino Libération, a principios de 2019 París coordinó con Estados Unidos un operativo de exfiltración de 350 franceses detenidos en el noreste sirio, en su mayoría mujeres y niños. Pero en el último minuto Macron se echó para atrás.
El 26 de febrero el presidente francés negó la existencia de ese plan de repatriación. Dos días más tarde se publicó en la prensa un sondeo de opinión que revelaba que 75% de los franceses se oponían al regreso de los niños apresados y 89% al de los adultos.
Varias familias de detenidos en Roj y Al-Hol, asesoradas por Marie Dosé, abogada de armas tomar, demandaron a Francia en cortes internacionales de justicia después de haber agotado todos los recursos jurídicos galos. Lo hicieron ante el Comité Internacional de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y recientemente ante la Corte Europea de los Derechos Humanos (CEDH).
El pasado 29 de septiembre la abogada expuso la situación de sus defendidos ante esa última instancia y acusó a Francia de violar el artículo 3 de la Convención Europea de los Derechos Humanos que prohíbe que un Estado firmante exponga a sus nacionales a tratos inhumanos y degradantes.
Después de las críticas sumamente severas emitidas en meses anteriores por la CEDH contra París, las familias esperan con ansia su veredicto.
