Delincuencia organizada

…Y en Chapala, el boom de las invasiones

En Chapala, Jalisco, se ha detonado la fiebre de despojos de propiedad privada e invasiones en zona federal, operaciones en las cuales participan funcionarios públicos, políticos y empresarios. Para concretar los robos estos personajes se han coludido con notarios públicos.
viernes, 24 de junio de 2022 · 06:35

En Chapala, Jalisco, se ha detonado la fiebre de despojos de propiedad privada e invasiones en zona federal, operaciones en las cuales participan funcionarios públicos, políticos y empresarios. Para concretar los robos estos personajes se han coludido con notarios públicos, algunos de ellos ya sancionados por su dudoso proceder. Un caso es el del panista José de Jesús Arambul, quien se ha hecho de terrenos de la nación para fraccionarlos y vender sus lotes.

CHAPALA, Jal. (Proceso). —  Este municipio, donde se ubica el lago más grande de México, aparece en el registro de denuncias por despojo de propiedad privada e invasiones a zona federal por parte de particulares y de políticos–empresarios, quienes están coludidos con notarios con el propósito de hacer negocios millonarios.

Muestra de ello es lo que pretende hacer el panista y excandidato a una diputación local José de Jesús Arambul Solorio, quien se apoderó de terrenos de la nación.

Ahora ofrece 11 lotes que suman 4 mil 466 metros cuadrados en la delegación de San Antonio Tlayacapan, mediante su empresa Grupo AS Bienes Raíces. La compañía vende el metro cuadrado entre 6 mil 500 y 8 mil pesos, con lo cual el político obtendría ganancias por aproximadamente 36 millones de pesos.

Jesús Arambul fue funcionario en el gobierno del panista Emilio González Márquez, donde ocupó el cargo de coordinador en la Secretaría de Movilidad.

En junio de 2015 la Contraloría del estado lo inhabilitó por un año porque omitió presentar su declaración final de situación patrimonial en 2013, al separarse del cargo.

El 1 de abril último, los vecinos denunciantes, cansados de la invasión a zona federal, convocaron a una manifestación en ese punto. Ahí estaba presente Arambul, quien se ostentó como propietario e, incluso, mostró la escritura 19965.

Los inconformes tomaron una fotografía del documento emitido por el notario público número 126 de Guadalajara, Álvaro Guzmán Merino, con fecha 3 de febrero de 2021. En ella se asegura que Gerardo Ponce Gómez vendió el predio a Arambul.

De acuerdo con la presidenta de “Amigos del Lago de Chapala”, Alicia Córdova, Gerardo Ponce, quien se ostenta como abogado, “está involucrado en otros fraudes inmobiliarios en la ribera”.

El 22 de octubre pasado Arambul inscribió ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio el terreno ubicado en “la división que se encuentra entre los límites de San Antonio y Ajijic”.

Del notario destaca que fue suspendido de sus funciones durante un año, según consta en el Periódico Oficial de Jalisco de fecha 24 de julio de 2020.

Ahí se publicó que, tras abrirse un proceso administrativo de responsabilidad notarial contra Guzmán Merino, el gobernador Enrique Alfaro resolvió suspenderlo.

Al respecto, el presidente del Colegio de Notarios, Jaime Natera López, dijo que el notario Guzmán tiene responsabilidad por escriturar zona federal, e incluso cuenta con varias sanciones. Y confirmó que está suspendido de nuevo, ahora por dos años y nueve meses.

“Fue suspendido Álvaro Guzmán por escrituras mal hechas (…) Está suspendido, si mal no recuerdo, a partir de hace dos meses”, dijo.

Jaime Natera aclaró que en ese tipo de anomalías no sólo está involucrado ese notario, también abogados, e incluso, en ocasiones, la “gente más allegada” al notario es la que podría cometer el delito.

Recordó que los notarios tienen la obligación de revisar los antecedentes de las escrituras. Y coincidió con Alfaro en que debe existir cero tolerancia hacia notarios que se presten a corruptelas.

Ante la presunta irregularidad de la escritura que emitió Guzmán Merino, el 11 de abril último, el activista y vecino de Ajijic, Julio César Carmona, presentó vía el portal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción una denuncia –166/2022, agencia 10– contra el político panista.

Expone que, de encontrarse “hechos constitutivos de delitos, es importante que se dé parte a la Fiscalía del estado de Jalisco, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría del Medio Ambiente”.

Colusión e influencias

También exfuncionarios estatales y municipales, en complicidad con notarios, han permitido que surjan de manera anómala “nuevos propietarios” en esta misma zona, denuncian los afectados.

Verónica Aguilar Delgado, de la comunidad indígena de San Antonio, refiere que hace 18 años se interpuso un juicio agrario contra el ejido Chapala porque estaba invadiendo sus tierras.

El juicio les resultó favorable, pero el ejido Chapala interpuso un recurso y en menos de seis meses les dieron un revés, con el argumento de que no tienen el carácter de comuneros de San Antonio, aunque cuentan con un título virreinal. 

Aguilar Delgado expuso que forman parte del ejido de Chapala el actual presidente municipal, panista y empresario Alejandro Aguirre Curiel, y su antecesor, el emecista Moisés Anaya.

También forman parte del grupo el exalcalde panista de Chapala Joaquín Huerta, así como el exregidor del PRI, Juan de Dios García. Óscar Anaya, papá de Moisés, fue expresidente del ejido de Chapala y también dice ser ejidatario de Santa Cruz de la Soledad. Otros exalcaldes que aseguran ser ejidatarios son los hermanos, Javier y Gerardo Degollado, del PRI.

Crisis desde 2005

El presidente del Colegio de Notarios se enteró de que la información respecto a Rodríguez Avilés “no fue proporcionada en forma veraz en el Juzgado de Distrito para que le hagan los apercibimientos correctos”, e indicó que la organización no cuenta con ninguna queja ni sanción.

De Prado Blagg dijo también que tiene el expediente limpio, y comentó que es “una persona que toda su vida se ha dedicado al derecho agrario, es una persona que en mi concepto es correcta y hace bien su trabajo”.

En la presente administración estatal han sido sancionados al menos 10 fedatarios y se desahogaron 21 quejas contra ellos en el Colegio de Notarios. l

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2381 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.

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