A dos semanas del plebiscito en el cual los votantes deberán aprobar o rechazar una nueva Constitución que reemplazaría a la heredada por Pinochet, Chile vive un periodo de agitación política en el que la derecha, que defiende los cimientos del antiguo modelo, logró reagruparse y ha mostrado capacidad para obstaculizar el proceso de cambios sociales que exige el país.

BOGOTÁ.— Hasta hace unos meses Chile parecía encaminado a erradicar para siempre la ortodoxia neoliberal que plasmó Augusto Pinochet en la Constitución de 1980 y que colocó la educación, la salud, las pensiones y la vivienda como bienes de consumo regulados por el mercado, lejos del alcance de la mayoría de la población.

Pero hoy, según todas las encuestas, el proyecto de nueva Constitución que redactó en el último año una Convención Constitucional sería rechazado por la mayoría de los votantes en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, pese a que sienta las bases de un estado de bienestar como el que los chilenos demandan.

Esto, en principio, es una buena noticia para la derecha chilena y sus principales partidos: la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Republicano y Evópoli. Pero no todo está perdido para la propuesta constitucional. Los sondeos muestran que en las dos últimas semanas se ha acortado la brecha entre el “Apruebo” y el “Rechazo”, y que ambas opciones llegarán muy parejas al referéndum del mes próximo.

Según analistas políticos consultados por Proceso, el respaldo a la nueva Carta Magna se desplomó por los escándalos protagonizados por algunos integrantes de la convención y por la “guerra sucia”, de fake news y de “desinformación” desarrollada por la derecha, tal como ocurrió en las campañas del Brexit en Reino Unido, de Donald Trump en Estados Unidos, de Jair Bolsonaro en Brasil y del “No” a los acuerdos de paz con las FARC en Colombia.

La politóloga Daniela Campos Letelier afirma que la campaña de la derecha contra el proyecto constitucional busca “detener el proceso de desarrollo de derechos sociales y civiles en el que entró Chile”, y aunque “no va a lograr ese objetivo, sí ha logrado sembrar dudas y temores divulgando noticias falsas o sesgadas” sobre varios artículos.

Para Pamela Figueroa, investigadora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, es claro que hay “una fuerte campaña de desinformación, pero lo más importante es que este país ha logrado canalizar, institucional y democráticamente, el malestar social que existe por la desigualdad y la exclusión”, y eso va más allá del resultado del plebiscito” del 4 de septiembre.

“El proceso constituyente es un paso más, pero éste es un camino largo y complejo”, dice la doctora en estudios americanos.

El compromiso de Boric

Ante la posibilidad de que la opción “Rechazo” se imponga al “Apruebo” en el referéndum constitucional, el presidente chileno Gabriel Boric anunció que, si eso ocurre, convocará a un nuevo proceso constituyente en el que “va a tener que discutirse todo de nuevo, a partir de cero”.

El problema es que el gobernante izquierdista, quien, como diputado, en 2019 impulsó un pacto político para convocar a una Constituyente, no cuenta con mayoría en el Congreso, donde la derecha tiene las curules suficientes para bloquear cualquier nuevo proceso constitucional que no le garantice mayor incidencia en la elaboración de otra Carta Magna.

Los analistas políticos coinciden en que, si gana el “Rechazo”, la derecha tratará de atajar los cambios estructurales que piden los chilenos, apoyará reformas muy limitadas y hará lo posible por mantener el modelo de mercado consagrado en la Constitución pinochetista de 1980.

Esto, pese a que una eventual derrota en las urnas de la propuesta constitucional no significaría un espaldarazo a la Carta Magna heredada por la dictadura; sino un rechazo al trabajo de la Convención Constitucional.

Según varias encuestas, siete de cada 10 chilenos están de acuerdo en que, si triunfa el “Rechazo”, se inicie un nuevo proceso constituyente. Nadie duda de que el consenso por el cambio prevalece en el país.

El referente europeo

El estallido social que vivió Chile en octubre de 2019, el cual dejó 32 muertos y mil 980 heridos de bala, puso en claro que el hartazgo ciudadano hacía insostenible un modelo de desarrollo que producía crecimiento económico, pero también mucha inequidad y una alta tasa de concentración de la riqueza.

La derecha política y empresarial entendió en ese momento que un país incendiado no es buen negocio para nadie, y asumió que había llegado la hora de un cambio, lo que facilitó un acuerdo pluripartidista –en el que Boric jugó un papel central– para convocar a una Convención Constitucional que se encargaría de redactar una nueva Carta Magna que diera respuesta a las demandas ciudadanas.

En octubre de 2020, 79% de los votantes chilenos se pronunció en un plebiscito por una Convención Constitucional para redactar una nueva Constitución, y en mayo de 2021 propinaron una histórica derrota a la derecha al elegir sólo a 37 convencionales, 23% del total, mientras que los independientes, la centroizquierda y los indígenas acapararon 117 escaños.

El resultado fue que la convención redactó una nueva Constitución que privilegia el interés social sobre el privado; que crea un sistema de bienestar en el que el Estado garantiza el derecho a la salud, la educación, las pensiones dignas y la vivienda, y que además reconoce a Chile como un país “plurinacional, intercultural, regional y ecológico”, así como “paritario”.

El texto señala que “es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo”.

La nueva Constitución es también enfáticamente feminista, indigenista y ambientalista, y al mismo tiempo establece con claridad que las finanzas públicas deben ser sostenibles y que el gasto social crecerá en la medida en que aumenten los ingresos tributarios.

Para el exministro de Hacienda y exfuncionario del Fondo Monetario Internacional Nicolás Eyzaguirre, se trata de un texto que, contrario a lo que afirma la derecha, favorece la inversión y el crecimiento, y tiene como referentes las constituciones de los países europeos y escandinavos.

La semana pasada medio centenar de economistas de las mejores universidades de Estados Unidos y Europa divulgaron una carta de respaldo al proyecto de Constitución porque es un “visionario documento” que asegurará “crecimiento sustentable y prosperidad compartida para Chile”. Entre los firmantes están la italoamericana Mariana Mazzucato, el francés Thomas Piketty y el coreano Ha-joon Chang, quienes pugnan por un equilibrio entre el Estado y el mercado.

Camino cuesta arriba

Hasta marzo pasado, todas las encuestas auguraban un triunfo del “Apruebo”, pero a partir de abril tomó fuerza la opción “Rechazo”.

Hoy los sondeos anticipan que la nueva Constitución será derrotada en las urnas con una diferencia de entre tres y 10 puntos porcentuales sobre el “Apruebo”. El mes pasado la diferencia era mucho más amplia.

La maestra en ciencias políticas de la Universidad de Chile Daniela Campos Letelier está convencida de que el “Apruebo” acabará por imponerse porque, en esta ocasión, el voto será obligatorio y porque las encuestas no están reflejando la masiva adhesión de los jóvenes, las mujeres y los movimientos sociales al proyecto de Constitución.

Y esto, dice, juega contra la campaña del “Rechazo”, que se inició desde antes de que la convención terminara sus labores, el pasado 4 de julio, y en la cual “las mentiras” juegan un papel central.

La integrante de la Red de Politólogas y profesora de la Universidad Andrés Bello indica que los promotores del “Rechazo” han llegado a afirmar que, al declarar a Chile como un Estado plurinacional, la nueva Carta Magna elimina los símbolos patrios, la bandera nacional, el himno y el nombre del país, y que los indígenas tendrán su propia justicia penal.

También, que se expropiarán los fondos particulares de pensiones y que se estatizarán la salud, la educación y la vivienda, algo “absolutamente falso” porque en todas esas áreas habrá un modelo mixto, público-privado.

Votando en la ducha

La divulgación sistemática de mentiras, replicadas acríticamente por los medios de la derecha empresarial y por políticos de ese sector, acabó por impactar a segmentos de la población que quieren cambios, pero que acabaron por creer que la propuesta constitucional es demasiado radical.

Un estudio de la ONG Derechos Digitales y Datavoz de abril pasado reveló que 58% de los consultados dijo haber conocido información sobre la convención que finalmente resultó falsa, principalmente por redes sociales, televisión y diarios en línea.

Pero fueron los propios constituyentes quienes se encargaron de abonar el terreno para que las fake news de la derecha encontraran eco entre los chilenos. No sólo porque desde la instalación de la convención, el 4 de julio de 2021, se registraron destemplados debates entre ellos, sino por cuestionables conductas individuales que acabaron por afectar la imagen de todo el organismo.

El convencional Rodrigo Rojas, por ejemplo, quien decía tener leucemia y había sido electo por su activismo por la salud, confesó que no tenía esa enfermedad. La derechista Teresa Marinovic violó varias veces la norma sobre uso de mascarillas por la pandemia del covid-19. Y el ambientalista Nicolás Núñez votó en una ocasión en forma virtual mientras se duchaba.

Estos escándalos de gran impacto en medios y redes sociales acabaron por posibilitar que la derecha lograra reagruparse y atacar la nueva Constitución tras las derrotas que había sufrido en la elección de convencionales, en mayo de 2021, y en los comicios presidenciales de diciembre pasado, cuando el izquierdista Gabriel Boric se impuso al ultraderechista José Antonio Kast.

Hoja de ruta

Para Figueroa, quien formó parte de la mesa técnica del proceso constituyente, la Carta Magna redactada por los convencionales “cumple con la expectativa porque es más inclusiva y contiene derechos sociales protegidos y promovidos por el Estado, como los de las mujeres, de los indígenas y de la naturaleza”.

Señala, sin embargo, que hay aspectos que tal vez requerían mayor especificidad, pero los convencionales “son personas que representan a la ciudadanía y que no necesariamente son expertos constitucionales”.

La académica de la Universidad de Santiago de Chile asegura que las precisiones que hacen falta las puede hacer el Congreso cuando la Constitución se traduzca en leyes.

Los partidos de la coalición progubernamental que impulsan el “Apruebo” suscribieron un acuerdo para aclarar algunos puntos del texto constitucional en caso de que sea aprobado el 4 de septiembre, entre ellos el de las autonomías territoriales indígenas, que se regirán bajo el principio de unidad e indivisibilidad del Estado de chileno, y el de la participación de entidades privadas en el Sistema Nacional de Salud.

Figueroa señala que éste es un proceso electoral “bastante abierto” en el que la opinión pública chilena se muestra “muy voluble” y en el que nadie sabe si las encuestas –en las que aparecen amplios segmentos de indecisos– están reflejando lo que en realidad piensa el país.

“Yo no me atrevería a hacer un pronóstico sobre el resultado, pero cualquiera que éste sea, el proceso de transformaciones que demanda la sociedad chilena va a seguir”, asegura.

Reportaje publicado el 21 de agosto en la edición 2390 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.