Poder Judicial

Viola la independencia de poderes: Una propuesta del Legislativo que afecta a jueces y magistrados

El pasado 28 de julio se aprobó en San Lázaro un dictamen de reforma constitucional –a iniciativa de Morena– que permite la readscripción de jueces y magistrados cada cinco años, una medida que puede afectar a mil 600 impartidores de justicia.
lunes, 8 de agosto de 2022 · 18:57

El pasado 28 de julio se aprobó en San Lázaro un dictamen de reforma constitucional –a iniciativa de Morena– que permite la readscripción de jueces y magistrados cada cinco años, una medida que puede afectar a mil 600 impartidores de justicia. Y aunque la iniciativa arguye que se trata de terminar con la corrupción y el clientelismo, representantes del gremio afectado dicen que la medida violenta la independencia e inamovilidad judiciales y es contraria a los estándares constitucionales.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de reforma constitucional que puede provocar que mil 600 jueces y magistrados tengan que mudarse de estado cada cinco años, con el argumento de que con esto se evitarán casos de corrupción y clientelismo en juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Tras esa decisión, integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed) advierten que la reforma, cuya iniciativa fue presentada por la bancada de Morena, viola la independencia e inamovilidad judiciales y es contraria a los estándares constitucionales, convencionales y jurisprudenciales.

Esta es la segunda vez en lo que va del sexenio que los legisladores de Morena intentan modificar la ley para ejercer mayor control sobre el PJF.

La iniciativa, presentada desde el 28 de septiembre de 2021 por el diputado morenista Hamlet García Almaguer, busca modificar el artículo 97 de la Constitución para que los jueces y magistrados federales permanezcan en un mismo circuito sólo cinco años y sean removidos de manera aleatoria de las entidades en las que despachan.

En su exposición de motivos, García Almaguer señaló que busca impulsar que en los juzgados y tribunales “no exista corrupción a causa del clientelismo o la socialización”.

Y agrega: “La reforma que vengo a presentar consiste en coadyuvar en la erradicación de la corrupción en el Poder Judicial, debido a elementos que se pueden facilitar por la socialización de las y los jueces y las magistradas y los magistrados respecto al tiempo que llevan asignados en un mismo lugar, por ello, propongo que las y los magistrados, así como las y los jueces de distrito cumplan un periodo rotativo de cinco años en diferentes entidades federativas, mediante sorteo público, para que no se anide la corrupción y el nepotismo en los servidores públicos, y así demostrar que el ejercicio del Poder Judicial se realiza bajo modelos de experiencia, competencia, eficiencia y compromiso con la sociedad por sobre las relaciones personales”, indica el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

El pasado 28 de julio, la iniciativa fue discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales, que la recibió para estudiar y elaborar el dictamen correspondiente.

Ese día, los legisladores integrantes de esa comisión aprobaron el dictamen del proyecto de decreto para proponer la reforma al primer párrafo del artículo 97 de la Carta Magna en materia de cambio de adscripción de jueces de Distrito y magistrados de Circuito del PJF.

De acuerdo con el proyecto del dictamen, al analizar la iniciativa los legisladores agregaron una opinión de impacto presupuestario, ponderaron los argumentos de Morena para proponer la reforma, pero no agregaron si en algún momento sostuvieron un diálogo con integrantes del PJF para conocer su opinión.

Iniciativa polémica

En entrevista con Proceso, el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, presidente de la Jufed, explica que los juzgadores tenían conocimiento de que los legisladores federales buscaban plantear una nueva reforma al PJF, pero nada fue público sino hasta el pasado 28 de julio, cuando la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2388 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.

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