Ninguno de los partidos quiso pagar el costo político de acotar al Tribunal Electoral. Ante el repudio social y la rebelión de diputados, las dirigencias echaron para atrás la reforma que limita la competencia de este órgano en asuntos internos de partidos –y evitar así sanciones–, y que le impide su intervención en casos de violaciones a los derechos electorales de minorías. Aunque Morena, sus aliados y el PRI mantienen la esperanza de aprobar una modificación constitucional con “agregados” consensuados, el tiempo se agota ante el arranque del proceso electoral 2023-2024. El panista Santiago Creel no tiene dudas: “Hay un acuerdo en que la reforma no va y punto”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Ningún partido político en la Cámara de Diputados parece dispuesto a recibir el golpe del repudio social que ha generado la propuesta con la que buscaban ‘limitar’ al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en decisiones que, acusan, han invadido atribuciones del Poder Legislativo.

Pese al optimismo que mostraban sobre la reforma a los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución, a principios de abril, los coordinadores de seis de los siete grupos parlamentarios de San Lázaro cedieron a los señalamientos desde la sociedad civil sobre el daño que estos cambios generarían a los derechos políticos de las minorías.

Solamente Movimiento Ciudadano había manifestado su preocupación y rechazo a la propuesta elaborada desde la Junta de Coordinación Política que, según advirtió en redes sociales el diputado Jorge Álvarez Máynez, “iba a dar un golpe mortal al Tribunal Electoral”.

La bancada naranja acusó que la “partidocracia” pretendía acotar la competencia de los magistrados electorales en asuntos internos de partidos y evitar así sus sanciones. Pero lo más grave, indicó, era el riesgo de impedir al Tribunal y al Instituto Nacional Electoral (INE) intervenir en caso de violaciones a los derechos político-electorales de minorías, como migrantes y pueblos originarios, además de obstaculizar la observancia de la paridad de género.

PRI y PRD expresaron su apoyo al planteamiento para “acotar al tribunal”. El dirigente nacional tricolor, Alejandro Moreno expresó: “Hay certeza, hay apertura, hay certidumbre, los partidos políticos tienen su libre autodeterminación. Los órganos jurisdiccionales, en base a lo que está garantizado en la ley, es que van a tener la capacidad de interpretación para tomar decisiones. Nosotros respetamos al Tribunal Electoral, al Poder Judicial de la Federación, a la Corte”.

Incluso el panista, Santiago Creel, quien después consideró un triunfo el que se haya detenido la reforma, reconoció en su momento que el “problema competencial” con el Poder Judicial seguía latente: “Desde mi punto de vista esto tendría que ser una reforma de carácter constitucional en plena forma y dividir las competencias, con mucha claridad: qué es lo parlamentario y qué es lo electoral.”

Tanto Morena y sus aliados como la oposición del PRI, PAN y el PRD, manifestaron su aval para el documento emanado del Grupo Plural de Trabajo, constituido el 14 de febrero, para revisar las atribuciones del TEPJF

Antes de Semana Santa, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, incluso se ufanaba de contar ya con 473 votos para aprobar la reforma al órgano de justicia electoral.

Más tarde, llegado el jueves 13, el diputado Ignacio Mier anunció un acuerdo firmado por los coordinadores para postergar el debate. Explicó que permitirán a los partidos reunirse con sus dirigencias y, por otra parte, dialogar con el Senado para “socializar” estos cambios y que reciban su aval.

En un tono menos positivo, ese mismo jueves, Santiago Creel anunció a la prensa: “Finalmente la reforma al Tribunal Electoral no pasó, prosperó la razón”.

El TEPJF sí se toca

La reforma para “cercar” al órgano judicial fue encargada el pasado 14 de febrero por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que constituyó un Grupo Plural de Trabajo para revisar las atribuciones del Tribunal Electoral. Buscaba solucionar los diferendos en temas como la convocatoria del proceso de selección de consejeros del INE y la exclusión de MC de la Comisión Permanente.

Este grupo se compuso por los diputados Juan Ramiro Robledo, de Morena; Jorge Arturo Espadas, del PAN; Marco Antonio Mendoza, del PRI; Fausto Gallardo García, del Partido Verde; Pedro Vázquez, del PT; y Elizabeth Pérez, del PRD. MC decidió no participar.

Tras un mes se trabajó, el Grupo Plural turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa con proyecto de decreto para modificar cuatro artículos de la Constitución, con las firmas de seis coordinadores parlamentarios.

Ahí comenzó a trabajarse el acuerdo para obtener las dos terceras partes de los votos, la mayoría calificada que requiere cualquier modificación a la Carta Magna. Todos se decían de acuerdo, y el presidente de la comisión, Ramiro Robledo, aseguraba tener los números para “maniatar” al Tribunal: 473 diputados, con respaldo del PAN, PRI y el PRD.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2424 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.