A dos años de Ayotzinapa, la violencia e impunidad en Guerrero, siguen

lunes, 26 de septiembre de 2016
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- A dos años de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la violencia en Guerrero no cesa. Las principales ciudades asemejan escenarios de guerra y cementerios clandestinos. Los asesinatos, la desaparición de personas y el hallazgo de fosas se han vuelto algo comunes, situación que mantiene a la entidad entre los primeros lugares de incidencia delictiva en todo el país. Durante los primeros 10 meses de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien tomó protesta el 27 de octubre pasado, se han registrado mil 849 homicidios dolosos de noviembre de 2015 a agosto de este año, indican cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). No obstante, el desdén de Astudillo frente a la tragedia que se vive en la entidad se reflejó el 17 de julio durante una conferencia, organizada por el grupo Autofin en su consorcio hotelero ubicado en la zona Diamante de Acapulco, en la que el mandatario afirmó que la entidad “es segura” para los paseantes porque la disputa de las principales plazas del narco se trata de una guerra entre criminales y la mayoría de las personas ejecutadas “no son turistas, ni famosos”. Homicidios, secuestros, fosas… De acuerdo con el reporte del organismo federal, de enero a agosto de este año suman mil 484 homicidios dolosos en Guerrero, es decir, 12.33 % más que en 2015 cuando se registraron mil 321 asesinatos ligados a la delincuencia organizada durante el mismo periodo. Las cifras oficiales durante este año ubican a Guerrero en el primer lugar en homicidios dolosos a escala nacional, seguido por los estados de México, con mil 377, así como Michoacán; Chihuahua y Sinaloa con cifras menores a 800 crímenes. El primer lugar en homicidios dolosos por número de habitantes, lo ocupa el estado de Colima que registró una tasa de 52.47 personas asesinadas por cada cien mil habitantes. Luego sigue Guerrero con el 41.32% y después Sinaloa con el 23.92 %. La mayoría de ejecuciones registradas este año en Guerrero, han ocurrido en las principales ciudades donde las bandas delictivas mantienen una brutal disputa por las plazas y constantemente se anuncian estrategias de Seguridad dirigidas por el Ejército. El informe federal indica que el 44% de los homicidios dolosos de la entidad se han registrado en el puerto de Acapulco que suma 654 asesinatos; le sigue Chilpancingo, con 145; Iguala, con 96, donde los crímenes en particular casi se han duplicado ya que el año pasado se reportaron 71. Mientras que en Chilapa y el balneario de Zihuatanejo, los homicidios se han incrementado en casi un 100%. En el tema de secuestros, Guerrero también se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional con 54 casos denunciados formalmente en ocho meses y en el delito de extorsión, ocupa el quinto lugar con 142 casos registrados por autoridades ministeriales, refiere el reporte mensual del SESNSP. Mientras que en el caso de registro oficial de fosas clandestinas, el 14 de junio Apro publicó la nota Radiografía del horror en Guerrero donde se indica que en los últimos ocho años han sido exhumados 298 cuerpos y restos óseos de 113 fosas clandestinas en diferentes regiones de la entidad. De acuerdo con un reporte oficial de la Fiscalía General del estado (FGE), obtenido por este reportero vía acceso a la información, el año con más registro de hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas fue 2014, fecha en que ocurrió la tragedia de Ayotzinapa, con 101 víctimas exhumadas principalmente en las ciudades de Iguala, Acapulco, Chilpancingo y Chilapa. Luego, destaca el año 2010 con 68 personas exhumadas. En ese entonces se localizó el tiradero de cadáveres en la mina de San Francisco Cuadra, en Taxco de Alarcón, donde las autoridades ministeriales informaron oficialmente sobre la exhumación de 64 cuerpos, de los que únicamente ocho fueron identificados y el resto fueron depositados en una fosa común en la ciudad de Chilpancingo. En 2015, las autoridades ministeriales reportaron 31 cadáveres exhumados y en los primeros seis meses de este año fueron 14 cuerpos de cuatro fosas, ocho de ellos identificados y seis sin identificar. Es decir, de 2009 a lo que va de este año, un promedio anual de 37 personas fueron ejecutadas y localizadas en ciudades como Acapulco, Taxco, Chilpancingo y Chilapa sin que exista registro preciso de zonas rurales, que representa la mayoría del territorio guerrerense. Desde hace décadas familias completas han decidido salir a buscar a sus desaparecidos, en medio de un contexto de impunidad y violencia, impulsadas por la nula investigación que refleja la indolencia gubernamental frente a este fenómeno que padecen los guerrerenses desde los sesenta pero que se visibilizó en todo el mundo tras el caso Ayotzinapa. Más de 43 desaparecidos A principios de agosto, familiares de desaparecidos dieron a conocer que de 2006 a la fecha han registrado un promedio de 500 denuncias formales por desaparición de personas en la entidad, denunciaron que el gobierno federal y estatal pretenden “invisibilizar” la grave crisis de derechos humanos y dejar impunes los crímenes. Además, estimaron que la cifra de desaparecidos en la entidad es superior a los casos denunciados formalmente, ante la desconfianza en las autoridades y el temor de los familiares de las víctimas. El vocero de los padres de los 43, Felipe de la Cruz anunció un frente común de familiares de desaparecidos en la entidad para exigir en conjunto que las autoridades investiguen realmente para determinar el paradero de las víctimas, luego de que el caso Ayotzinapa evidenció la descomposición de las instituciones del país y exhibió las carencias estructurales del sistema de seguridad y justicia para enfrentar “esta práctica abominable”. De la Cruz recordó que hasta el momento no existen mecanismos de búsqueda, registros de personas desaparecidas o un marco normativo para prevenir y sancionar la desaparición forzada. Por ello, a finales de agosto familiares de desaparecidos en la entidad procedentes de Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Chilapa y Ayoztinapa realizaron el primer foro denominado Entre el dolor y la esperanza, que se caracterizó por congregar a los colectivos de familiares que desde la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa decidieron romper el silencio y hacer visible este problema que exhibió a la entidad como un extenso cementerio clandestino en el país. Las víctimas denunciaron en la sede del Congreso local que la indiferencia, incapacidad y la colusión de autoridades de los tres niveles y el Ejército con la delincuencia han cegado al gobierno frente a este crimen de lesa humanidad en la entidad y el resto del país. Los familiares de desaparecidos asumieron el compromiso de “tomar las instituciones” para colocar el tema en la agenda pública, al afirmar que el gobierno tiene una alta responsabilidad en la desaparición de sus familiares, al argumentar que protegen a sus secuaces. También, exigieron investigar la línea de “la macrocriminalidad” por los negocios que grupos delincuenciales, coludidos “con la clase política”, han realizado con el comercio de la droga en ciudades de Estados Unidos. En el mismo foro, el antropólogo Abel Barrera Hernández, director del centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, indicó que las víctimas de la desaparición forzada en la entidad decidieron alzar la voz de manera unida contra un gobierno “coludido con grupos criminales” que a diario cometen asesinatos, secuestros y desapariciones. Todo esto en un contexto de impunidad y estrategia de seguridad fallida para frenar la arremetida delincuencial y culpó a las autoridades civiles y castrenses del “horror” que se vive en la entidad desde hace varios años. “No podemos permitir que se den el lujo de cobrar sueldos millonarios y que se regodeen en nuestra tragedia. Ya basta de tanta simulación, corrupción e indiferencia de quienes mal gobiernan nuestro estado”, expresó Abel Barrera, quién reprochó la apatía y perversidad de las autoridades frente al drama que se vive en la entidad. Por ello, dijo que ante la desconfianza que existe en las autoridades por su colusión con las bandas del crimen, los familiares de los desaparecidos no tuvieron otra alternativa que buscar a las víctimas en los cerros y destapar fosas en Iguala y otros puntos de la entidad. Luego, denunció que el gobierno ha lanzado amenazas a los familiares para que dejen de impulsar las búsquedas ciudadanas de cuerpos en fosas clandestinas y, por el contrario, pretenden dar trato de delincuentes a las víctimas por hacer lo que le corresponde a las autoridades. Política y crimen organizado En agosto de 2012, Proceso documentó la red de complicidades y alianzas con políticos y presuntos delincuentes que tejió el exgobernador Ángel Aguirre Rivero desde 2010 cuando comenzó su campaña en la zona Norte, la cual marcó su debacle junto con el PRD tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de iguala. Ahora, el gobernador Astudillo reedita la misma historia con diferentes personajes y políticos de su partido señalados por sus presunto nexos con el narco. El 13 de septiembre, Apro publicó la nota Captura de “La Señora” cimbra a clases política y empresarial de Guerrero donde se indica que la detención de Clara Elena Laborín, esposa del narcotraficante capturado Héctor Beltrán Leyva El H y considerada como la líder del cártel de los Beltrán Leyva en el puerto de Acapulco, sacudió a la clase política de la entidad. Ello debido a que junto a Laborín Archuleta también fue detenido Alan Contreras Páez, El Cha, señalado por el gobierno federal como operador financiero y principal enlace con el empresario acapulqueño Joaquín Alonso Piedra, El Señor de los Fierros. Alonso Piedra fue aprehendido el 26 de julio por policías federales en la zona urbana del principal destino turístico de la entidad, y este hecho marcó la debacle de Clara Elena Laborín, La Señora, al tiempo que exhibió la red de infiltración de la delincuencia en el sector empresarial y político del puerto. En ese entonces las autoridades federales señalaron –después de una ola de masacres y señalamientos públicos– que Alonso Piedra, conocido por financiar campañas de PRI y PRD en el puerto, era quien lavaba activos de los Beltrán Leyva en Acapulco. De esta forma, el eje Laborín Archuleta, Contreras Páez y Alonso Piedra mantenía una relación estrecha con empresarios porteños y políticos, entre ellos el gobernador Héctor Astudillo y el exalcalde priista de Acapulco, Manuel Añorve Baños, considerado como el principal operador político del Ejecutivo, y el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, protegido de Astudillo Flores. También con el exacalde de Acapulco y actual líder de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Walton Aburto, y el presidente municipal postulado por el PRD, Evodio Velázquez Aguirre. A principios de este año Robespierre Robles, el influyente notario público 19 que fue designado por el gobernador Astudillo como presidente del TSJ sin tener carrera judicial y sin mérito alguno, había sido vinculado públicamente con el narco, específicamente con el empresario Joaquín Alonso. El 28 de julio, Apro dio a conocer que el hijo menor del presunto lavador de los Beltrán en Acapulco, Iván David Alonso Bustamante, se desempeñaba desde noviembre como coordinador de vinculación empresarial de la fundación priista Colosio en Guerrero, que preside el notario y presidente del TSJ, Robespierre Robles Hurtado. En la edición 2074, la revista Proceso publicó un reportaje titulado “Guerrero en llamas y el gobernador sin control”, donde se da cuenta de los presuntos vínculos de Héctor Astudillo y el presidente del TSJ, Robespierre Robles Hurtado, con el empresario porteño Joaquín Alonso Piedra. No obstante, cuando al priista Astudillo se le preguntó directamente si el presunto operador de la organización criminal –a quien además se vincula con el empresario Tony Rullan– le había inyectado recursos a su campaña para gobernador, respondió: “No es verdad”. Pero la red del presunto “lavador” de los Beltrán abarca no sólo la esfera priista, sino también a integrantes del PRD, dado que su sobrino José Alberto Alonso Gutiérrez, El Güero, funge como director de Saneamiento Básico de la administración del alcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, según reportes oficiales. Alonso Gutiérrez se desempeña en el mismo cargo desde la pasada administración municipal que encabezó el empresario gasolinero y líder de MC en Guerrero, Luis Walton Aburto. Por su parte, los presuntos nexos de Manuel Añorve con el cártel de los Beltrán Leyva se remontan al año 2010, cuando se desempeñaba como alcalde de Acapulco, hecho documentado públicamente por varios medios de comunicación con base en declaraciones ministeriales de presuntos delincuentes. Además, el 14 de julio pasado el gobernador Astudillo y Federico Figueroa, empresario investigado desde 2014 por sus presuntos nexos con el narco, presentaron un libro biográfico sobre el hermano de éste último, el fallecido cantautor Joan Sebastian en la ciudad platera de Taxco de Alarcón. A pesar de que reportes oficiales de la Fiscalía local, ubican a Federico Figueroa como uno de los líderes de la estructura del grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobernador Astudillo decidió convivir con el cuestionado empresario y difundió fotografías en sus redes sociales.

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