GUADALAJARA, Jal. (apro).- La falta de presupuesto impide que la búsqueda de desaparecidos en Nayarit. Al menos esa es la justificación que recibió Virginia Garay, quien desde hace tres meses busca a su hijo, Bryan Eduardo Arias Garay, de 19 años de edad. Virginia, integrante del colectivo “Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros” comentó que en una reunión del 2 de mayo con varias autoridades se acordó crear la Fiscalía Especializada de las personas Desaparecidas "cuyo personal no esté relacionado con la anterior administración" nayarita. En la pasada administración estatal encabezada por el gobernador, Roberto Sandoval Castañeda -contra quien existe una orden de aprehensión por peculado, enriquecimiento ilícito y uso indebido de funciones- colocó como fiscal a Edgar Veytia quien controlaba la dependencia a favor de un grupo delictivo, por eso la nula confianza en el personal que trabajó con él. El exfiscal de Hierro fue detenido en Estados Unidos en marzo de 2017, acusado de narcotráfico y delincuencia organizada. Veytia, de acuerdo con el actual secretario de Seguridad Pública, Javier Herrera Valles, protegía a integrantes del cártel de los Beltrán Leyva, pero en febrero del año pasado rompieron el acuerdo. Virginia Garay afirmó que ya se autorizó la creación de la Fiscalía Especializada de las Personas Desaparecidas, aunque todavía no cuenta con presupuesto. Además, dijo que las autoridades se comprometieron a apoyarla para conseguir las sabanas del celular de su hijo, pero todavía no tienen resultados. “Lo que nosotros entendemos es que cuando esté la Fiscalía especializada nos van ayudar a presionar para que investiguen", confió. De acuerdo con Virginia Garay, el actual director de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), Ezequiel Leonardo Chirino Valero, sería el próximo titular de la Fiscalía Especializada. Según la madre de Bryan Eduardo, Chirino Valero tiene "muy buena disposición. Él puso a una licenciada para que nos estuviera informando (...) Pero dice que no se ha instalado completamente porque no le han liberado el presupuesto, entonces no nos ha dado atención completa todavía, porque no tiene oficina, nos atiende por teléfono". Y refirió que entre los acuerdos establecidos en la minuta del día 2, se estableció "otorgar el presupuesto correspondiente a CEAIV para iniciar el funcionamiento eficiente de la misma". La búsqueda Bryan Eduardo desapareció el 6 de febrero cuando se dirigía a su trabajo ubicado en la calle Amado Nervo al cruce con Juan Escutia. Tenía un puesto de hamburguesas que está a tres cuadras de su casa que se ubica por la Rayón. Pero nunca llegó. Su familia comenzó a buscarlo y al no encontrarlo el 11 de febrero decidieron interponer una denuncia por su desaparición. El caso quedó en la carpeta de investigación 363/18. El joven estudiaba la preparatoria abierta y por la tarde-noche acudía al puesto de hamburguesas donde laboró durante ocho meses. Virginia Garay aseguró que su hijo pasaba la mayor parte del tiempo en el hogar, y que no solía permanecer en la calle con sus amigos. Debido a que la autoridad no ha investigado, Virginia Garay y su familia han asumido ese rol. Lo que nos dijeron es que él tenía ya más o menos un mes que no trabajaba, pero aquí se salía supuestamente a seguir trabajando, y dice su patrón que sí iba, sí estaba ahí, pero ya no trabaja, iba como visita", comentó la afectada. La señora también indagó en la cuenta de Facebook del joven en búsqueda de alguna pista, pero no encontró nada. A la vez pidió a la autoridad que se revisaran las grabaciones de las cámaras de seguridad. Sin embargo, "hubo quien hizo comentarios de que las cámaras no sirven, y que la que llega a servir no tiene sistema de grabado", apuntó. Aportar pistas a la Fiscalía en nada abona al avance de la investigación, lamentó la mujer. Así lo han comprobado integrantes del colectivo quienes han aportado vídeos o audios a la autoridad para que localicen a su familiar desaparecido, pero aun así "no hay resultados", lamentó. Recordó que sólo tuvieron un encuentro con el fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce quien "no tiene solución de nada porque él te manda a otra persona y nos quedamos igual. Nomás, nos dicen ‘estamos trabajando’, pero no vemos ningún resultado", reprochó Virginia Garay. Comentó que por ley la Fiscalía debe asignarle un abogado de oficio, e incluso por medio de un oficio lo solicitaron a la dependencia. "Recibieron el oficio, y cuando les preguntamos cuál es (nuestro licenciado) nos dijeron ‘vaya para allá, allá están los licenciados’. Fuimos y un licenciado nos atendió y nos dijo ‘es que aquí todos somos licenciados, con el que usted venga le puede preguntar lo que quiera’", relató. Al cuestionar sobre el avance de la investigación, le dijeron que esa información la puede dar únicamente el Ministerio Público (MP), porque "allá tienen las carpetas. Pero les dijimos que necesitamos a un licenciado para saber qué falta en las carpetas y presionar". La respuesta fue la misma, dirigirse con el MP. Virginia comentó que cuando los "levantados" pertenecen a la policía, " a los tres días ya encontraron el cuerpo, ya saben que es de ellos, aunque esté desbaratado, y hasta hay detenidos. Y a nosotros nos sacaron las muestras de ADN desde el 19 de febrero y hasta ahorita no hay nada", fustigó. Reiteró que no ha habido ningún acercamiento de la Fiscalía: “Solamente me dicen que les tenga paciencia porque tienen mucho trabajo, pero hasta ahí". Esa respuesta no la satisfizo por lo que "cada día siento más desesperación porque no sabemos nada, no nos dicen nada" y "el tiempo pasa y seguimos sin el niño", subrayó. Discrepancia de cifras En una revisión al portal del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se encontró que, entre enero de 2014 y marzo de 2018, solo se reportaron 146 casos de desaparición, pero el colectivo “Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros” contabiliza más de 600. "No están ninguno de nuestros desaparecidos, hay como uno o dos. Nos dijeron que Nayarit tiene 25 desaparecidos y nosotros tenemos más de 600 desaparecidos", comentó Virginia Garay. Consideró que no se daban a conocer las cifras reales debido al control que ejercía Edgar Veytia en la Fiscalía. Y pese al cambio, desconfían de la dependencia estatal, por lo que el colectivo buscó que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga las investigaciones. La dependencia federal les respondió que actualmente investiga 21 casos, y que el resto debe ser competencia exclusivamente de la Fiscalía de Nayarit. Los convenios Otros acuerdos que se tomaron el 2 de mayo, es la expedición de copias simples gratuitas de las carpetas de investigación y la devolución del costo que "haya sido cobrado a los familiares de las víctimas de los colectivos". La secretaria de Seguridad Pública de Nayarit y los colectivos buscarán en las cárceles a sus familiares, y en un máximo de 60 días, "se deberá procesar la toma de muestras tomadas por la policía federal a través de la policía científica". El comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro se comprometió a revisar antes de 30 días los registros de la base de datos de personas desaparecidas en Nayarit. Además, se coordinarán las "fiscalías y familiares para la elaboración de una lista de personas desaparecidas en el estado", y se asignarán cuatro policías investigadores "para la atención de la carpeta de investigación radicada en la delegación de PGR, en Nayarit, relativa a las personas desaparecidas". A la reunión de principios de mayo que se efectúo en la sala de juntas de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto, también acudieron el secretario general de gobierno, Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, el subsecretario de Derechos Humanos, Rafael Adrián Avante Juárez; el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, José Francisco Cervantes Ruiz; y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit, Guillermo Huicot Rivas. Otros funcionarios presentes fueron: el delegado de la PGR, Efraín Gastelum Padilla; los representantes del fiscal especializado en investigación de delitos de Desaparición Forzada, Fernando Lorenzo Diego Muñoz, y de la Policía Científica, Rubén Hernández.