AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- La expolicía municipal Marisela “N”, presa durante siete años, denunció que el actual subprocurador de Investigaciones Especializadas en Delitos Federales de la Fiscalía General de la República (FGR), Felipe Muñoz Vázquez, ordenó y participó en detenciones arbitrarias, retención ilegal y tortura, cuando se desempeñó como procurador de Justicia en la entidad. La mujer, quien permaneció recluida en un penal de Nayarit, acusada de delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y homicidio, aseguró que en 2011 fue presionada para incriminar en actividades delictivas al exdirector de la Policía, general Rolando Eugenio Hidalgo. El caso de Marisela “N”, libre desde el 21 de julio del año pasado por falta de pruebas, fue integrado por Amnistía Internacional en el informe “Sobrevivir a la muerte: Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”. Además, ese organismo la apoyó con terapias psicológicas. Luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que, durante la gestión de Felipe Muñoz como procurador de Justicia, agentes en Aguascalientes realizaron torturas y detenciones arbitrarias, la expolicía lo hizo responsable de lo que pueda sucederle a ella y a su familia, y exigió que lo destituyan y enjuicien. En conferencia de prensa, Marisela “N” relató que estuvo presa junto con Nestora Salgado y otras siete mujeres acusadas de delitos graves, y en la cárcel sufrió problemas psicológicos debido al aislamiento del que fue objeto. Asimismo, mencionó que las declaraciones incluidas en su expediente para acusarla fueron obtenidas mediante tortura. Según un informe médico al que Apro tuvo acceso, en 2012, cuando Marisela se encontraba recluida en Nayarit, se determinó que fue víctima de tortura, lo que le dejó secuelas de estrés postraumático y dolores físicos. La forma en la que la detuvieron, el 3 de octubre de 2011, concuerda con el modus operandi de los expolicías ministeriales descrito en la recomendación 17VG/2019 de la CNDH –en la que Marisela no fue incluida--, es decir, mediante golpes, sin una orden de arresto y a través de extorsiones. A ella le pidieron dinero y una camioneta. Marisela describió que fue torturada para aceptar que pertenecía al grupo delictivo “La Oficina”, y que el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, y Benjamín Andrade, uno de los comandantes municipales, trabajaban para ese mismo grupo. Destacó que en el interrogatorio que le practicaron también se mencionó a comunicadores estatales y a Gabriel Arellano, expresidente municipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actual contendiente a la alcaldía capitalina por Morena. “Aguas, es el jefe” El día de su detención, la mujer estaba en su casa, en compañía de su hija --en ese entonces de 10 años-- y su hermano, quienes tras la detención estuvieron desaparecidos por día y medio. La amenazaron con que, si no declaraba lo que le pedían, violarían a su hija frente a ella. Su hermano recibió diversos golpes.

“Me jalaron de los cabellos y me aventaron a mi recámara. Me golpearon. No permitían que me levantara. Me preguntaron si tenía dinero o joyas, en ningún momento se presentaron como agentes”, apuntó. “Uno de ellos dijo: Al tiro que es el jefe. Me levantaron y me hicieron caminar. Me llevaron ante una persona que había llegado con otros hombres y le dijeron: Cómo ve, jefe, dice que no conoce a nadie. Y él respondió: Pues ahorita va a conocer a todos los que yo quiera. Y me empezó a golpear en la cabeza, me caí y lo pude ver: era el procurador el que me estaba golpeando, era Felipe Muñoz Vázquez. Me levanté y me seguía golpeando en la cabeza. Él me dijo: ‘Yo soy la reata aquí y en donde sea, y se hace lo que yo digo, tú vas a hacer lo que yo quiera’”.

Ella, además de otras tres mujeres acreditadas por la CNDH, también sufrió violencia sexual tras los golpes recibidos por Muñoz Vázquez, además de que perdió capacidad de audición en uno de sus oídos. En aquella ocasión, luego de ser presentada ante los medios de comunicación, permaneció varios días en la casa de arraigo que utilizaban por los policías ministeriales. Ahí la mantuvieron incomunicada y le prohibieron hablar con las demás personas que se encontraban dentro. Después, dijo, la cambiaron a un salón donde había sangre por todos lados. Marisela afirmó que desde su declaración preparatoria denunció haber sido víctima de tortura, pero nadie le creyó. Y durante el tiempo en el que estuvo recluida, la CNDH no la contactó. Aunque se presentaron denuncias, no hubo seguimiento, afirmó. De acuerdo con sus familiares, enviaron el reporte a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Aguascalientes, pero tampoco hubo consecuencias. En la misma conferencia de prensa en la que Marisela presentó su testimonio, Felipe Hinojo, hermano de una de las víctimas acreditadas por la CNDH y quien todavía se encuentra en prisión, adelantó que solicitarán la creación de una mesa especial que investigue directamente a Felipe Muñoz Vázquez y a todos los que trabajaron con él. Además, pidió dar certeza a todas las víctimas, acreditadas o no por la CNDH.

“Hacemos un llamado al fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, a que investigue los hechos. Vamos a presentar denuncias penales y pedimos que el mismo gobierno del estado y el fiscal hagan la promoción necesaria para que la gente que está afectada acuda a denunciar a la Fiscalía y se les den las garantías necesarias”. Con información de Mónica Cerbón