Fue el Estado

domingo, 28 de mayo de 2017
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cuando K., el personaje de Franz Kafka, llega a trabajar como topógrafo para el Estado, imagina que el Castillo en el que se asienta su poder debe ser señorial y majestuoso. Pero no lo ve, “mira a las alturas que parecen vacías”. Finalmente, el hueco de la nieve se disipa y K., lo puede ver, pero no le parece más que un caserío de dos pisos; “un villorrio miserable”. El poder, sin embargo, está presente desde que pregunta por su contrato del que nadie sabe y todo mundo sospecha. Él, que vive “en el destierro de estar afuera de todo asunto público”, es visto por los aldeanos como un vagabundo –lleva sólo un jergón que usa como almohada y una vara para medir– cuyas intenciones no son transparentes y, también, como un niño que “entiende todo al revés”. En El Castillo, K., es el futuro empleado público enmarañado entre las jerarquías del pequeño poder –el dueño de la hostería, bajo cuyo teléfono duerme– y del más alto de los poderes: al que nunca se accede, un vacío, una oquedad en medio de la nieve, rodeado de cargos –secretarios, suplentes, encuestadores– que escriben cartas y oficios que se copian y se archivan. Del Castillo, K., sabe una sola cosa: “Uno de los principios que regulan la actividad de la administración es que la posibilidad de un error jamás debe ser considerada”. El tema del error es importante para K., porque nadie parece haber solicitado sus servicios como topógrafo y él ha llegado hasta ahí tras abandonar a su familia. En un pasaje memorable, le explican que no existe la equivocación en las decisiones del Castillo, sino sólo que él no las entiende. Tiene que saber qué tipo de carta le escribieron para solicitar sus servicios; si fue oficial, semioficial o personal, es decir, si fueron “órdenes” del conde que supuestamente habita el Castillo, “interpretaciones” de sus secretarios, o simples “informaciones”. Parece que K. malinterpretó todo: quien le escribió lo hizo de manera “personal” y –se especula– no fue un servidor del Castillo, sino probablemente un suplente. Así, K. no es nada –“la existencia es el servicio”–, salvo un error de percepción. El 15 de mayo el periodista Javier Valdez fue asesinado de doce balas. En una carta, firmada por periodistas, escritores y ciudadanos preocupados por el sexto periodicidio en dos meses, 115 desde que se creó la Fiscalía Especial para estos delitos –sólo tres sentencias–, preguntamos al vacío: “¿Quién hará justicia?”. “Nadie nunca ha visto al Estado”, escribió Regis Debray en su libro sobre las imágenes de los poderosos. El Castillo está hundido en un hueco al que no llegan los rayos del sol. Como en la novela de Kafka, la vía al Castillo es doble. Como dijo Pierre Bourdieu: “en la realidad objetiva existen las instituciones, reglamentos, oficinas, ministerios, pero también existe en las mentes; el Estado es la huella de unas conquistas sociales”. Por eso hay desesperación ante un Estado que se olvidó del interés público, que usa las instituciones para sus metas privadas, que cree que hacer algo es anunciarlo. Al día siguiente del asesinato de Javier Valdez, el Presidente repitió “su compromiso para garantizar la libertad de expresión”, cuando notificarlo sustituye el hacer. Después, pidió un minuto de silencio, justo el procedimiento que deja tras de sí la violencia contra la palabra. Hay más razones para no apelar a este Estado. Primero, porque de las 426 agresiones del año pasado, 227 fueron responsabilidad de funcionarios públicos; sólo 17 del “crimen organizado”. Pero también porque es un Estado cuyo discurso público es un elogio perpetuo a la empresa privada y el desprecio a las funciones de maestros o médicos, la mano de donde proviene la huella de las conquistas sociales. Es un Estado que se somete a las “reglas” de la privatización –el mito de que lo privado es eficaz y no corrupto–, que apuesta a que nos habituemos a la violencia que viene, en primer lugar, de la moneda: los mercados financieros ya no negocian con los Estados, sólo “explican” lo inevitable. Un Estado, como dice Bourdieu, que “admite que el crecimiento máximo, la productividad y competitividad, es el único y último fin de las acciones humanas y separa radicalmente lo económico de lo social”. Protegiendo sólo la acumulación privada –hay que abandonar las conquistas sociales para garantizar los “derechos” de los inversionistas–, el Estado está reducido a su función policial y, ahí, también falla. Es un Estado que no incorpora en sus cálculos lo que a nosotros –los abajo firmantes– nos parece esencial: el sufrimiento que causa. Max Weber, cuyo hermano fue el sinodal de Kafka para obtener su título como abogado, decía que el poder necesita a los intelectuales para que le elaboren una “teodicea de sus privilegios”, es decir, la justificación para que tengan más dinero, poder, e influencia que el resto. La mayor parte de ellos no reaccionó ante el asesinato de Javier Valdez: pasaron del intelectual comprometido al intelectual desentendido. Participan del núcleo de la teodicea: la competencia por privilegios. Si se justifican las irregularidades económicas como reglas de la política, el resto es el fatalismo neoliberal. Bajo toda circulación de ideas hay una circulación de poder. Hoy, la teodicea de los privilegios no necesita mayor justificación mítica que el sondeo, una vaga sociología de domingo electoral, un “futuro” que sería sólo atemperar el sufrimiento como destino. Se han justificado acciones que van en contra de cualquier interés general como, por ejemplo, que despedir empleados es garantía de una buena gestión o de rentabilidad. Lo único en el universo que “hace más con menos” es un agujero. “Hay dos caminos en el Castillo” –le dicen los aldeanos a K.–: “el que lleva a la orilla de la colina del Castillo y el que va al pueblo”. En el caso de nuestro Estado, el que va al pueblo no es transitable, es sólo los tres meses de silencio que se necesitarían, de a minuto por persona, para asumir los asesinados en dos sexenios. El otro no se puede andar porque, tras subir la colina, encontraríamos el hueco en medio de la nieve. K., decide no ir por ninguno de los dos caminos y visita la casa de donde salió la carta que lo invitaba a trabajar para el Castillo, la de la familia Barnabas. Tratando de emular lo que ha visto –la acción calculada para no hacer–, deduce que las mujeres tienen influencia en los funcionarios públicos porque son, o bien esposas de día o amantes de noche. Encuentra a Olga que le cuenta la historia de su padre, un servidor ejemplar, un bombero que le fue de utilidad a la aldea en decenas de incendios. Su prestigio se vino abajo en una sola fiesta en que un “influyente” del Castillo, Sordini, trató de propasarse con su hija pequeña, Amelia. No es que el bombero se opusiera abiertamente a que su hija tuviera sexo con Sordini, sino que dejó que Amelia lo rechazara, porque le dio asco. A partir de ese momento, la familia Barnabas no resiente el castigo del “influyente”, sino del resto de los aldeanos que ven comprometidos sus pequeños privilegios –dormir cerca del Castillo– si le dirigen la palabra al bombero o a sus hijas. Los condenan al silencio. “Era, sobre todo –cuenta Olga Barnabas–, a causa del lado molesto de este asunto por lo que se habían separado de nosotros, para no saber nada, para no hablar ni pensar en ello, para no arriesgarse a ser alcanzados de una forma u otra”. Cuando decimos: “Fue el Estado”, es esa desesperación la que nombramos. Esta columna se publicó en la edición 2116 de la revista Proceso del 21 de mayo de 2017.

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