México, D F (apro)- Los integrantes del Comité 68-98, formado por exmiembros del movimiento estudiantil gestado en 1968, solicitaron al juez Primero de Distrito dar por "desacatada" la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga a la Procuraduría General de la República iniciar la averiguación previa por la matanza del 2 de octubre La solicitud de los denunciantes fue expresada en un escrito de inconformidad presentado el pasado jueves por su representante legal, Juan Antonio Corzo Pérez, días después de que el juez Primero de Distrito, Tereso Ramos Hernández, les notificara que ya obtuvo un oficio de la PGR que comunica el "cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte" Sin embargo, como explicó Corzo a la agencia "Apro", en la notificación que recibieron del juez, éste omite enviar a los denunciantes la documentación que cita que recibió de la PGR, como el oficio DGMPE "A"/0472/2002, firmado ?según el juez-- por el director general del Ministerio Público Especializado A de la PGR y que presuntamente comunica el cumplimiento de la sentencia judicial "De la sola lectura de los documentos se desprende ?dice el escrito de inconformidad--, sin lugar a dudas, que la responsable (la PGR) no acredita en forma alguna haber dado cumplimiento pleno e íntegro a la sentencia definitiva dictada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que debe tenerse por desacatada en los términos y para los efectos de los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo" Corzo recibió la notificación del juez una semana después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emplazara a la PGR a iniciar la averiguación previa correspondiente a la denuncia presentada en 1998 por Raúl Alvarez Garín, exdirigente estudiantil y hoy cabeza del Comité 68-98 Otra irregularidad que los denunciantes detectaron en el proceso judicial a partir de la notificación que recibieron del juez es que la PGR "remitió la denuncia de hechos al Fiscal Especial para la Atención de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos", y que así lo informó en el oficio DGMPE "A"/0466/02, documento que tampoco les anexa En este punto, los denunciantes pusieron particular énfasis al señalar las diferencias entre el nombre del fiscal especial que, según el juez, llevará su denuncia, y el del que, según ha dicho el procurador Macedo de la Concha, llevará el caso Y que el cargo completo de Ignacio Carrillo prieto es "fiscal especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado" Con todo esto, el hecho es que para los denunciantes la PGR no ha dado cumplimiento a la sentencia de la Corte, emitida el pasado miércoles 30 de enero04/03/02