Costa Rica: barrios en rebelión contra narcos mexicanos

SAN JOSÉ.- (apro).- Armados con palos, piedras, pedazos de madera, latas de zinc y toda clase de escombros, y blindados con una proclama de “no al narcotráfico”, los vecinos de Las Orquídeas—barrio costarricense ubicado en la periferia norte capitalina—iniciaron una pacífica rebelión cívica.

Asidos a una muralla moral, física y social y temerosos por las consecuencias y los riesgos de una fuga de supuestos narcos, los moradores lanzaron una inusual protesta callejera e impidieron que dos mexicanos acusados de traficar 177 kilos de cocaína a Guatemala y a México, se alojaran en una casa de la colonia y disfrutaran de las comodidades del arresto domiciliario de 120 días que les concedió un tribunal de Costa Rica.

La “rebelión de Las Orquídeas”, barriada de Guadalupe en el municipio de Goicoechea, ocurrió el 19 de mayo al atardecer y fue imitada en la mañana del 24 por los pobladores de San Jerónimo y El Guarco—barrios del municipio de Moravia, de la periferia noreste—para decirle no a la eventual llegada de los mexicanos Rubén Martínez Trujillo y Elvis Mendoza Rivera, presos desde el 11 de octubre de 2010 luego de un descubrimiento de tráfico de cocaína.

“No hay paso, no hay paso”, advirtió María Luisa Rojas, una embravecida habitante de Las Orquídeas que se ubicó cerca de la vivienda para bloquear el anunciado ingreso de ambos mexicanos. Con un niño en sus brazos, y mientras los demás residentes del barrio colocaron las barricadas, Rojas clamó: “Por favor, ayuda para que estos narcotraficantes no vengan a robarnos la paz en este lugar”.

A poca distancia, policías costarricenses ni reaccionaron para prohibir el bloqueo de una vía pública. Algunos vecinos se encadenaron al portón del domicilio que ocuparían los mexicanos.  En medio del confuso escenario, una sorprendente noticia llegó a Las Orquídeas: el Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses anunció su rechazo a que oficiales de la Fuerza Pública (policía civil gubernamental) asuman la protección de Martínez y Mendoza.

Tras señalar líos económicos y logísticos en la custodia, el Sindicato alertó que “no permitirá que se respeten los derechos de dos sospechosos de narcotráfico, en detrimento de los derechos laborales de los oficiales policiales costarricenses. De darse tal atropello, ejerceremos las acciones legales y de hecho para impedirlo”. Con los mexicanos, la vida de los vecinos está en peligro, recalcó.

Empujados por el repudio de Las Orquídeas, los mexicanos debieron regresar a las celdas de máxima seguridad en la prisión de La Reforma, a unos 20 kilómetros al noroeste de esta ciudad, donde han permanecido desde su captura. Allí quedaron a espera de que jueces, fiscales y abogados defensores resolvieran un férreo debate de reclamos y apelaciones acerca de otorgárseles o no el beneficio de la casa por cárcel.

En la mañana del 24, al rechazo de Goicoechea se unió el de Moravia. Medios locales de comunicación filtraron la noticia de que por orden del Juzgado Penal de Pavas, en el oeste de San José, los mexicanos serían ubicados en casas de habitación de los barrios de San Jerónimo o de El Guarco.

De pronto, y movilizados por el temor de que los mexicanos se convirtieran en sus inesperados (y no deseados) vecinos, las comunidades comenzaron a organizarse y a reunirse frente a las viviendas. En la de El Guarco, por ejemplo, empezaron gritar una vieja consigna política, mientras pintaban pancartas: “El pueblo unido, jamás será vencido. Moravia, unida, jamás será vencida”.

Molesto por lo que calificó como “grave peligro para todo el barrio” y sentado a un lado de la entrada a la vivienda, Edgar Chavarría, uno de los pobladores, declaró a Apro: “Nunca nos imaginamos que la casa viniera a terminar en guarida de unos narcotraficantes que no queremos tenerlos en Costa Rica”.

“No vamos a permitir que estén en nuestro país y mucho menos en el barrio”, afirmó.

Un numeroso grupo de miembros del vecindario se quedaron desde la noche del 24 de mayo en una vigila de cautela y allí siguieron durante el día siguiente, ya que temieron que la operación del traslado de los mexicanos se realizara de sorpresa, quizás de madrugada, para aprovechar un eventual retiro de los vecinos.

“Es una resistencia cívica contra el narcotráfico. El primer brote fue en Goicoechea y pasó a Moravia. Estamos seguros, como país de paz, de que en cualquier otra parte de Costa Rica en que se dé la alerta de que va esta gente, la misma situación van a enfrentar. El sistema judicial debe velar por la seguridad de las comunidades, no por la de los narcotraficantes”, pidió Chavarría.

“Los narcos a la cárcel. Y si no, que los jueces y sus abogados defensores se los lleven para su casa, a ver si va a resistir y no va a poner en peligro a una comunidad que les va a responder de la misma manera como estamos respondiendo aquí”, insistió.

¡Fuenteovejuna!

Costa Rica registra una creciente resistencia cívica al narcotráfico. Los costarricenses se han unido a un grupo creado en Facebook para rechazar a los traficantes.

“Una ciudadanía organizada y activa pondrá a pensar a los políticos y a sus eventuales ‘narco-financistas’. Los poderes echarán para su saco, en especial el Poder Judicial que se cree el Olimpo con sus intocables y altisonantes dioses y diosas”, escribió Bernardo Gómez, uno de los costarricenses que integran el grupo “Resistencia Cívica al Narcotráfico”, en Facebook.

A diferencia de otros países, como Guatemala, en los que los narcotraficantes son protegidos por las comunidades al convertirse en sus benefactores sociales, en Costa Rica la situación es de cansancio por la crisis de inseguridad y penetración de las narcomafias.

“Lo que permitió el Poder Judicial lo impidió (…) un indignado barrio de Goicoechea que ante la posibilidad de tener como vecinos un par de personajes provenientes de máxima seguridad del penal La Reforma se levantaron con rejas, pancartas y cadenas para impedir semejante atropello a su seguridad ciudadana al mejor estilo de una Fuenteovejuna a la tica”, aseguró la analista política costarricense Nuria Marín, en un artículo en el matutino La República, de esta ciudad.

“Se está dañando la imagen de un Poder Judicial que en un ininteligible sentido de defensa de los derechos de los acusados abre de par en par las puertas para una fácil fuga, con la consiguiente impunidad de los imputados, o peor aún, el exponer a más violencia a nuestros ciudadanos”, puntualizó.

La crisis se desató el 16 de mayo, cuando se informó que la juez Kattia Jiménez, del Tribunal Penal de Pavas, en esta capital, resolvió el 11 de mayo que los mexicanos pasaran del penal La Reforma a un edificio de apartamentos en el oeste de San José. La jueza se basó en que tras más de siete meses de encarcelamiento de Martínez y Mendoza, la Fiscalía General (Ministerio Público) seguía sin presentar la acusación.

La resolución, reconfirmada el 19 por el Juzgado y congelada por la reacción en Las Orquídeas, obligó a la Fiscalía a apelar para pedir cancelar el arresto domiciliario y mantener encarcelados a los mexicanos, ante el peligro de fuga por su falta de arraigo en el país. El 23 en la tarde, la Fiscalía finalmente les acusó de posesión de droga para el tráfico internacional y de penalidad del corruptor.  Al ser capturados—cerca de Peñas Blancas, puesto de la frontera con Nicaragua, en el norte del país—, los mexicanos intentaron sobornar al policía Víctor Medina para que los dejara pasar a suelo nicaragüense, según la acusación.

En la mañana del 25, y de manera previa a una audiencia para revisar la petición de la Fiscalía, el Juzgado adoptó una medida que complicó más el escenario: suspender al abogado Leonel Villalobos—exdiputado y exviceministro de Seguridad Pública—de la defensa de Martínez y Mendoza, porque presuntamente visitó a Medina hace varios días en su unidad policial de la zona norte, para pedirle que variara la versión sobre la oferta de soborno de los mexicanos.

Medina compareció el 25 en el Juzgado, ante Villalobos y la representación fiscal.

El Juzgado pidió a la Fiscalía abrir una causa contra Villalobos por obstaculización de la justicia y pasar el caso a conocimiento del Colegio de Abogados, institución gremial que regula el ejercicio del derecho en Costa Rica. Además, ordenó que el abogado defensor saliera de la sala donde se realizaría la audiencia, que fue reprogramada para el 27 de este mes. El co-defensor Gilberto Villalobos tomará el caso, pero el exviceministro anunció que apelará por su restitución ya que nunca ha visto a Medina.

Tras la denuncia del policía en su contra, el exdiputado replicó que “no tengo el placer de conocer” a Medina. “Nunca he visto en mi vida (a Medina). El señor (Medina) indicó que yo lo había ido a presionar a Peñas Blancas para que cambiara un informe. En mi vida lo he visto al señor, pero le dijo al juez delante de mí que yo soy la persona que lo fue a presionar. El juez me separó de la defensa”, explicó.

Sin embargo, la Fiscalía destacó el valor del testimonio del policía.

“Es un hecho novedoso”, declaró el fiscal de Narcotráfico, Álvaro Montoya, a la salida del juzgado.

La figura de Leonel Villalobos ha sido controversial en el pleito, pues en 1998 fue sentenciado a 12 años de cárcel por organización para el tráfico internacional de drogas y en 2002 quedó en libertad condicional. Asimismo, la juez Jiménez—la misma que aceptó beneficiar a los dos mexicanos con ”casa por cárcel”—ordenó en enero de 2009 dejar libre a Villalobos, tras ser acusado de ocultar bienes de un narcotraficante sentenciado a prisión en Costa Rica en 2007.

 

–fin de texto–

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