QUITO, 7 de octubre (apro).- Hasta la última semana de septiembre, Ecuador tenía132 casinos: 32 en hoteles de lujo y 100 en salas de juego. Todos contaban con sustento legal, que se acabó tras el resultado de la consulta popular del pasado 7 de mayo. El negocio de los casinos floreció en el país desde la década de los sesenta, principalmente con la llegada de las grandes cadenas hoteleras internacionales a Quito y Guayaquil. Se sabe que en Ecuador hay por lo menos 105 casinos y miles de máquinas tragamonedas que operan de manera ilegal y que, además, no han podido ser controlados, ya que si bien las autoridades ordenan su cierre, sus dueños las vuelven a abrir. Y ello ocurre así porque “jueces corruptos declaran el recurso de amparo e inmediatamente vuelven a instalar esas máquinas, que afectan a la gente más humilde, más pobre, la de menores recursos”, según el ministro de Turismo, Fredy Elhers. Con esa corrupción imperante, añadió, “definitivamente se declarará a Ecuador como un país libre de casinos”. En la consulta popular realizada en mayo pasado, una de las preguntas que se hicieron a los ciudadanos decía: “¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?”. El resultado a nivel nacional fue el siguiente: a favor, 45% (un millón 931 mil 672 votos); en contra, 41% (un millón 792 mil 259 votos). El resto votó en blanco o de plano anuló su sufragio. En el año 2010, los casinos pagaron 10 millones de dólares en impuestos, y aunque no se cuenta con datos oficiales sobre cuánto dinero movilizan los centros de apuestas, varios de los representantes del gremio señalaron que sus ingresos oscilaban entre 200 y 500 millones de dólares anuales. Lo que sí está contabilizado son los 180 millones de dólares en inversiones realizadas en máquinas, instalaciones e infraestructura. Esa suma es la que perderán los propietarios, quienes han dicho que se trasladarán a otros países. “Las inversiones se irán a países como Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, donde consideran a la actividad como complementaria al desarrollo turístico", explicó Fausto Flores, presidente de la Asociación de Proveedores de Casinos. Para los investigadores del gobierno, los narcotraficantes utilizan esos negocios para introducir dinero sucio a Ecuador, casi al mismo ritmo y nivel que lo hacen los prestamistas informales, conocidos en el país como “chulcos”, quienes cobran intereses que pueden llegar al 100% mensual. Para la Policía, este tipo de lavado provoca muchos delitos de sicariato y ajustes de cuentas, pues muchas veces los que piden dinero en préstamo luego no tienen con qué pagarlo. Y lo mismo pasa con quienes se endeudan para jugar en los casinos. Hasta ahora, los legisladores ecuatorianos no han podido frenar el lavado de dinero. No ha habido debate ni discusión pública al respecto y sólo hay un antecedente que no generó mucha discusión ni polémica: en el año 2009, el entonces fiscal general, Washington Pesántez, propuso en la Asamblea Nacional, con el auspicio de algunos legisladores, un proyecto de ley para luchar contra el lavado. La iniciativa no tuvo eco. A la fecha, el documento, que quedó en manos de los legisladores, no ha sido sacado de la congeladora para su análisis ni discusión. El vicio de la ludopatía De acuerdo con el presidente Rafael Correa, “una de las actividades con más repercusiones negativas en nuestra sociedad, en especial sobre nuestros jóvenes, son los juegos de azar practicados en los casinos y casas de apuestas, ya que promete ser una forma fácil de conseguir dinero y va acompañada, a veces, de otros vicios como la ludopatía, que corrompen al ser humano”. Además, añadió, “este tipo de negocios ha generado una fuente de corrupción, incluso entre las instituciones del Estado, en la que han intervenido autoridades y jueces para proteger de manera dolosa los derechos de las empresas dedicadas a este negocio”. Sin aportar datos que grafiquen esa situación, el presidente Correa y varios funcionarios señalaron que por esa vía se limpia dinero de los cárteles de la droga y de particulares que no han podido explicar el origen de esos fondos. Entre los comentarios para apoyar la eliminación de los casinos se aludió a la ludopatía, la enfermedad que “esclaviza” a las personas y también las deja en la calle. Se ilustró con ejemplos de exjugadores de futbol, famosos y millonarios, muchos de los cuales, al terminar su carrera deportiva, se dedican a frecuentar casinos y salas de juego, y luego andan por la calle pidiendo caridad y consiguiendo préstamos para pagar deudas. Según el Ministerio de Salud, 12% de las personas que acuden a casinos son ludópatas, y 40% de la población que asiste a estos lugares corre el riesgo de adquirir esa enfermedad. De acuerdo con la misma dependencia, también se ha comprobado que en los jóvenes la ludopatía produce afectaciones a nivel psicológico, físico y emocional, es decir desadaptación y fracaso escolar, ausentismo, bajo rendimiento, problemas de aprendizaje, baja capacidad de análisis crítico, desaprovechamiento de la energía y del entusiasmo, así como tendencia a adoptar hábitos y conductas de riesgo. De acuerdo con análisis y comentarios vertidos en torno del tema, en varias campañas electorales el dinero de los casinos sirvió para financiar las candidaturas de diversos partidos políticos, sobre todo en elecciones locales. Según algunos casineros, hubo candidatos a alcaldes que los amenazaron con cerrarles sus negocios si no los apoyaban económicamente. Rumores y comentarios de esa naturaleza circularon también en las campañas electorales de quienes luego fueron presidentes de la República: Abdalá Bucaram (1996), Jamil Mahuad (1998) y Lucio Gutiérrez (2002), pero nunca se presentaron denuncias ante la justicia. Aunque nunca se comprobó ni se llegó a un juicio con sentencia, Jaime Solórzano, exgerente de Invermun S.A., empresa radicada en Guayaquil, denunció en octubre de 2009 supuestos sobornos de parte del secretario general de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, para facilitar el funcionamiento de casinos y casas de juego de la mencionada empresa. En diciembre de ese mismo año, Víctor Lescano, gerente de Invermun, enjuició a Solórzano por calumnias e injurias. Volviendo a la consulta popular realizada en mayo pasado, algunas personas señalaron que era un atentado a la libertad de las personas no permitirles escoger en qué divertirse y en qué gastar su dinero. La principal opositora a la desaparición de los casinos fue María Augusta Díaz Saavedra, presidenta de la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Salas de Juegos (Anpasju), quien argumentó que con la “liquidación” de centros de apuestas se perderían más de 15 mil empleos directos y más de 30 mil indirectos. La medida también provocó una polémica porque al principio se creyó que con también se eliminarían los juegos de cartas y electrónicos, sin embargo el gobierno aclaró que únicamente se contemplaban aquellos negocios donde se apuesta con dinero, en locales previstos para ello, por lo tanto no afectaba al tradicional Cuarenta, popular juego de cartas en Ecuador, ni los juegos electrónicos como Nintendo y otros. No puede haber negocios en los cuales se lucre, pero sí un bingo con un fin social, fue la explicación que dio el gobierno. El ministro de Turismo de Ecuador, Freddy Ehlers, justificó la prohibición de los casinos para evitar afectaciones a nivel psicológico, físico y emocional en los jóvenes, así como la predisposición a la ludopatía. En varias entrevistas, Ehlers negó que con el cierre de esos negocios se afecte el turismo. “En mi opinión habrá más turismo sin casinos que con ellos, porque Ecuador va a tener un gran prestigio internacional, porque el pequeño país, en comparación con el resto, apuesta al vivir bien. La gente viene a hacer deporte, aventura, a conocer la selva, el Yasuní, las playas y las Islas Galápagos”, dijo. De acuerdo con las encuestas del gobierno, 45% de los turistas que llegan a Ecuador lo hacen con el propósito de conocer los sitios naturales, las playas y las islas Galápagos. En esas cifras, añadió, no aparecen los juegos de azar como un destino turístico. “Hemos hecho cientos de encuestas y no hay una sola que diga que los turistas vienen por los casinos. No hay ni una sola, sea de turismo externo o interno, que diga eso”, afirmó Elhers. Tras la medida adoptada para eliminar las salas de juego y ante la demanda de los trabajadores que quedaron sin empleo, el presidente ecuatoriano ordenó la instrumentación de un plan de reconversión laboral a cargo de los ministerios de Relaciones Laborales, Industrias, Coordinación de la Producción y Turismo. La idea es ofrecer préstamos a las personas para que puedan iniciar sus propias actividades, además de que se otorgará capacitación y opciones de planes de trabajo. Las grandes salas de juego ubicadas en 32 hoteles tienen hasta febrero del próximo año para desmontar sus negocios. Y le corresponde a la Asamblea Nacional reformar las leyes y códigos que legitimaban ese negocio, así como las prohibiciones que en adelante se tienen que señalar, incluyendo las sanciones que deberán incorporarse en el Código Penal.