GUANAJUATO, Gto. (apro).- Con el voto en contra de la fracción del PRI y dos diputados del PVEM, la mayoría panista dio carpetazo a una auditoría que el propio Congreso ordenó practicar al Sistema Estatal DIF. El propio Congreso local había detectado posibles conductas delictivas y sanciones administrativas a funcionarios de ese organismo; incluso, fueron comprobados actos de nepotismo en contratos que favorecieron a una hija del gobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez, por parte de su esposa Marta Martínez Castro, presidenta del sistema. Entre otras anomalías, la esposa del gobernador --y aspirante a una candidatura del PAN al Senado-- no sólo utilizó facturas del restaurante de su hija para justificar gastos de su “caja chica”, sino que también pagó servicios prestados indebidamente por su empresa gastronómica y entregó otros contratos de adquisición de productos a la mamá de su yerno. Marta Oliva Martínez es socia de la empresa gastronómica “A fuego”, misma que expidió facturas por servicios de banquetes y para justificar gastos de la oficina de su mamá, la presidenta del DIF, y de otras áreas de la dependencia, por un monto total de 277 mil pesos. Este dinero, según la Secretaría de la Gestión Pública, fue devuelto a las arcas estatales; esta fue la primera anomalía que se conoció a través de los medios de comunicación en diciembre pasado, posteriormente admitida por el gobierno de Oliva. Del informe de auditoría se desprenden “observaciones” por un monto superior a los 2.6 millones de pesos, en la revisión de varios rubros de gasto correspondientes a 2009 y 2010 efectuada durante ocho meses por el Órgano de Fiscalización Superior. Sin embargo, la única responsabilidad de tipo penal que deriva del reporte no toca ni a la esposa del gobernador ni a ningún otro directivo de alto nivel en el DIF, sino al área de Maquinaria por la adquisición de refacciones, cuyo destino se ignora, así como el uso de vales falsificados. Desorden, lujos y dispendio Al hablar en contra del dictamen, el diputado priista Luis Gerardo Gutiérrez Chico enumeró las anomalías encontradas en la revisión al DIF estatal: “Deja al descubierto adjudicaciones hechas sin licitación –en el caso de una empresa que vendió 2.5 millones de pesos en juguetes chinos al DIF para entregarlos en diciembre pasado--; adjudicaciones con sobreprecio, tráfico de influencias, compras suntuarias y pago por servicios que no se otorgaron”. Además de “adquisición de productos alimenticios caducos (latas de atún que fueron enviadas a los comedores de los DIF municipales); manejo irresponsable de las donaciones que ciudadanos hacen al DIF; compras de material que no fue entregado a sus destinatarios y gastos que se realizaron sin sujetarse a los procedimientos establecidos en la ley”. Gutiérrez Chico y su compañero de bancada Isaac González Calderón pidieron que el dictamen fuera devuelto a la Comisión de Hacienda, cuyos integrantes supuestamente revisaron y aprobaron todo el informe en 24 horas, “para hacer lo que nos corresponde como diputados y cumplirle al pueblo de Guanajuato”. El priísta Miguel Ángel Chico citó el caso de las latas de atún, que fueron adquiridas por el DIF a una empresa de reciente creación en la que participa un familiar del empresario Elías Villegas, patrocinador de la campaña del gobernador Oliva, empresa que además fue favorecida con los contratos para proveer los desayunos escolares. “Impulsora Estrella es la responsable del vender al DIF 440 mil latas de atún en mal estado… por esta acción consideramos necesario que se interponga una demanda civil para solicitar la devolución del millón 278 mil 479 pesos que pagó el DIF para reponer dichas latas”, denunció el legislador. En el caso de las compras a la consuegra del gobernador y de la presidenta del DIF, el diputado del PRI aseveró que, en la adquisición de sobres de miel por un millón 807 mil pesos, se violó el procedimiento al asignarlo de forma directa, pues “se trataba nada más y nada menos que de la consuegra del gobernador, por supuesto que se le otorgaron todas las facilidades posibles”. La auditoría –cuyos detalles no fueron entregados a los medios en la sesión del Congreso-- también arrojó un manejo completamente discrecional y desordenado de los materiales entregados como donativo por empresas y particulares, aparatos y otros enseres que se localizaron en una bodega sin control alguno y muchos de ellos ya inservibles, incluyendo estufas y otros electrodomésticos, mientras que por otro lado, se reportaron en calidad de extraviados 41 equipos de cómputo. Mientras que un presupuesto para la adquisición de cuatro camionetas doble cabina para los servicios del DIF terminó en la compra de vehículos Hilux Toyota con equipamiento de lujo, que representaron un gasto excesivo de 145 mil pesos, 30 mil pesos más de lo que estaba presupuestado por cada vehículo, adquisición contraria al ordenamiento de austeridad y racionalidad supuestamente puesto en marcha en la actual administración estatal. En el largo debate previo a la votación del dictamen, los diputados de PRI y PAN se enfrascaron en un enfrentamiento verbal en el que incluso salieron a relucir otros gastos que han sido cuestionados en la administración de Oliva Ramírez, como la Expo Bicentenario y los terrenos para la licitación por la refinería Bicentenario entre Salamanca y Celaya. Del lado de los panistas, el diputado Francisco Mijangos habló de las irregularidades detectadas en el gasto público en Coahuila durante la gestión del actual dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, al que calificó de “sinvergüenza” y “bandido de cuatro suelas”. Finalmente, el dictamen aprobado con 24 votos del PAN y los representantes de Panal y Convergencia, así como uno del PVEM, y ocho votos en contra de los diputados de PRI y dos legisladores del Partido Verde Ecologista de México. El diputado del PRD, José Luis Barbosa, se abstuvo de votar. Unos minutos después de la aprobación, desde el palacio de gobierno, Juan Manuel Oliva emitió un mensaje –sin aceptar preguntas de los reporteros-- en el que aseguró que acatará las observaciones y recomendaciones del Congreso y del Órgano de Fiscalización Superior, pero negó que el dictamen aluda a algún desvío de recursos. “Tengan la certeza y la seguridad absoluta de que hemos sido y seguiremos siendo una administración comprometida con la verdad y la rendición de cuentas”, dijo Oliva.