MÉXICO, D.F. (apro).- Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación de que “las confesiones obtenidas mediante tortura sigan siendo aceptadas como pruebas en los procesos judiciales y, la evidencia de tortura, excluida e ignorada por el Ministerio Público y algunos jueces”, como ocurre en el caso de Israel Arzate Meléndez, señalado de participar en la masacre de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez en 2010. Arzate Meléndez denunció haber sido torturado por militares para admitir su participación en la matanza, hechos corroborados por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 49/2011, recordó AI en un comunicado. Pese a esas pruebas, confirmadas por el Protocolo de Estambul, el juez noveno de distrito con sede en el estado de Chihuahua negó a Arzate la protección de la justicia federal en contra de su vinculación a proceso por homicidio. “Las normas internacionales de derechos humanos son claras: en cualquier juicio justo las pruebas, incluidas las confesiones del acusado que se hayan obtenido mediante tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, no deben admitirse en ningún procedimiento, recordó Amnistía. Luego de señalar que tanto el Poder Judicial como el MP de Chihuahua se han negado a aceptar las denuncias de tortura como prueba de descargo a favor de Arzate, la organización humanitaria resaltó que esta conducta de los funcionarios “pone en entredicho la obligación de las autoridades de garantizar un juicio justo al acusado, asegurar que cualquier resolución esté bien fundada y que los verdaderos responsables sean llevados ante la justicia”. Más aún, señala AI, desechar las pruebas de tortura es pasar por alto que “los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional pleno desde julio de este año. Todas las autoridades mexicanas están obligadas a acatarlos”. Amnistía exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) a “cumplir con su obligación de realizar una investigación penal pronta, completa e imparcial de la denuncia de tortura presentada por Israel Arzate y sustentada por la recomendación de la CNDH”.