MÉXICO, D.F., (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) demandó al gobierno de Marcelo Ebrard el cumplimiento integral de la recomendación emitida en enero del año pasado en relación con la construcción de la Supervía Poniente. Adicionalmente, el organismo informó que recibió una nueva queja de integrantes del Frente Amplio A. C., que se oponen a la megaobra, en la que se acusa a una cuadrilla de trabajadores del GDF de derribar 60 árboles, por lo que solicitó medidas precautorias a las secretarías de Obras y Medio Ambiente locales para que “se abstengan de llevar a cabo acciones que puedan poner en peligro de manera grave el medio ambiente”. El 20 de enero del año pasado, la CDHDF emitió la recomendación 01/2011 con nueve puntos, entre ellos la suspensión  temporal de los trabajos de la Supervía Poniente hasta que no se realizara una consulta pública que recogiera las opiniones, propuestas y preocupaciones de los diversos sectores donde se construye la obra. El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, aceptó ocho de los puntos de la recomendación, incluida la consulta a la ciudadanía, pero rechazó parar la obra bajo el argumento de que había procesos jurídicos de por medio, como la expropiación, la indemnización de predios y la adjudicación de la obra. Por esa razón, la CDHDF consideró la recomendación como “parcialmente aceptada”. Hoy, a un año de haberla emitido, el organismo defensor de los derechos humanos del DF reiteró su petición al GDF para que la acepte en todos sus términos. “Esta Comisión lamenta la postura del GDF al reiterar su negativa de aceptar de manera total la recomendación”, señaló el organismo en un comunicado. Asimismo, solicitó medidas precautorias por parte de las secretarías de Obras y Medio Ambiente para que se abstengan de “llevar a cabo acciones que puedan poner en peligro de manera grave el medio ambiente con motivo de la construcción del sistema vial de puentes, túneles y distribuidores al sur-poniente de la Ciudad de México”. La CDHDF basa su petición en una resolución de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), del pasado 2 de diciembre, en la que decretó la nulidad de la resolución administrativa de manifestación de impacto ambiental del 9 de julio de 2010 relacionada con la Supervía Poniente, debido a que no se efectuó la consulta pública que ordena el artículo 50 de la Ley Ambiental del Distrito Federal. El organismo de derechos humanos argumenta que la resolución del Tribunal coincide con el punto uno y dos de su recomendación. El primero de ellos está relacionado con la suspensión temporal de la obra mientras se realiza la consulta, y el segundo tiene que ver con los estudios de impacto ambiental que, según el organismo, no fueron aceptados por el GDF. “En este orden de ideas y a pesar de que la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue apelada por las autoridades y aún no está jurídicamente en firme, la CDHDF decidió emitir medidas cautelares, pues se considera que la autoridad debe conducirse con máxima prudencia para hacer prevalecer el principio de precautoriedad”, subrayó. Además, expresó su preocupación de que en tanto la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo resuelva la apelación interpuesta por el GDF, se sigan realizando actos con consecuencias de daños ambientales “de imposible reparación”. Por esa razón, la CDHDF dio un plazo de 48 horas a las secretarías del Medio Ambiente y de Obras locales para que envíen un informe documentado sobre las actividades que se hayan realizado para atender su petición. “Para la CDHDF, en el caso de la construcción de la Supervía Poniente, persiste la violación a un medio ambiente sano, por lo que espera que el Gobierno del Distrito Federal reconsidere y acepte los primeros cuatro puntos de la Recomendación 01/2011”, concluyó.