MÉXICO, D.F. (apro).- La investigación federal en la que se encuentran implicados los exgobernadores tamaulipecos, Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, se encuentra sustentada en declaraciones de un testigo protegido, exintegrante del cártel de Los Zetas, que los acusa de vínculos con el narco, reveló el diario La Jornada. De acuerdo con fuentes de la PGR citadas por ese diario, Miguel Ángel Soto Parra, presunto miembro de Los Zetas, quien desde 2009 es testigo protegido del gobierno mexicano y de agencias de Estados Unidos, entre ellas el Servicio de Migración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) informó que los exmandatarios realizaron viajes para reunirse con líderes del cártel del Golfo. Refiere además que la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (Siedo) ha tomado en cuenta las declaraciones de Soto Parra porque, al igual que los primeros integrantes de Los Zetas, formó parte de la escolta de Osiel y Ezequiel Cárdenas Guillén, cabezas del cártel del Golfo, y supuestamente tuvo acceso a información sobre los nexos de los exmandatarios tamaulipecos con el narco. Sin embargo, según las fuentes, la indagatoria se encuentra en fase de integración y tras dos años, no se han podido confirmar la existencia de esos viajes, supuestamente realizados por Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y algunos de sus familiares. Aun así, el pasado lunes 30, la SIEDO emitió una alerta --CGA/595/2012—para registrar las entradas y salidas de los exmandatarios y 46 personas más, entre familiares, empresarios y funcionarios tamaulipecos. Soto Parra fue detenido en el Distrito Federal en enero de 2009 y de acuerdo a la averiguación previa que se le inició --PGR/SIEDO/UEIDCS/011/2009—se le imputaron cargos por delincuencia organizada y delitos contra la salud. No obstante, según las fuentes citadas por La Jornada, sus cargos fueron reducidos para que colaborara con las autoridades mexicanas y luego se convirtió en testigo de agencias estadunidenses para el proceso penal en contra de Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo de 1998 a 2007. Luego de ser extraditado a Estados Unidos, Cárdenas Guillén, fue sentenciado a 25 años de prisión y al pago de una multa por 50 millones de dólares por narcotráfico. Las declaraciones de Soto Parra dieron pie al inicio de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, por la que ahora se investiga a los tres exgobernadores por delitos contra la salud, enriquecimiento ilícito y por probables operaciones con recursos de procedencia ilícita. A partir de esa indagatoria, se iniciaron otras tres. La primera de ellas data de 2007 y fue iniciada en Matamoros, Tamaulipas, por la presunta relación de funcionarios de la entidad con actividades para favorecer las operaciones del cártel del Golfo, en el envío de cocaína y mariguana a Estados Unidos. Otra indagatoria está relacionada con la muerte del excandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de esa entidad, Rodolfo Torre Cantú, ocurrida en junio de 2010 en Ciudad Victoria. Entre los vínculos que investiga la Subprocuraduría (SIEDO) contra los exmandatarios priistas, destaca el hecho de que durante su gestión, Manuel Cavazos Lerma, actual aspirante del PRI al Senado de la República, designó en 1993 a Raúl Morales Cadena como subprocurador. Morales Cadena es hijo del litigante Raúl Morales, quien se desempeñara como abogado de Juan Nepomuceno Guerra, tío de Juan García Abrego, uno de los presuntos fundadores del cártel del Golfo. Morales Cadena duró un año en el puesto y nunca se le formularon cargos.