MÉXICO, D.F. (apro).- El excanciller mexicano, Jorge Castañeda Gutman, aclaró hoy que es falso que el gobierno calderonista haya cumplido a cabalidad con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en relación con las reformas legales necesarias para garantizar los derechos políticos electorales de los ciudadanos. En entrevista con Carmen Aristegui, en MVS Noticias, el analista político acusó a la actual administración de actuar de manera “esquizofrénica”. Consideró que si el Estado mexicano hubiera cumplido con la sentencia emitida en agosto de 2008, la CoIDH no habría convocado a una reunión con el gobierno y él, como parte afectada. Dicha sentencia obligaba al Estado mexicano a dar protección judicial a los ciudadanos que querían ejercer o saber si era constitucional la prohibición del derecho a ser votado en México sin ser presentado por un partido político. Castañeda demandó al gobierno mexicano luego que no pudo registrarse como candidato independiente a la Presidencia de la República en las elecciones de 2006, ya que la ley federal electoral sólo permite registrar a candidatos postulados por un partido político. La CoIDH consideró que México tiene derecho a decidir si permite o no las candidaturas independientes, pero le dio la razón al excanciller en su reclamo por la ausencia de recursos legales para cuestionar la Constitucionalidad de los requisitos de elegibilidad. Castañeda comentó que en la sesión de ayer con la CoIDH argumentó que el gobierno no ha cumplido con esa sentencia por que “los dos artículos que nosotros impugnamos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el artículo 10 y el 80, no han sido derogados”. Explicó que la sentencia de la Corte de hace cuatro años, señalaba que esos artículos tenían que derogarse por lo que “en tanto no se deroguen no han cumplido con la sentencia, eso es lo que sostenemos nosotros”, dijo en la entrevista con Aristegui. Comentó que el propio presidente de la CoIDH, el peruano Diego García Sayán dijo a la delegación del Estado mexicano: “’bueno si ustedes han cambiado tantas leyes en esta materia en los últimos cinco años ¿por qué no han cambiado estos dos artículos?, ¿qué les cuesta cambiarlos? “Y la delegación mexicana balbuceó ‘¿‘pus es que ya pa’qué?’ Esa fue la respuesta”, fustigó. Además, cuestionó que durante la sesión convocada por la CoIDH, estuvieran tres funcionarios del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pues “hasta donde yo entendía ellos se tienen que dedicar a otra cosa, no son parte del ejecutivo”. --Pero son parte del Estado mexicano—reviró la periodista. “Es bastante discutible que ellos puedan acudir a audiencias de este tipo sin un permiso especial, que no traían, y de todas maneras puede ser violatorio de la Constitución y de la Ley Orgánica del Tribunal”, dijo, además que es “bastante discutible que estén paseándose porque además ni intervinieron”. En respuesta a los argumentos del gobierno mexicano en el sentido de que se han promulgado leyes y reformas constitucionales como las que se hicieron en materia electoral en 2007 y 2008 que tácitamente pudieran haber derogado esos artículos, afirmó que “no nos sirve de nada”. La razón es que, dijo, mientras los artículos no sean derogados, habrá jueces que interpreten la nueva legislación de una manera y otros jueces lo harán de otra. Además sostuvo que la respuesta del gobierno es contradictoria porque las reformas electorales del 2007 y la secundaria de 2008, fueron previas a la sentencia. “Entonces en realidad le están diciendo a la Corte ‘ustedes son una bola de inútiles porque ni se dieron cuenta de que antes de su sentencia nosotros ya habíamos cambiado todo esto’”, subrayó. Señaló que sería grave que la CoIDH no se hubiera dado cuenta de ello, sobre todo porque el expresidente de ese tribunal, Sergio García Ramírez es Consejero del IFE. “Él les puede decir que las dos reformas electorales son previas a la sentencia por eso es que la Corte no está convencida de que hayan cumplido, si estuviera convencida pues ya no hubiera convocado a la audiencia y ya hubiera dicho el estado mexicano cumplió y ya”, sentenció Castañeda. Comparó su caso con el de Rosendo Radilla Pacheco, víctima de la guerra sucia, en el que también se considera que el gobierno mexicano no ha cumplido con la sentencia de la CoIDH porque si bien se envió una iniciativa que establece el fuero civil en lugar del fuero militar “sin derogar el artículo del código militar y sobre todo sin plantearlo para ejecuciones extrajudiciales, es una iniciativa de ley que representa un incumplimiento”. El excanciller mexicano sostuvo que el fondo de su caso es el mismo que el del fuero militar: que “el Estado alega que ya con lo que ha hecho es suficiente porque ya se puede juzgar a militares por violaciones a los derechos humanos en tribunales civiles y es cierto, sí, ya se puede, pero eso está sujeto a la decisión del procurador Militar. “Depende del criterio de un juez o del Procurador Militar, depende de lo que él decida. En mi caso depende de lo que los jueces decidan”, aseguró. En su caso, dijo, dependerá de cómo interprete un juez el principio propersona, o el de la convencionalidad, porque si bien es cierto que a partir de la reforma del año pasado en México los jueces tienen que aplicar los tratados internacionales de derechos humanos, en cada juicio, dependerá de cómo los apliquen. “Si los artículos que antes impedían la protección judicial de los ciudadanos no están derogados pueden interpretarlo de un modo o de otro. Eso es lo que está en juego”, detalló. Como lo dijo ayer después de la sesión en la CoIDH, insistió en que el gobierno del presidente Felipe Calderón cae en la “litigomanía” pues “todo lo pelean, para ver de lo perdido lo que aparezca”. También lo tildó de “esquizofrénico” porque hace cuatro años en una audiencia que tuvo lugar en el pleno de la Corte el gobierno mexicano a través del consejero jurídico de la presidencia, Miguel Alessio Robles y el subsecretario de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales alegó que las candidaturas independientes eran contrarias y dañinas para el sistema de partidos mexicano “es una tesis, en mi opinión, absurda pero en fin una tesis”. Sin embargo, agregó, dos años después, el mismo gobierno, envió una iniciativa de reforma constitucional a l Congreso permitiendo las candidaturas independientes, por fin ¿son dañinas o al sistema de partidos o no?”, cuestionó.