MÉXICO, D.F. (apro).- La Organización de Naciones Unidas (ONU) demandó al gobierno de Felipe Calderón “la libertad inmediata” de Israel Arzate Meléndez, al confirmar que fue torturado por militares para que se inculpara por la matanza de Villas de Salvárcar, en Juárez, Chihuahua, ocurrida en enero de 2010. A través del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, la ONU emitió la opinión 67/2011 relativa al caso, que turnó para su difusión a los centros de derechos humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Juárez de Apoyo a Migrantes y Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, defensores del preso. Arzate Meléndez está acusado de ser uno de los cinco responsables de la masacre de 15 jóvenes y haber lesionado a otros 10 en esos hechos, y “no ha gozado de juicio justo”, se advierte en el documento de la ONU, del que Apro tiene copia. El Grupo de Trabajo pidió al gobierno mexicano la “libertad inmediata” de Israel Arzate; además, que se investiguen de forma imparcial y exhaustiva las acusaciones de tortura, y se le conceda “una reparación completa y adecuada por los daños y perjuicios sufridos”. Asimismo, se sumó a los señalamientos de otras agencias de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que se derogue el arraigo. También, que se “suprima la facultad otorgada a las fuerzas armadas de participar en la investigación y persecución de hechos delictuosos, y prohíba que practiquen aprehensiones, arrestos y detenciones de civiles, pues no tienen ni deben tener funciones policiales”. Jacqueline Sáenz Andujo, coordinadora del área de defensa del Centro Prodh, denunció en rueda de prensa “el incumplimiento del Estado mexicano a resoluciones de instancias internacionales reconocidas por México, y no es la primera vez que ante situaciones parecidas pida prórrogas para no ser exhibido; en el caso concreto de Israel Arzate, el Grupo de Trabajo dio cuenta de que fue víctima de violaciones a sus derechos humanos, al debido proceso, de detención arbitraria, tortura, y a su integridad”, señaló. Resaltó que la resolución fue del conocimiento de la Procuraduría General de la República (PGR), las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, “que abrió un procedimiento administrativo” y, por supuesto, del gobierno de Chihuahua. “El gobierno mexicano ya no puede seguir eludiendo la Constitución, los tratados internacionales y la ley; en todos los foros internacionales, donde se cuestiona la situación de derechos humanos en México, funcionarios del gobierno mexicano presumen la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que obliga a todas las autoridades a respetar los tratados internacionales, pues es momento de que lo demuestren liberando a Israel”, puntualizó la abogada. Arzate Meléndez fue detenido el 3 de febrero de 2010 por militares cuando se trasladaba de su trabajo a su domicilio; luego fue torturado varias veces en instalaciones del 20º Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército. Asimismo, fue obligado a declararse culpable de la masacre bajo la amenaza de que se violaría y asesinaría a su esposa; además, se le achacó el robo de una camioneta. Ante Anabel Chumacero Corral, la jueza de garantías, Arzate Meléndez denunció la tortura a que fue sometido para aceptar su responsabilidad en el multihomicidio, pero la juzgadora no atendió su reclamo, pretextando que la queja “no era de su competencia”. Por el robo del vehículo se le inició el proceso sin que él estuviera presente en el juzgado de garantías para defenderse, además de que, en un principio, el Ministerio Público se había desistido de la acusación, al no encontrar pruebas que lo incriminaran con ese delito. No obstante, el agente del MP volvió a formularle cargos, situación aceptada de forma irregular por el juzgado. Mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 49/2011, en la que se confirma, con base en el Protocolo de Estambul, que Arzate fue torturado en instalaciones militares. Por su parte, Arzate interpuso tres amparos contra las resoluciones de vinculación de los procesos por homicidio y robo de vehículo, así como por el tiempo excesivo de permanencia en prisión preventiva, toda vez que el MP debió sostener sus acusaciones en un plazo máximo de cuatro meses después de la detención. “Después de un año de permanecer en prisión preventiva, y no aportar un solo elemento a la investigación, el Ministerio Público solicitó un arraigo domiciliario, pero en la Academia de Policía, donde lleva recluido un año”, aclaró Simón Hernández, abogado del Centro Prodh. Los juicios de amparo están en revisión, toda vez que fueron negados “sin explicación alguna, y todo indica que su reclusión es por motivos políticos; pareciera que hay consigna de que Israel siga preso, es quien está pagando por la masacre que sigue impune”, agregó Jacqueline Sáenz Andujo. El director del Centro Prodh, José Rosario Marroquín, apuntó que pese a que en Chihuahua está vigente desde años atrás el sistema penal acusatorio, que pretende ser más garantista y respetuoso de los derechos humanos, “el caso de Israel demuestra que se están reproduciendo los vicios del sistema anterior, dando valor probatorio a las confesiones bajo tortura ante la ineficiencia de instancias de procuración de justicia”. Luego de recordar que 98% de los delitos permanecen en la impunidad, el hecho “demuestra que las instancias de procuración de justicia no están funcionando, la actuación arbitraria se agrava cuando desde los altos círculos políticos se pretende presentarnos soluciones ante hechos que nos han estremecido, se nos presenta a presuntos culpables, se fabrican culpables como responsables de la violencia para cubrir la ineficiencia de la investigación y quitar presión social”. Los anteriores elementos fueron tomados en cuenta por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, de ahí que en su resolución condenara el arraigo, “considerado arbitrario y contrario a normas internacionales de derechos humanos”. Además, reprobara la detención injusta de Arzate y más aún deplorara que permanezcan en la impunidad “las masacres alegadas y de la que se ha acusado a Israel Arzate Meléndez”. En la conferencia de prensa, Jorge Gaytán, del Centro Juárez de Apoyo a Migrantes, describió un panorama de terror para los habitantes de esa ciudad de Chihuahua, sobre todo los jóvenes, quienes son víctimas potenciales de militares, policías federales, ministeriales y municipales encabezados por Julián Leyzaola, secretario local de Seguridad Pública. Gaytán señaló que el único método para inculpar de cualquier delito a los habitantes de la ciudad mexicana más lastimada por la guerra contra el narcotráfico, es la tortura. “Ha llegado a niveles tan grotescos que, tras presentar a personas, sobre todo jóvenes, con señas clara de tortura, los jueces terminan liberando a varios de ellos, pero sin hacer ningún pronunciamiento por la tortura, simplemente declaran que no hay pruebas suficientes, y los torturadores no son castigados”, acusó. Guadalupe Meléndez, madre de Israel, destacó que su hijo sufre aún secuelas por las torturas, entre ellas la incapacidad de conciliar el sueño. “Tiene muchas pesadillas, que hombres encapuchados lo sacan de su celda y lo golpean, revive las torturas, y en su cuerpo tiene las marcas en la espalda y el pecho de los toques eléctricos”, narró. Sobre la reclusión de Israel, Guadalupe Meléndez se queja de que está “peor que preso, pues no puede ver la luz del sol, no trabaja, no tiene ninguna actividad, no puede hablar por teléfono y la comida es muy mala”. También contó que ella se daría “por bien servida” si sólo se libera a su hijo. No pide reparación de daños ni indemnización alguna, pues “con el gobierno no quiero tratos”.