En tiempos de Felipe Calderón el periodismo se ha convertido en un oficio de muerte. No para todos. Hay quienes intercambian silencio o complicidad por seguridad. Otros, muchos, optan por no tomar riesgos. Regina Martínez, asesinada atrozmente la madrugada del sábado 28 en su casa de Xalapa, Veracruz, formaba en las filas de los periodistas que incomodan al poder. A nuestra querida compañera la mataron, en conjunción, la mente asesina que urdió el crimen y la mano presta que lo ejecutó. Pero la privó de la vida también la descomposición que invade como cáncer el organismo nacional y, en este caso particular, el estado de Veracruz, donde crímenes semejantes se repiten en medio de la impunidad. A Regina la mató de igual forma el clima de hostilidad manifiesta en el que desempeñaba su trabajo como corresponsal de Proceso. Lastimados e indignados, el domingo 29 acudimos a la sede del Poder Ejecutivo de Veracruz  y fuimos recibidos por el gobernador y sus colaboradores. Pocos minutos duró el encuentro. Julio Scherer García atajó la retórica vacua de Javier Duarte: Es inútil, señor gobernador, no le creemos… XALAPA, VER.- Ante la tragedia, el derroche, la ostentación del poder. La retórica por delante del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública y el espacioso aparato tipo Bell en que él mismo se traslada, camionetas Van blindadas, una sala de juntas en el hotel Crown Plaza local…, todo a disposición de Proceso. Hacia el mediodía del domingo 29 de abril, en la Casa de Gobierno de esta ciudad el ambiente era abrumador. Más que dar confianza, apantallaba con el peso del aparato gubernamental y el uso de los recursos públicos. En la mesa de la sala de recepción, desplegada en forma ostensible, la reciente edición especial de Proceso dedicada a Los Zetas. Ese día, a la residencia oficial que Duarte amplió el año pasado, comprando casas vecinas, había llegado un nutrido grupo de funcionarios de seguridad y justicia encabezado por el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa. Estaba también un fiscal que lo mismo atiende delitos electorales que “denuncias contra periodistas y/o comunicadores”. Duarte los sentó a su izquierda en una larga mesa de juntas. A su derecha, el fundador de Proceso, Julio Scherer García, el director Rafael Rodríguez Castañeda, el subdirector Salvador Corro, el fotógrafo Germán Canseco y este reportero. Erguido, cuidadoso de que no se le arrugara su guayabera blanca, el gobernador comenzó a “lamentar el doloroso asesinato” de Regina Martínez Pérez, la corresponsal de la revista en Veracruz, muerta por estrangulamiento la madrugada del día anterior. Consabidas las frases: “Tengan ustedes la seguridad de que llegaremos hasta las últimas consecuencias”, “destacada periodista”, “prestigiado medio que usted dirige”… Sólo dio una información: la solicitud que hizo a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que junto con Proceso coadyuvaran en la investigación. Una “comisión interinstitucional” la llama, y promete transparencia. Luego pide a sus funcionarios convocados que enlisten sus actuaciones desde que se conoció el asesinato, la tarde del sábado 28 de abril. Después de las explicaciones técnicas, Duarte vuelve a hablar. Lo interrumpe Julio Scherer. Sus palabras, le dice,  son “retórica ritual”. “Lo que usted nos está diciendo y lo que acabamos de escuchar no es más que la superficie. No hay explicación alguna de las aguas profundas en las que ocurrió el asesinato de nuestra reportera”. Un silencio espeso en la sala de juntas. Quizás, la respiración entrecortada del gobernador. Continúa el también presidente del Consejo de Administración de la revista: “La muerte de Regina Martínez es producto de la descomposición del estado y del país. Queremos saber qué es lo que hay debajo de esa superficie. Aunque en suma, señor gobernador, no les creemos”. Por segundos nadie habló. Ante el silencio del gobernador y sus colaboradores, Rodríguez Castañeda les dijo que en Veracruz ha existido un “ambiente de hostilidad” hacia la revista. Le mencionó la frecuente desaparición de ejemplares cuando contienen información sobre seguridad en el estado. La más reciente, apenas el 8 de abril pasado, cuando se publicó información sobre dos de los candidatos a diputados federales por el PRI bajo el título “Dos regresos peligrosos” (Proceso 1849). Duarte siguió sin decir nada. En el silencio quedó implícita también la incautación de los ejemplares de la edición 1821 en septiembre de 2011, cuando se daba cuenta del violento reacomodo de los grupos de delincuencia organizada desde su llegada al gobierno en diciembre de 2010 y cuya primera expresión fueron los 35 cuerpos arrojados a una vía rápida, al lado del Centro Comercial Plaza de las Américas, en Boca del Río. También fue “desaparecida” la edición 1736, del 7 de febrero de 2010, sobre las actividades en el estado de la organización delictiva que se conoció como La Compañía durante el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, que acabó en diciembre de 2010. (Extracto del texto principal que se publica esta semana en la revista Proceso 1853, ya en circulación)