MÉXICO, D.F. (apro).- El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, anunció que el gobierno federal busca comenzar de nuevo el proceso de diseño de una Ley de Víctimas. Según el funcionario federal, la ley que durante nueve meses diseñaron expertos de la UNAM, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y del Movimiento por la Paz, de la mano con legisladores, y que fue aprobada por el Congreso de la Unión, sólo generará víctimas “frustradas”. Poiré comparó a la ley actual como un “caldo de pollo sin pollo”. “Ahora lo que tenemos que hacer es definir cómo queremos que esté nuestra Ley de Víctimas. Cuando lleguemos a un acuerdo no solamente del contenido, sino del formato para procesar ese nuevo instrumento, se hará público, pero lo fundamental es contar con el instrumento, no puede haber caldo de pollo si no hay pollo. Tenemos que construir el instrumento y estar de acuerdo en el contenido, y  después de eso vemos el procedimiento para lograrlo”, dijo en conferencia. El funcionario anunció que la dependencia que encabeza ya trabaja con legisladores y representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil –a quienes no identificó– para construir un instrumento que evite el “viacrucis burocrático” a las víctimas, cuyo estatus sea reconocido por gobiernos municipales, estatales y el federal. En el acto fue cuestionado por la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida si el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y los legisladores tienen derecho de exigir que se publique, por considerar extemporáneas las observaciones de la Presidencia sobre la ley, o si el gobierno federal actuó conforme a derecho al presentar sus observaciones el 1 de julio. Sobre esto señaló que el gobierno federal acatará la decisión de la Suprema Corte pero aclaró que mientras se define, se requiere lograr un “acuerdo político” respecto al contenido de la Ley General de Víctimas y un rediseño. En la conferencia, el funcionario insistió en la postura del Ejecutivo que señala que, así como fue aprobada, la ley no es admisible porque no aclara las responsabilidades de los gobiernos estatales y municipales hacia las víctimas. Para el movimiento de víctimas, liderado por el poeta Javier Sicilia, en cambio, el Ejecutivo pretende “reventar” esa ley que ya había sido aprobada para no saldar la deuda del Estado hacia las víctimas. “Tenemos que sentarnos y diseñar una ley de víctimas que atienda el propósito que todos tenemos, que es darle esa protección, ese respaldo, ese apoyo a las víctimas; pero garantizar que sea cierto que va a evitar una revictimización de las personas, que los haríamos pasar por un viacrucis burocrático y que no tendrían la certeza de que las autoridades de su estado o de su municipio, que son los que tienen la responsabilidad fundamental, por los delitos del fuero común, los atiendan”, dijo. “Imagínense si eso no va a generar más frustración, más indignación y más angustia de parte de las víctimas que dicen: ‘Ya pasó la ley, ya está publicada’; ‘Pues sí, ¿pero qué crees? Que quien te iba a dar la beca, quien te iba a dar el apoyo psicológico, quien te iba a resarcir el daño, dice que la ley no le aplica’.”