OAXACA, Oax. (apro).- El pueblo huave en resistencia contra el megaproyecto eólico, en su declaración de San Dionisio del Mar, advierte que su territorio no es una mercancía que se pueda vender, rentar o privatizar. También adelanta que en los próximos días realizará movilizaciones y acciones de denuncia y de presión en contra del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de empresas trasnacionales por promover proyectos que significan despojo y la muerte para los pueblos indígenas. Asimismo, realizará acciones de protesta en la Unión Europea (UE) en contra de los inversionistas holandeses por dañar el patrimonio territorial y cultural de la nación Ikojts de San Dionisio del Mar. Con las consignas de “¡No al megaproyecto eólico que afecta a los pueblos Ikojts!”; “Fuera trasnacionales de México y del Istmo de Tehuantepec”; “Alto a la represión de los movimientos sociales”, y “Fin a los abusos de la CFE”, concluyó el encuentro nacional de pueblos originarios, cooperativas, organizaciones, colectivos de jóvenes, radios comunitarias, ambientalistas y defensores de derechos humanos que se realizó en San Dionisio del Mar. Los participantes destacaron que “las políticas del mal gobierno buscan convertir en mercancía nuestro patrimonio natural y cultural, amenazando nuestra vida y supervivencia mediante proyectos de ‘desarrollo’ impuestos, como el Plan Puebla-Panamá, rebautizado como el Proyecto Mesoamérica”. Es el caso, denunciaron, “de las concesiones para la explotación de minas y autorizaciones para construcciones de represas, supercarreteras, parques eólicos, plantaciones forestales y otros proyectos de despojo y muerte que sólo benefician a las empresas trasnacionales”. Destacaron que “estas políticas y proyectos de inversión global se han venido imponiendo, violando nuestro derecho legítimo a la consulta previa, libre e informada, el cual es reconocido por instrumentos legales internacionales suscritos y no cumplidos por el gobierno mexicano”. Pese a que los pueblos originarios tienen una relación espiritual con sus tierras, territorios, mares y recursos naturales, el gobierno federal, estatal y municipal, en abierta complicidad, han otorgado concesiones, permisos y autorizaciones que “agilizan el proceso de despojo y muerte”. Luego resaltaron que “México atraviesa por una profunda crisis social, política y económica provocada en buena medida por políticas devastadoras, mismas que han ocasionado una serie de graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indios del país”. Para ello, mencionaron, los gobiernos se han valido de “la compra de voluntades, amenazas, agresiones, engaños y corrupción, situación que ha generado un profundo conflicto interno en los pueblos ikojts” como el divisionismo y confrontaciones entre comunidades. Detallaron que el megaproyecto eólico San Dionisio, impulsado por consorcio Mareña Renovables, el cual integran el fondo de infraestructura Macquarie México, Fondos Nacionales para la Infraestructura (Fonadin), PGGM, Fondo de Pensión Holandés y Mitsubishi, sólo ha traído enfrentamientos entre los pueblos. Hicieron hincapié en que este proyecto, que significa despojo y destrucción de recursos naturales, “ha contado con la abierta complicidad del gobierno federal que encabeza Felipe Calderón, del gobierno estatal de Gabino Cué y del alcalde Miguel López Castellanos, así como del comisariado de bienes comunales; estos dos últimos manipulados por caciques priistas y financiados por las empresas extranjeras. “Al hostigamiento, amenazas y persecución judicial en contra de los defensores de la isla de San Dionisio del Mar se han sumado las agresiones directas que los caciques priistas, quienes con financiamiento de las trasnacionales están integrando un cuerpo de golpeadores para romper la resistencia al megaproyecto”. También advirtieron que “en la isla de San Dionisio y en la Barra de Santa Teresa (Tileme) se encuentran los lugares sagrados de nuestro pueblo, los cuales serán destruidos y profanados; y cientos de hectáreas de manglar blanco y rojo serán devastadas de imponerse este megaproyecto”. Hasta ahora, agregaron, el megaproyecto eolo-eléctrico que se está imponiendo en el Istmo de Tehuantepec no ha generado beneficios a las comunidades, por el contrario, ha provocado contaminación de cuerpos de agua, destrucción de manglares, despojo y saqueo de los recursos naturales y pérdida de capacidad productiva. “Ni siquiera las comunidades afectadas por los 14 parques eólicos se han beneficiado con tarifas preferenciales de consumo eléctrico, y esto nos lleva a preguntarnos a quién sirven esos megaproyectos. La respuesta es obvia: a las grandes empresas trasnacionales como Cemex, Walmart, Nestlé, Iberdrola, FEMSA-Coca Cola, Bimbo, Préñela y Vestas”. Finalmente, demandaron a los directivos del BID, a las empresas inversionistas, así como al gobierno federal y estatal, la cancelación inmediata del megaproyecto.