TINUM, Yuc., (apro).- Luego de varias semanas, el conflicto entre empresarios de la comisaría de Pisté, donde se asienta la zona arqueológica de Chichén Itzá, y la alcaldesa de Tinum, Natalia Mis Mex, sobre quien pesa una demanda de juicio político, comenzó a dar visos de solución. Luego de dialogar por separado con legisladores locales, los inconformes accedieron a entregar los edificios públicos que tenían en su poder, mientras que la alcaldesa se comprometió a garantizar la seguridad de los empresarios. De acuerdo con los empresarios hoteleros, restaurantes y comerciantes de Pisté, el problema estalló porque la edil panista elevó a 100 mil pesos el costo del impuesto predial y de las licencias de funcionamiento, por las que antes pagaban 7 mil pesos, causando con ello la quiebra de varios establecimientos con las consecuentes pérdidas de empleos. Por ello, interpusieron una demanda de juicio político en contra de la alcaldesa ante el Congreso del estado. Además, con apoyo de algunos pobladores secuestraron las sedes del ayuntamiento en Tinum, municipio al que pertenece la comisaría de Pisté. En respuesta, la edil, que se declaró objeto de una venganza política de los priistas, y el PAN acusó al gobierno estatal de ser el artífice del conflicto que durante varias semanas ha mantenido al gobierno municipal despachando en las calles de la cabecera municipal; y exigió al gobernador Rolando Zapata Bello solucionar el problema. Debido a este conflicto, el municipio de Tinum es el que único que no se sumó al convenio que el gobierno del estado firmó con los ayuntamientos para constituir la figura del mando único policial. Al entrar en funciones ayer, la comisión mediadora que integró el Congreso logró los primeros acuerdos con las partes para solucionar el conflicto. En reuniones separadas, los legisladores dialogaron primero con la alcaldesa de Tinum, quien acordó garantizar plena seguridad a los comerciantes del municipio para que, según lo establecido por las leyes fiscales y hacendarias, se paguen debidamente los impuestos y derechos correspondientes con el objeto de que se pongan en funcionamiento los establecimientos comerciales de manera inmediata. También acordó solicitar la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado con el objeto de apoyar y reforzar la seguridad pública en Tinum, y así asegurar la convivencia pacífica entre los habitantes del Municipio. Además se comprometió a dar cumplimiento a los acuerdos citados en un plazo no mayor a tres días, contados a partir de terminada la mesa de trabajo. Posteriormente se instaló la mesa de trabajo con los empresarios, en la que se llegó al acuerdo de que será con la mediación de los mismos, que se busque la conciliación para que en el menor tiempo posible se puedan liberar los edificios públicos. Es importante aclarar que esta serie de acuerdos por ambas partes son independientes a la solicitud de juicio político que actualmente se encuentra en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, en el Congreso del estado. Anoche los diputados que integran la comisión especial de legisladores, acompañados por el notario público número 86, Antonio Pasos Canto, se trasladaron a Tinum y después de negociar con los pobladores que tenían retenidas las sedes del ayuntamiento éstos accedieron a entregarlas. Los diputados y el notario entraron a las instalaciones del edificio para verificar las condiciones en las que está y posteriormente lo dejaron en custodia a la policía estatal en tanto las autoridades municipales regresan a laborar de manera normal. “Podemos constatar que los acuerdos alcanzados por las partes involucradas se empiezan a cumplir y para prueba, la liberación de este edificio público”, declaró el diputado Gonzalo Escalante Alcocer, quien encabeza la comisión. Recordó que el objetivo de la comisión es mediar entre las partes y buscar acercar las posiciones para dar los primeros pasos en la resolución de los problemas que están afectando a la población de Tinum. Por otra parte, la autoridad municipal de Tinum entregó un oficio donde, a petición de la alcaldesa, se formaliza la solicitud para contar con la presencia de la policía estatal como encargada de la seguridad en todo el municipio. No obstante, el presidente de la Junta Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, Luis Hevia Jiménez, aclaró que la demanda de juicio político seguirá su curso.