MÉXICO, D.F. (proceso).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) llevará el caso de la tragedia en la discoteca New’s Divine ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En conferencia de prensa, el ombudsman capitalino, Luis González Plascencia, dio a conocer que ante la inconformidad de los padres de los nueve jóvenes que fallecieron durante el operativo policiaco de junio de 2008, la CDHDF decidió acompañarlos con el proceso ante la CIDH una vez que se agoten los procedimientos judiciales en México. La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) emitió 19 sentencias contra 25 servidores públicos por la tragedia del New’s Divine. A dos, los condenó a 24 años de prisión; a siete más, a 19 y al resto, a cinco años. Asimismo, absolvió a 11 altos funcionarios. Las condenas mayores fueron para mandos de jerarquía menor dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y el resto fueron policías rasos, y agentes del Ministerio Público. Los padres de las víctimas se inconformaron porque ningún mando superior fue sentenciado. “Las sentencias dejaron en el ambiente una sensación de impunidad y una sensación de que los responsables más importantes de estos hechos no han sido debidamente sancionados; es derecho de las señoras y señores buscar otros caminos para hacerse justicia y nos han solicitado ese acompañamiento”, dijo González Plascencia. Agregó que la CDHDF someterá a revisión el expediente en lo referente a la falta de castigo a los mandos superiores, que “no fue una decisión judicial, sino que fue una decisión de la Procuraduría no llevar a juicio a estas personas”, por lo que tendrá que analizarse “si se han agotado las instancias nacionales, si todavía se puede hacer algo aquí dentro del país y, en su caso, si estamos a tiempo para poder hacerlo a nivel internacional”. Reconoció que antes de recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, todavía queda un camino largo por recorrer, toda vez que algunos de los procesados han recurrido a los amparos, como es el caso de Guillermo Zayas, quien fuera responsable directo del operativo. “Desafortunadamente es un caso que puede llevarse todavía muchísimo tiempo; de hecho, aquí mismo, porque las sentencias que se dictaron la semana pasada serán apeladas, entonces eso significa que irán al pleno (del TSJ-DF), después podrían ir a instancias federales, entonces es un camino largo todavía el que queda por recorrer”, apuntó Acompañado de Claudia Cruz, del Instituto de Acción Ciudadana para la Democracia y la Justicia; y de Armando Barrera, abogado de Cauce Ciudadano, González Plascencia narró que en una reciente reunión que tuvieron los familiares, la CDHDF con el procurador Rodolfo Ríos Garza, el funcionario se comprometió a revisar la indagatoria con vistas a que se lleve a juicio a quienes fungieron como  mandos superiores en los acontecimientos del 21 de junio de 2008. “El compromiso del procurador fue que, de aparecer hechos nuevos, naturalmente habría lugar a nuevas averiguaciones (…) la decisión (de la CDHDF) de acompañar a las familias a las instancias internacionales tiene que ver con la posibilidad de revisar lo que se actuó en su momento y que derivó en una absolución”, explicó. Durante dicha reunión, añadió González Plascencia, la organización Cauce Ciudadano manifestó su preocupación porque “se estuviera victimizando a quienes obedecían órdenes y que se estuviera dejando impune a quienes era los responsables de dar las órdenes”. Recordó que en la recomendación la CDHDF “señaló la responsabilidad política” de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia y de la delegación Gustavo A. Madero, Joel Ortega, Rodolfo Félix Cárdenas y Francisco Chiguil, respectivamente. Si bien en la misma recomendación la CDHDF solicitó que se iniciaran responsabilidades penales y administrativas contra esos funcionarios públicos, la PGJDF inició las averiguaciones previas pero “no se encontraron elementos para establecer esa responsabilidad en ese momento”.