Aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende hacer creer que los mecanismos para la asignación de publicidad gubernamental se rigen por criterios de transparencia y equidad, el Acuerdo 2013 en esta materia reproduce los mismos vicios que el plan predecesor, sólo que con distinta envoltura. En el nuevo instrumento perduran los mecanismos que llevaron al director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, a interponer una queja ante la CNDH por considerar que el gobierno asigna arbitrariamente la publicidad de sus dependencias. Si bien la Secretaría de Gobernación aceptó la recomendación emitida por el ómbudsman, hasta ahora no la ha cumplido. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Lejos de cumplir su promesa de generar una ley y crear un órgano autónomo y ciudadano para asignar la publicidad oficial, el gobierno de Enrique Peña Nieto emitió un acuerdo con fuerza reglamentaria mediante el cual concentra en la Secretaría de Gobernación (Segob) y en la Oficina de la Presidencia de la República el poder para autorizar o rechazar los planes publicitarios de las dependencias y entidades federales. Utilizado históricamente como un instrumento de control para premiar o sancionar la línea editorial de los medios de comunicación, el procedimiento no prevé una supervisión a la Segob, que tendrá un poder irrestricto en la materia, pues si bien la responsabilidad para contratar publicidad corresponde a las dependencias y entidades federales, no podrán hacerlo sin la venia de su Dirección General de Normatividad de Comunicación (DGNC). Lo anterior puede apreciarse en el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2013” (Acuerdo 2013) publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 30 de julio. Ese acuerdo constituye el único instrumento para regular la contratación de publicidad gubernamental. Hasta ahora el gobierno federal no ha presentado ninguna iniciativa de ley en ese sentido. Aunque debió publicarse a finales de diciembre pasado, el Acuerdo 2013 se postergó más de un semestre. Los tiempos establecidos por la Recomendación 35/2012 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –aceptada por la Segob en agosto de 2012– indican que la elaboración de ese acuerdo debió realizarse durante los últimos meses del gobierno de Felipe Calderón. Esta recomendación fue resultado de una queja, interpuesta desde 2009 por el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda. Para resolverla la CNDH demoró más de tres años, y a un año de emitida la recomendación la Quinta Visitaduría la tiene por “aceptada, sin pruebas de cumplimiento”. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1918 de la revista Proceso, actualmente en circulación.