COLIMA, Col. (apro).- Un mes después de haber defendido los “buenos resultados” de los detectores moleculares ADE-651 para descubrir armamento y drogas, el gobernador Mario Anguiano Moreno rectificó hoy su postura y anunció que su administración dejará de utilizar esos aparatos porque de acuerdo con pruebas realizadas se demostró que no funcionan. Asimismo, adelantó que su gobierno analiza la posibilidad de proceder legalmente contra los proveedores, a quienes se pagaron dos millones de pesos por cuatro dispositivos: un millón 200 mil durante el periodo gubernamental de Silverio Cavazos Ceballos y 800 mil en la actual administración. En declaraciones periodísticas realizadas el 23 de julio anterior, Anguiano Moreno dijo que los detectores habían sido adquiridos siguiendo un plan previamente establecido y de acuerdo con una estrategia integral, que según los reportes emitidos por las áreas operativas hasta ese momento habían dado buenos resultados. Tras rechazar las propuestas entonces del PRD y del PVEM de suspender el uso de esos equipos, el gobernador señaló: “Los detectores moleculares seguirán utilizándose en materia de seguridad mientras esos equipos no estén provocando alguna acción que dañe a la sociedad. Yo les digo: los vamos a seguir utilizando en la investigación policiaca”. Después de una serie de críticas recibidas de varios sectores y de una invitación pública a probar el funcionamiento de los detectores que le formuló el científico de la UNAM Luis Mochán, quien junto con el investigador Alejandro Ramírez demostró la nulidad de los aparatos, Anguiano Moreno pidió a investigadores de la Universidad de Colima realizar pruebas para verificar la eficiencia de los equipos y una de ellas tuvo como resultado 16 errores en 20 intentos. Según el jefe del Ejecutivo, una vez que se demostró que los aparatos no funcionan se dejarán de usar, por lo que la búsqueda de armas y drogas se realizará a partir de la capacidad y experiencia de los elementos de seguridad. Sin embargo, aclaró que los detectores únicamente fueron utilizados como apoyo y nunca se usaron para acusar a alguien, aunque en los eventos públicos se empleaban para tratar de ubicar explosivos. Acusados de fraude en tribunales de Inglaterra, los fabricantes lograron vender aparatos en México al gobierno federal y a 27 gobiernos estatales, entre ellos Colima, por una cifra aproximada de 450 millones de pesos, según ha trascendido en diversos medios informativos.